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En México, las industrias contaminan impunemente aire, agua y suelo con sustancias altamente tóxicas que producen enfermedades terminales. Miles de personas mueren por la complicidad de autoridades federales, estatales y municipales. Por ejemplo, en las inmediaciones del río Atoyac, en Tlaxcala y Puebla, la mortandad por cáncer es 13.5 veces más alta que la media nacional. Ahí no hay médicos ni medicinas: la gente costea los tratamientos y se empobrece aún más.

Primera de dos partes

Tepetitla de Lardizábal, Tlaxcala. Vinieron los mitos del cáncer, así es como Isabel Cano Flores recuerda los primeros rumores que se corrieron en Villa Alta, donde habita desde que nació hace 67 años. Entonces, los enfermos generaban sospecha y estigma, hasta que cada familia contó con al menos una víctima de la contaminación industrial.

Doña Chave, como le dicen en el pueblo de cariño, entrelaza sus manos antes de contar que en 2010 tuvo la más amarga y triste experiencia de ese padecimiento: “Mi hija enfermó de leucemia”. Aunque en aquella época, dice, era ignorante del tema médico, ahora habla con soltura del tipo de cáncer que sufrió Zulma: leucemia mieloide crónica.

Con esa enfermedad vino el calvario, pues a pesar de que la incidencia de cáncer sobrepasa la media nacional en Tlaxcala, en la entidad gobernada por el priísta Marco Antonio Mena no hay médicos especialistas ni hospitales de segundo y tercer nivel.

Zulma y su madre se vieron forzadas a recorrer el estado en búsqueda de un hematólogo; luego, el vecino Puebla y, finalmente, llegaron a Guadalajara, donde por fin la joven tuvo atención especializada. Pronto fue diagnosticada con leucemia y trasladada a la Ciudad de México.

“No soy una persona empleada: empecé a vender todo”. El dinero que obtuvo por el terreno que le heredaron sus padres no alcanzó para solventar viajes, hospitalización, medicinas y quimioterapias, así que recurrió a préstamos con diversos usureros. Ahora, en su deuda no sólo cuenta los miles de pesos que le prestaron, sino también las bolsas de sangre que le exigían en el hospital y entre sus planes futuros está conseguir donadores para saldarla. “A pesar de eso, ella no se pudo salvar”.

La desgracia sobrevino por ser vecina del río Atoyac, el tercer  afluente más contaminado del país. Además de perder a su hija, doña Chave ha visto cómo se apagan las vidas de su hermana, a causa de un tumor cerebral, y de su madre, quien tiene una afección pulmonar.

Su familia no es la única afectada: entre 2002 y 2016, en los municipios cercanos a la cuenca del Atoyac-Zahuapan murieron 25 mil 737 personas a causa de cáncer, refieren datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sistematizados por la organización Coordinadora por un Atoyac con Vida y el maestro Octavio Rosas Landa, académico de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El río

La contaminación del Atoyac no es desconocida para los gobiernos federal y estatales: a éste se le considera como el tercer río más contaminado de México. En sus orillas, en la frontera de Tlaxcala con Puebla, se respira un olor dulce y al mismo tiempo putrefacto, similar al agua mezclada con suavizante de ropa estancada por semanas.

A las afueras de la caseta de monitoreo que instaló la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para supuestamente medir los niveles tóxicos de esta corriente, el hedor es tan intenso que lastima las fosas nasales y pronto se transforma en un dolor de cabeza constante.

Su paso se marca por la fetidez y el tono: a veces verduzco, luego azulado y más adelante café. Sin ningún signo de vida, atraviesa Tlaxcala y Puebla contaminando todo a su paso: los reservorios de agua limpia por el efecto de la filtración, los cultivos, la atmósfera…

Y es que en el corredor industrial por lo menos 1 mil empresas, de las 20 mil que operan en la zona, no cuentan con plantas de tratamiento o éstas no funcionan adecuadamente, lo que ha ocasionado que este afluente tenga al menos 25 sustancias nocivas y sea un foco de infección no sólo para el cáncer, sino también para la hepatitis y el cólera, señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la UNAM en el Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos, de mayo de 2018.

