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El reinado criminal de Joaquín Guzmán Loera en el mercado internacional de las drogas ha llegado a su fin, tras la sentencia a cadena perpetúa (y unos cuantos años más) que le fue dictada en una corte estadunidense este 17 de julio, pues resulta imposible que dirija el Cártel de Sinaloa desde la celda en la que se le confinará por el resto de sus días.

Al interior del también llamado Cártel del Pacífico, la encarnizada lucha por la sucesión inició hace tiempo, pero parece que aún no ha concluido, por lo que en las próximas semanas podría exacerbarse la violencia entre quienes aspiran a comandar esa gran organización, en disputa abierta y directa con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa –una de las más antiguas organizaciones del narcotráfico en México– aún mantiene bajo su control varias regiones, particularmente a lo largo de la costa del Pacífico. “Adicionalmente, mantiene la huella internacional más expansiva en comparación con otros cárteles: exporta y distribuye cantidades al por mayor de metanfetamina, mariguana, cocaína, heroína y fentanilo en Estados Unidos mediante el mantenimiento de centros de distribución en ciudades como Phoenix, Los Ángeles, Denver y Chicago. Sus puntos de cruce se ubican a lo largo de la frontera de México con California, Arizona, Nuevo México y el Oeste de Texas”.

El icónico Chapo Guzmán no sólo deja ese emporio criminal, sino también muchas lecciones a nuestro país: por ejemplo, la corrupción estructural al más alto nivel del gobierno que le permitió consolidar ese multimillonario negocio, pero también sobre el nivel de penetración que consiguió Estados Unidos en los tres sexenios que antecedieron al actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Y es que no sólo se trata del hecho de que el capo fue juzgado y condenado en otro país –porque México renunció a su deber de enjuiciarlo bajo sus propias leyes y encarcelarlo aquí–, sino también de todo lo que se movió en torno a la persecución de este personaje y, en términos más generales, a la supuesta lucha contra el narcotráfico.

Ese pretexto sirvió para que Estados Unidos consiguiera su tan anhelado sueño de ampliar su presencia, vía sus agentes, en territorio mexicano. Para muestra de ello basta leer la declaración que Greg Cherundolo –jefe de Operaciones de la Oficina de Aplicación Global de la Agencia Antidrogas (DEA, por su sigla en inglés)– rindió ante la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado estadunidense el pasado 9 de abril.

El funcionario indicó que “la presencia de la DEA en México representa nuestra mayor huella internacional”. Agregó que la capacidad de tener agentes especiales de la Agencia “asignados a 11 oficinas diferentes en todo México es un reflejo del nivel de cooperación que seguimos disfrutando con nuestros homólogos mexicanos”.

La DEA, aseguró Cherundolo a los senadores, apoya investigaciones bilaterales con el gobierno de México mediante el suministro de información e inteligencia, sobre todo respecto de las organizaciones criminales de carácter trasnacional, sus liderazgos, mandos y controles. Los elementos de la Agencia, indicó, operan en todo el territorio mexicano.

Además, señaló que el “ejemplo más notable del alto nivel de cooperación” entre ambos países fue la detención, en 2016, del Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa. “Ésta representó un éxito significativo tanto para Estados Unidos como para México en nuestra lucha compartida contra las organizaciones criminales de carácter trasnacional. Estados Unidos y México han establecido un fuerte y exitosa asociación de seguridad bilateral en la última década y, con ese fin, la DEA continúa trabajando con nuestros socios mexicanos para proporcionar cualquier asistencia, según se solicite, para aprovechar estos éxitos”.

La intervención del vecino del Norte en nuestro país se ha dado por muchas vías, pero sobre todo por la llamada Iniciativa Mérida. Aunque el gobierno de López Obrador ha pretendido rechazarla, al parecer continúa vigente.

En su análisis Mexico: evolution of the Mérida Initiative, 2007-2020 –publicado a fines de junio pasado–, el Congressional Research Service apunta que para este 2019 el Congreso estadunidense aportó 139 millones de dólares para la Iniciativa, con fondos adicionales destinados a abordar el flujo de opioides que se dirigen a Estados Unidos.

Añade que la solicitud de presupuesto de la Administración para el año fiscal 2020 es de 76.3 millones de dólares, cifra que podría aumentar a 126.8 millones para atacar los llamados delitos transnacionales, la producción de heroína, tráfico de fentanilo y asegurar la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México.

El mismo informe advierte, sin embargo, que el futuro de la Iniciativa Mérida aún no está claro. “Algunos observadores predicen que la estrategia de cuatro pilares puede resurgir con un énfasis en el pilar cuatro, en línea con las promesas de campaña de López Obrador: iniciativas anticorrupción, inversiones sociales en jóvenes en riesgo, derechos humanos, reforma de la política de drogas y justicia de transición para delincuentes no violentos. Otros sostienen que López Obrador hasta ahora ha acomodado el énfasis de la administración de Trump en combatir la migración centroamericana y puede respaldar otras prioridades de Estados Unidos”.

En supuesta consonancia con las aspiraciones de la Iniciativa Mérida, el Congressional Research Service destaca que “López Obrador ha lanzado un programa para otorgar becas a jóvenes para asistir a la universidad o para completar pasantías. Él creó una comisión presidencial para coordinar los esfuerzos para investigar el caso de Ayotzinapa y lanzó una comisión nacional para localizar a las aproximadamente 40 mil personas desaparecidas en México durante la última década. Su Plan Nacional de Desarrollo exige la despenalización de drogas y la redirección de fondos de las operaciones de cumplimiento hacia los programas de rehabiliatción de los adictos. Al mismo tiempo, el presidente López Obrador ha respaldado las reformas constitucionales para permitir que la participación militar en la seguridad pública continúe durante 5 años más, a pesar de que la Suprema Corte dictaminó en 2018 que la participación militar prolongada en la seguridad pública violaba la Constitución. Obtuvo la aprobación del Congreso de una nueva Guardia Nacional (compuesta por la policía militar, la policía federal y los nuevos reclutas) para combatir el crimen. El congreso modificó la propuesta original de López Obrador para garantizar que la Guardia Nacional esté bajo el mando civil; López Obrador también ha desplegado fuerzas de seguridad para asegurar oleoductos e instalaciones en un esfuerzo por combatir el robo de petróleo y, más recientemente, para ayudar a detener a los migrantes centroamericanos”. Así, la visión estadunidense.

Nancy Flores

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