viernes 13, diciembre 2019

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Artículo 19, Codeando México, Fundación Ciudadanía Inteligente, Fundación Internacional Baltasar Garzón, Fundar, Mexiro A.C., #SeguridadDigital, SocialTIC, Técnicas Rudas, la Red en defensa de los derechos digitales y el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación pidieron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la creación de la Ley Nacional de Alertadores.

A través de un comunicado advirtieron que “en la legislación mexicana actual no se reconoce la figura del alertador” y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, lo señaló desde 2017. No existe un marco jurídico que “defina, reconozca y proteja a los ciudadanos o servidores públicos” mexicanos cuando revelan información y éstos pueden ser encarcelados, “especialmente si revelan información relacionada con compañías transnacionales o estatales”, mencionó.

La petición surgió después de que la SFP anunció la creación de la plataforma Alertadores contra la corrupción, un sistema de denuncia de actos graves de corrupción, violaciones a derechos humanos, hostigamiento y acoso sexual por parte de servidores públicos del país. Su función principal es recibir denuncias anónimas y proporcionar evidencias al gobierno federal sobre actos de corrupción.

Las organizaciones consideraron que la creación de la plataforma sirve como precedente para combatir los abusos de poder en la administración pública y promociona la cultura de denuncia por alertadores o informantes. Por ello, consideran que es urgente crear la “reglamentación adecuada” que proteja a los alertadores y garantice su seguridad.

Aunado a lo anterior, señalaron la importancia de que el “proceso de incidencia, co-creación de leyes y políticas públicas” debe considerar a la ciudadanía, para que ésta participe y se incorporen sus recomendaciones y observaciones en dicha ley.

Además, hicieron algunas recomendaciones para el buen funcionamiento de la plataforma, como contar con un marco normativo que garantice la confidencialidad de las fuentes. Así como “garantizar la transparencia y rendición de cuentas de todo el proceso de alertamiento” con base en auditorías independientes y con la participación de la sociedad civil.

Aseneth Hernández