Análisis del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua revelan un escenario mucho peor: en el Atoyac hay presencia de unas 1 mil sustancias químicas disueltas que, al mezclarse, producen reacciones todavía más tóxicas.

La investigación conjunta de la CNDH y la UNAM reconoce que las aguas del  Atoyac están altamente contaminadas con componentes químicos como plastificantes, pesticidas (Aldrin) y compuestos policíclicos aromáticos, como el trifenilo y el crisano; así como con compuestos volátiles como el tolueno, hexano y hexclorobeneno, usados en las industrias textiles, farmacéuticas y automotrices; y tintes y colorantes provenientes de las textileras que tornan de diferentes colores el río y que afectan la fotosíntesis de los organismos.

Además se tienen registros de presencia de arsénico, clasificado como un cancerígeno demostrado en humanos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La exposición a través del agua de este metal produce, al menos, cáncer de vejiga, pulmón y piel.

La OMS detalla que el arsénico se utiliza como agente de aleación y para el procesamiento de vidrio, pigmentos, textiles, papel, adhesivos metálicos y protectores de la madera y municiones. Entre las 20 mil industrias que operan en la cuenca hay petroquímicas, farmacéuticas, textiles, alimenticias, metalmecánicas y automotrices, que a cada segundo descargan al río sus desechos sin control.

Aunado a lo anterior, la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene un registro sobre la calidad del agua que abarca de 2012 a 2018. Para el año pasado, la dependencia federal documentó que la presencia de plomo se extendió por más de 20 puntos a lo largo de la cuenca Atoyac y sus afluentes: Xochia, Zahuapa y Atenco.

De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-2013, “el plomo puede afectar a casi todos los órganos y sistemas del organismo causando varios efectos no deseados, como son: perturbación de la biosíntesis de hemoglobina y anemia; incremento de la presión sanguínea; daño a los riñones; aborto espontáneo; perturbación del sistema nervioso; daño al cerebro; distintos tipos de cáncer; disminución de la fertilidad”.

La Norma agrega que “la exposición a los compuestos de plomo en cualquiera de sus formas constituye un riesgo para la salud ya sea que se ingiera en alimentos, agua, polvo o tierra contaminados con dicho elemento, o se respire, a través de polvos o vapores emitidos por industrias, fundidoras, refinerías, vehículos automotores, etcétera”.

El registro de la Semarnat detalla la calidad del agua en torno a la demanda química de oxígeno: un parámetro que mide la cantidad de sustancias químicas disueltas en los cuerpos de agua. Para 2018, más de 22 puntos de la cuenca tenían una calidad del agua altamente contaminada y ningún lugar posee una demanda química de oxígeno aceptable.

Las mayores responsables de esto son unas 400 industrias medianas y grandes: son las que gastan más recursos naturales, consumen más agua y generan más contaminación, señala el maestro Octavio Rosas Landa, quien ha hecho estudios independientes junto con otros investigadores con base en información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi.

Las muertes de la contaminación industrial

Todas las enfermedades asociadas científicamente a las sustancias tóxicas que vierten las industrias al río Atoyac o liberan al ambiente a través de sus grandes chimeneas han afectado a los pobladores aledaños. Miles han muerto por ello, porque aquí todo está contaminado: el agua, el aire y el suelo y, con ellos, los alimentos vegetales y animales.

En 2017, en la zona fallecieron 2 mil 335 personas por diversos tipos de cáncer. Esto equivale a 13.5 veces más que el índice nacional de mortandad a causa de esa misma enfermedad, señala en entrevista el investigador Rosas Landa.

El estudioso de la contaminación acuífera y su relación con enfermedades terminales agrega que las sustancias químicas que descargan las 20 mil 400 industrias asentadas en el corredor del río Atoyac transformaron la principal fuente de agua de los habitantes de Puebla y Tlaxcala en el causante de sus muertes.

