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La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y la organización mundial Disability Rights International (DRI) exigieron a las autoridades federales y de Guanajuato no permitir la reapertura de los albergues Ciudad de los Niños, a cargo del sacerdote Pedro Gutiérrez, quien sigue bajo investigación por presuntos abusos cometidos contra los menores que ahí vivían.

A través de un comunicado, las organizaciones expresaron su preocupación ante las recientes declaraciones de Pedro Gutiérrez, quien –en conferencia de prensa– manifestó su interés por retomar el funcionamiento del albergue Ciudad de los Niños Salamanca, el cual ha permanecido cerrado desde hace 2 años.

Ambas asociaciones defensoras de los derechos de los niños acusaron de negligentes y cómplices a las autoridades estatales y judiciales, tras la resolución del amparo en revisión 327/2017, dicatada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal que consideró excedidas las medidas resueltas por la jueza Karla Macías Lovera, y exoneró parcialmente a Gutiérrez “por falta de elementos que acrediten las conductas de las que fue acusado”.

Asimismo, Redim y DRI explicaron que las medidas resueltas por la jueza se basaron en el interés superior de la niñez, establecido en los artículos 1 y 4 de la Constitución, protegiendo así a todos los menores del albergue, tras una denuncia anónima hecha en 2016 sobre una monja que quemó, en una estufa, las manos de una niña de 7 años por haber sustraído sin permiso una plastilina.

También recordaron que las autorizaciones sobre uso de suelo otorgadas por la presidenta municipal de Salamanca, María Beatriz Hernández Cruz, son contrarias a las directrices de Naciones Unidas sobre Cuidados Alternativos, las cuales establecen que los macro albergues son violatorios a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes por las graves afectaciones a su libertad y sano desarrollo de la personalidad.

Por último, hicieron un llamado a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para que acompañe las investigaciones de este caso y, desde su competencia, garantice el interés superior de la niñez y priorice el bienestar y desarrollo integral de más de un centenar de menores afectados.

El 11 de marzo de 2016 se abrió una carpeta de investigación, a raíz de una denuncia anónima presentada por golpes y abusos sexuales hacia los menores que vivían en esa casa hogar, así como el desvío de fondos por parte de los encargados.

Karen Ballesteros