Autor:

Organizaciones defensoras de derechos humanos convocan al gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, a llevar a cabo un “balance” entre los proyectos que pretende desarrollar esta administración y el respeto al medio ambiente, a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y bienes comunes naturales; particularmente, frente a los megaproyectos como la Refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Transístmico, carreteras y presas, entre otros.

El Grupo Focal de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos —integrado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Oxfam México, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, Servicios y Asesoría para la Paz, con el acompañamiento de la Asociación Interamericana de Derecho Ambiental y Brigadas Internacionales de Paz —, indicó que esta administración debe actuar con “congruencia”; así como asegurar el respeto a las garantías individuales y colectivas en su apuesta por los megaproyectos y en todos los acuerdos de colaboración que realiza con las grandes empresas, nacionales y extranjeras.

Al respecto, el Grupo Focal ha identificado “claroscuros” durante los primeros siete meses de gobierno. Por lo que indica que “si bien fue positiva la visita de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en abril, es indispensable que sus recomendaciones sean acatadas”, indicó en un comunicado.

Las organizaciones también se pronunciaron porque, en lo que resta del sexenio, todos los órdenes de gobierno atiendan la Recomendación General 37 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre el respeto y la observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas, privadas y públicas.

Asimismo, indicaron, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 identifica estrategias y objetivos puntuales, especialmente en los ejes de Justicia, Estado de Derecho y Bienestar, “no obstante sigue siendo fundamental garantizar el derecho a la consulta y consentimiento previo libre e informado;  así como el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y equiparables y a la participación social de todas las personas y comunidades potencialmente afectadas por megaproyectos, con base en los más altos estándares internacionales y convenios internacionales de los que México forma parte, incluyendo el Convenio 169 de la OIT [Organización Internacional del Trabajo] y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU [Organización de las Naciones Unidas]”.

Érika Ramírez