Con base en datos del Inegi, la investigación de la Coordinadora por una Atoyac con Vida y el académico Rosas Landa demuestra que a nivel nacional fallecieron por cáncer 1 millón 64 mil 572 personas entre 2002 y 2016. Y agrega que mientras en el país muere 0.54 personas por kilómetro cuadrado, en los municipios de Puebla y Tlaxcala que están en contacto directo con el río fallecen 7.35 personas por kilómetro cuadrado.

Las cifras van en aumento, expresa el economista y geógrafo Rosas Landa: “en 2002, en esa zona murieron 1 mil 400 personas por cáncer; para 2016, la cifra llegó a 2 mil 114 personas; y en 2017 es peor: 2 mil 335 personas fallecieron por la contaminación de una cuenca relativamente pequeña, que mide 3 mil 600 kilómetros cuadrados”.

Las zonas más afectadas son aquellas cercanas a la cuenca del Atoyac y en específico al corredor industrial Quetzalcóatl, donde llegan las descargas de las industrias. Se trata de los municipios de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, en Puebla, y de Tepetitla de Lardizábal y Nativitas, en Tlaxcala.

En la comunidad de Villa Alta, que pertenece al municipio de Tepetitla de Lardizábal, se tienen tasas de mortalidad que superan entre nueve y 23 veces la media nacional, advierte el investigador Octavio Rosas.

En dichos lugares, la leucemia, insuficiencias renales, abortos espontáneos, púrpura trombocitopenia inmune, malformaciones congénitas, anemias y problemas respiratorios se convirtieron en sus enfermedades cotidianas.

“Cada 4 horas una persona muere a causa de la contaminación por el río Atoyac”, dice a Contralínea Alejandra Méndez, coordinadora del Centro Fray Julián Garcés y de la Coordinadora por una Atoyac con Vida.

“No es algo que nosotros hayamos cuantificado directamente, son datos oficiales que incluso pueden estar subestimados porque depende de cómo se haya registrado el deceso”, señala en entrevista el doctor Omar Arellano Aguilar, experto en evaluación de daño ecológico de la Facultad de Ciencias y quien participó en la investigación.

El costo de las enfermedades

La muerte de Zulma es una lección para doña Chave del precio que han pagado por vivir cerca de un corredor industrial: “dicen [sus médicos] que fue por inhalación de tóxicos, pero ella nunca trabajó en las fábricas”. Intentar salvarle la vida consumió todo de ella, incluidas sus posesiones materiales, por lo que ahora vive en casa de su hermana.

Y es que a pesar de la alta incidencia de enfermedades terminales, en la zona se violan permanentemente los derechos a la vida, a la salud, a la seguridad social y a un ambiente sano, consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es por eso que los pobladores han demandado al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en espera de justicia.

Aquí en Villa Alta cada familia tiene al menos una historia trágica marcada por la muerte o la enfermedad, pero también por la profundización de la pobreza que se asocia a éstas: cuando no hay seguridad social, las personas venden lo poco que poseen y se endeudan con tal de atender a sus pacientes.

Por las calles serpenteadas de este pueblo es común ver pasar los cortejos fúnebres, a veces hasta tres por día. “Tenemos dos panteones y los dos están llenos, hay muchísimos muertos, esa es nuestra realidad”, cuenta doña Chave.

“Si avanzamos una cuadra, hay una persona con parálisis; más adelante, una señora con cáncer en la garganta; a la cuadra para abajo, una señora murió por insuficiencia renal. Incluso en una familia murió el papá de leucemia, la mamá de cáncer de mama y el hermano de cáncer de hígado”, asegura.

Zulma, la hija de doña Chave, falleció el 25 de julio de 2011; ese mismo mes, dos de sus amigas también murieron. “Mi hija tenía 36 años; sus compañeras, la misma edad: una murió de cáncer de cuello uterino y la otra de pulmón. Ese mismo mes enterramos a tres jóvenes de nuestro pueblo”.

De 2002 a 2016, las mujeres representaron el 54 por ciento de las muertes por cáncer en la zona, revelan los datos sistematizados por la Coordinadora por una Atoyac con Vida. La mayor incidencia fue de cáncer de cuello uterino y mama.

Samuel Rosado, economista de la UNAM que participó en la investigación del Centro Fray Julián Garcés, observa que “el cáncer de mama y el de ovario son los que más se relacionan con la contaminación industrial. La probabilidad de tener estos tipos de cáncer puede aumentar entre 24 y 35 por ciento si estás a menos de 1 kilómetro de una gran industria manufacturera”. Además del cáncer, en los municipios aledaños al Atoyac las mujeres sufren abortos espontáneos.

“Ésa no es la muerte que uno espera. Tenemos derecho a la vida y a un ambiente sano”, comenta Crescencia Cano Flores, hermana de doña Chave y quien también ha visto cómo la vida de su tercera hermana se degrada poco a poco a causa del tumor cerebral.

Reunidos en casa de doña Crescencia para contar las historias de sus parientes enfermos o fallecidos, vecinos de esta localidad comentan a Contralínea que en el pueblo es cada vez más común escuchar que alguien ha enfermado por tumores cerebrales. Todos afirman padecer fuertes dolores de cabeza principalmente por las mañanas, cuando aumentan las emisiones contaminantes de las industrias.

Gobiernos negligentes

Los altos índices de mortandad por enfermedades terminales asociadas científicamente a las sustancias tóxicas industriales, que sobrepasan por mucho la media nacional, no han sido suficientes para que las autoridades pongan un freno a la contaminación de las empresas y mucho menos para asistir a las miles de víctimas.

La negligencia no sólo es de la Conagua, encargada de regular las descargas industriales al río, sino también de las autoridades sanitarias y medioambientales federales y estatales.

En Tlaxcala, por ejemplo no se cuenta con un sistema de salud que atienda a los miles de enfermos: son las familias las que costean los gastos para el traslado del paciente hasta la Ciudad de México.

Contralínea solicitó conocer la versión de la Secretaría de Salud tlaxcalteca, pero  Lorena Flores, funcionaria del área de comunicación social, informó que el director de hospitales, doctor René Farfán, le señaló que ellos no tienen ningún registro de enfermedades como el cáncer ni de su relación con la contaminación en el río Atoyac, motivo por el cual declinó conceder la entrevista.

Esa indolencia para reconocer el problema es a la que se enfrentan, día a día, los habitantes de Tlaxcala, que van de un lado a otro en busca de atención médica y en su entidad no la encuentran. “Sólo tenemos un centro de salud y no hay especialistas en las enfermedades que presentamos. Yo debía comprar medicamentos para mi hija, el más barato me costaba 1 mil 500 pesos y era cada semana”, asegura doña Chave.

En su desesperación, algunos vecinos van de casa en casa pidiendo limosna para poder costear las convalecencias, porque en Tepetitla ni siquiera hay ambulancias públicas.

En Puebla, la otra entidad afectada por la contaminación industrial de la cuenca, la situación no es mejor: los servicios sanitarios no son altamente especializados, a pesar de que en su página de internet la Secretaría de Salud del estado gobernado por Guillermo Pacheco da cuenta de las “enfermedades asociadas con el río Atoyac”.

Entre los padecimientos cita intoxicación por arsénico y por plomo [metales pesados asociados al cáncer], hepatitis A, retraso cognitivo, retraso en el desarrollo, cólera, fiebre tifoidea, ascariasis, esquistosomiasis, paludismo, desnutrición y legionelosis.

Respecto de la entrevista que solicitó Contralínea para conocer cómo enfrentan estos padecimientos de su población, la Secretaría de Salud estatal respondió –a través de Sonia Hidalgo, del área de comunicación social– que no puede dar una postura porque ese tema le corresponde a la Secretaría de Ambiente.

El gobierno federal tampoco aceptó revelar si cuenta o no con una ruta sanitaria para atender la emergencia en la cuenca del Atoyac. A través de su área de comunicación social, la Secretaría de Salud –que encabeza el doctor Jorge Alcocer– aseguró tramitar la solicitud de entrevista sin que al cierre de esta edición, y después de 1 mes de gestiones, haya dado respuesta.

Para el doctor Arellano Aguilar, en la cadena de responsabilidades el sector salud es el más omiso, tanto a nivel federal como a nivel estatal. “No hay atención directa a los afectados, no hay un reconocimiento de que esas enfermedades sean por la contaminación. Los niños se están muriendo, los adultos también. Tenemos una incidencia de leucemia, de insuficiencia renal aguda, y no están siendo atendidas”.

A la fecha, las autoridades estatales y federales han sido incapaces de generar una tipificación y relación de las enfermedades con la contaminación del río Atoyac, a pesar de que desde 2004 hay antecedentes de puntos de acuerdo de las cámaras de Diputados y Senadores para atender la alta incidencia de cáncer y enfermedades asociadas a los tóxicos industriales. Mientras los gobiernos vuelven la mirada a la emergencia, las personas fallecen por miles.

Decenas de evidencias de la responsabilidad industrial

Las evidencias que apuntan a las industrias como las principales responsables de la crisis sanitaria en la zona son muchas. La organización ambiental Greenpeace y el doctor Omar Arellano Aguilar revelaron las diversas sustancias químicas que se encuentran en el río y su fuente claramente apunta a las empresas.

“Tuvimos una lista de sustancias químicas, de compuestos orgánicos volátiles o semivolátiles, que además están asociados a causar alteraciones de tipo hormonal. Encontramos sustancias químicas que son cancerígenas y la particularidad es que los metales pesados [arsénico y plomo, por ejemplo] no se quedan en los sedimentos, sino que al contacto con el ambiente se volatilizan y se dispersan por toda la zona”, indica el investigador.

Agrega que la situación es tan crítica que, cuando realizaban las investigaciones, los pacientes que participaban de manera voluntaria en el estudio fallecían repentinamente. “Es una situación realmente frustrante, pero nos alienta a seguir trabajando en la zona”.

En las inmediaciones del Atoyac, las personas están expuestas a diferentes sustancias contaminantes, algunas declaradas como cancerígenas por la OMS, como es el caso del benceno. Esta sustancia que se utiliza en diversas industrias –como la petroquímica– se disemina en el aire por ser altamente volátil, lo que ocasiona que las personas respiren de manera constante este químico.

Aire, suelo y agua envenenan permanentemente a los pobladores de Tlaxcala y Puebla. Además, según el investigador Octavio Rosas, las pequeñas empresas vierten sus desechos a los canales de riego usados en la agricultura, contaminando los alimentos que consumen los pueblos. “Las sustancias se están filtrando al subsuelo y están contaminando los acuíferos. Es bastante grave porque están contaminando el agua de consumo humano”.

“Las sustancias contaminan canales que utilizan para regar el campo y ahora contaminan también los alimentos”, confirma la directora del Centro Fray Julián  Garcés, Alejandra Méndez.

“Yo sueño con el día de poder ver mi río como era antes, cristalino y con peces. Mientras tanto, no quiero que muera más gente. Si mi hermana ha muerto, no quiero que nadie más lo haga”, dice a Contralínea Rebeca Juárez, quien también perdió a su familiar a causa del cáncer.

Muchas industrias, poco control

Para investigadores, defensores de derechos humanos y pobladores, es claro que la impunidad de las industrias para contaminar es producto de omisiones y negligencias de las autoridades del medio ambiente y el agua, sobre todo en el tema de la regulación de las industrias altamente contaminantes.

La actividad de descargas de sustancias químicas a los cuerpos de agua se encuentra regulada por la Norma 001 de la Semarnat, que establece el límite permitido por las industrias para realizar las descargas a los cuerpos de agua.

“Esta Norma establece límites muy laxos, demasiados elevados para cualquier industria: aun cuando vierten contaminantes en el río, están dentro del límite permisible. La Norma tendría que ser ajustada para que haya límites más estrictos; pero si eso pasara, todas la industrias quedarían fuera de la Norma, todas estarían en la ilegalidad. Por eso no lo hacen”, expresa el economista Octavio Rosas.

Esa ineficiencia se demostró en el estudio para la clasificación de los cuerpos del agua realizado por la Conagua en 2005, que determinó que aun con el cumplimiento de la Norma 001-1996, “los límites máximos permisibles de descargas no son suficientes para que los ríos [como el Atoyac] alcancen la calidad de agua aceptable”.

A raíz de dicho estudio, esa Comisión expidió la “Declaratoria de clasificación de los ríos Atoyac y Xochiac o Hueyapan y sus afluentes”, que estableció los parámetros que deben cumplir las descargas de aguas residuales.

La autoridad instauró un procedimiento administrativo en los estados de Tlaxcala y Puebla en contra de aquellos que violaran la Norma, lo que derivó en una serie de multas. Sin embargo, después 14 años la muerte de miles de personas por enfermedades asociadas a la contaminación evidencia negligencias.

“Así como se pide una concesión para extraer agua también se pide una para las descargas, pero estos límites no los respetan. La Conagua aceptó en 2011 que  están sobrepasados, el problema es que la entidad tampoco cuenta con el personal para hacer diligencias continuas, para estar realmente al pendiente de todas estas industrias”, asegura la antropóloga Paola Vásquez Santos, adscrita al Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.

El problema también se presenta en la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. De acuerdo con Alejandra Méndez, la institución “sólo cuenta con cuatro inspectores para más de 20 mil industrias”. Esto ha propiciado el aumento de sustancias tóxicas en el río provenientes de las descargas industriales sin ningún tipo de control real.

La coordinadora del Centro Fray Julián Garcés señala que “las autoridades han sido omisas. Nosotros hemos llevado el caso de la contaminación del río en dos ocasiones al Tribunal Latinoamericano del Agua, para denunciar la situación”.

En 2006, ese Tribunal señaló que “los compuestos como floruros, cloruros de metileno, tolueno y cloroformo no están debidamente contemplados en la norma mexicana”. Con la documentación presentada por las comunidades y el Centro, aseguró que para entonces dichos compuestos se encontraban por encima de los parámetros permitidos en otros países.

La defensora Alejandra Méndez agrega que en 2011 se interpuso una queja ante la CNDH por las diversas violaciones a derechos humanos que se deriva de esa contaminación, misma que se resolvió favorablemente a la población. Aunque eso sucedió en 2017, a la fecha la recomendación permanece en estado de incumplimiento.

Identificada con el folio 10/2017, dicha recomendación “establece que el estado en el que se encuentra el río está afectando el derecho a la salud de los habitantes”, reconoce el doctor Rubén Francisco Pérez, coordinador de seguimiento de las recomendaciones de la CNDH. Y es que se encontró que hay omisión por parte de las autoridades federales y estatales para el cumplimiento de las leyes y normas que proporcionan un ambiente sano.

En entrevista con Contralínea, el doctor Pérez asegura que la recomendación tenía dos grandes tipos de acciones para las autoridades: primero, las autoridades debían llevar a cabo obras de saneamiento del río para proporcionarle un ambiente sano a los habitantes; y, segundo, debían firmar un convenio de colaboración tanto federal, como estatal y municipal. “Este convenio de colaboración es un instrumento importante para el cumplimiento de la recomendación, porque va a darle orden a las acciones que hagan las autoridades”.

Sin embargo, a 2 años de emitida la recomendación, eso no ha ocurrido. El doctor Rubén Pérez asegura que esta situación de retraso se debe a la “movilidad política de la zona”. Resalta el fallecimiento de la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, los cambios en las autoridades, federales y estatales, en las presidencias municipales e incluso el incendio en las instalaciones de Conagua en la Ciudad de México.

“Todos estos movimientos administrativos y políticos han retrasado la firma del convenio que es una acción central dentro de la recomendación”, afirma el coordinador de seguimiento de las recomendaciones de la CNDH.

Aun así, el funcionario asegura que sí se han llevado a cabo acciones para mejorar la situación del río: seguimiento a las concesiones y permisos de las industrias, plantas para potabilizar el agua y campañas de información.

El subdirector de la Dirección de Agua de la Conagua, Agustín Félix asegura que a raíz de dicha recomendación la autoridad realizó procesos de fiscalización: “Visitamos cerca de 80 empresas a las cuales se les impuso las sanciones respectivas”.  No obstante, en la zona operan más de 20 mil.

Más aún, el doctor Félix afirma que el nivel de contaminación del río se debe a las grandes descargas municipales y no a las industrias. En contravía, investigaciones académicas y la propia recomendación demuestran que la contaminación se incrementa en las zonas  de las descargas de las industrias, los llamados corredores industriales.

“Nosotros sabemos que la contaminación es causada por las fábricas y estas deberían estar obligadas a tratar sus aguas”, expresa Rebeca Juárez, habitante del municipio de San Rafael y promotora, junto con otros vecinos, de la queja ante la CNDH.

Las industrias

El corredor industrial de Quetzalcóatl inicia en el municipio de San Baltazar Temaxcala, en Puebla, y termina en Tlaxcala. Ahí existe un monitor de contaminación de Conagua que utiliza un recolector de muestras poco eficiente para regular la contaminación: al ser poco tecnológico y antihigiénico ocasiona que se registren otras sustancias lo que altera los resultados, consideran los expertos consultados.

En el lugar donde se ubica la caseta de la Conagua se observa, en el medio de la corriente del río, un recipiente amarrado de manera improvisada con una cuerda que recolecta las muestras con las cuales la institución valora que las descargas industriales cumplen con la norma y que la contaminación es producto de las descargas municipales, es decir de los habitantes.

Al respecto, la senadora Verónica Delgadillo, del partido Movimiento Ciudadano, señala que es imprescindible reformar el artículo 10 de Ley de Responsabilidades Ambientales para corregir este daño.

Asegura que es una total irresponsabilidad la actuación de las diversas autoridades encargadas de sancionar a las empresas que contaminan las fuentes de agua. “El 45 por ciento de las cuencas hídricas del país tiene un grado bajo de contaminación, el 24 por ciento están altamente contaminadas y sólo el 18 por ciento de las descargas industriales reciben tratamientos”.

La senadora exige “que haya sanciones para todos: las autoridades que están siendo omisas en el seguimiento y también para las empresas públicas o privadas, que están siendo irresponsables en sus descargas”.

Estatus de la Recomendación 10/2017

Dictada hace 2 años, la Recomendación 10/2017 avanza a pasos de tortuga. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos proporcionó información a Contralínea donde se evidencia el cumplimiento que ha dado cada autoridad responsable.

A Conagua, por ejemplo, se le formularon 16 recomendaciones y hasta la fecha ninguna se ha cumplido. El tema no es menor: la Comisión está encargada de consolidar el convenio con las demás autoridades, pero éste “aún está en proyecto el documento de trabajo de convenio”.

La recomendación resalta los estudios hechos por la Conagua alrededor del río, principalmente los índices de calidad del agua que la autoridad federal hizo en los años 1999 a 2007, en el que se hace evidente que 54 por ciento del agua no es apta para ningún tipo de uso debido a su alto nivel de contaminación.

En total, la CNDH formuló 159 recomendaciones a las distintas autoridades, de las cuales sólo se han cumplido nueve.

Lauren Franco, enviada

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