A 10 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, la crisis social, económica y política en Honduras no deja de profundizarse, como así tampoco la movilización democrática popular. La represión se aguza y la resistencia no amaina
El 28 de junio de 2009 el entonces presidente hondureño, Manuel Zelaya, aparece en pijamas en Costa Rica. Denunciaba un Golpe de Estado. Un sector del Partido Liberal, el Partido Nacional y las Fuerzas Armadas habían consensuado el fin abrupto de su mandato constitucional, el cual se había iniciado en 2005. El consenso bipartidista había funcionado en un país donde ambos partidos habían organizado por décadas el juego político.
El gobierno de Zelaya intentó solucionar dos grandes problemas que le granjearon tensiones con actores económicos y políticos que luego se organizaron ante la instalación de la llamada “cuarta urna”. Esos dos graves problemas fueron la crisis energética y la crisis social. Para ello, introdujo un decreto de salario mínimo que lo enfrentó con empresarios, y se alió con Petrocaribe para reducir el precio del petróleo y todo lo que ello implica en la economía. Zelaya se fue convirtiendo, así, en un líder inesperado, sobre todo porque era el empresario que participaba de las cámaras empresariales que mayor influencia poseía en ese país. También se opuso a la privatización de la empresa nacional portuaria y profundizó la Estrategia de Reducción de Pobreza (ERP) que se había iniciado en 2001 desde el Estado y que retomó como propuesta para distribuir la riqueza y potenciar el crecimiento económico, que estaba estancado. De hecho, podemos observar que el porcentaje del producto interno bruto (PIB) destinado al gasto social –educación y salud inclusive– aumentó durante el periodo 2006-2008. Las tasas de pobreza y de pobreza extrema tuvieron una caída durante su gobierno.
Esta ERP era alentada porque suponía la condonación de la pesada deuda externa. Donde se coagularon todos los malestares políticos de los sectores tradicionales que veían en Zelaya la puesta en duda del imaginario neoliberal –colocando sus críticas en la intervención estatal y en distribuciones no grandilocuentes de la riqueza–, fue en el llamado a participar en una “cuarta urna”. En ella se preguntaría acerca de si se debía o no convocar a una asamblea constituyente y en las otras tres urnas se elegiría presidente, Parlamento y alcaldes. El mismo día en que debían realizarse las elecciones, cuarta urna incluida, Zelaya fue sacado el poder y llevado a Costa Rica.
Por ello el 28 de junio significa muchas cosas: quiebre del orden constitucional, clausura de un proceso electoral, y apertura de una inestabilidad y conflictividad que llega hasta hoy. Pero también 28 de junio es el punto cero de la ruptura del bipartidismo y la puesta en cuestión de un elitismo conservador que se había profundizado con la recuperación democrática en 1982.
Hoy dos imágenes: en 2009 Zelaya en pijamas, despojado del poder constitucional y presidencial, y en 2018 –en una encuesta del ERIC– Mel Zelaya es considerado por el 30 or ciento de la población como el mejor presidente de Honduras, seguido por Juan Orlando Hernández, con el 18.7 por ciento.
El golpe del 2009 continuaría con golpe electoral de 2017. Entre Zelaya y Juan Orlando Hernández solo gobernaron presidentes del Partido Nacional. Como si la conclusión del golpe de 2009 no sólo fuera la salida del presidente constitucional sino, al mismo tiempo, la disolución del bipartidismo y caída abrupta del partido del cual provenía Zelaya, el Partido Liberal. La resistencia al golpe fue el laboratorio de varios partidos políticos y liderazgos: por un lado, el del propio Zelaya y su Partido Libre y, por otro, Salvador Nasrrala con su Partido Anticorrupción. Esa resistencia politizó a la ciudadanía y la ocupación del espacio público ganó terreno. Se observaron represión y beligerancia estatal.
La crisis abierta por el golpe de 2009 se intentó clausurar con una elección que le dio el triunfo a Porfirio Lobo, del Partido Nacional. Éste no sólo redujo la intervención del Estado en la economía –cuestión que aumentó la pobreza y la desigualdad– sino que restituyo un camino “ganador” para un Partido Nacional, que podía ganar elecciones y que podía realizar golpes electorales, pero que no lograba clausurar las trayectorias de acción de movilización y reclamo sobre un sistema político que intentó recrear fuertes dosis de elitismo conservador y excluyente.
En noviembre de 2009 asumió Porfirio Lobo en unas elecciones militarizadas, bajo Estado de Sitio y con muy baja participación (1). En su intento por legitimar el golpe de Estado, impulsó los Acuerdos de Cartagena, que posibilitaron el retorno de Mel Zelaya, la fundación del Partido Libertad y Refundación (Libre) a partir del Frente Nacional de Resistencia Popular y la reincorporación de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2011. La OEA había presionado para resolver una crisis de inestabilidad política y de ilegitimidad que cargaba el sistema político hondureño.
En las elecciones en 2013 –en medio de diversas denuncias del Partido Libre que llevó la candidatura de Xiomara Castro Zelaya, enfrentada a Salvador Nasralla, del Partido Anticorrupción (PAC)– es elegido como presidente Juan Orlando Hernández, quien había sido presidente de la Asamblea Nacional, jefe de bancada del Partido Nacional (2005-2009) y su secretario general (2006-2019). Su estrategia política fue garantizar la continuidad del Partido Nacional, centralizando su propio partido frente a sectores minoritarios del mismo. Tal concentración de poder posibilitó que su candidatura presidencial en los comicios de 2017 se transformara en legal, tras el fallo de la Corte Constitucional hondureña que violó la Constitución hondureña de 1982, que lo prohibía expresamente. El intento de consulta sobre la posibilidad de reforma constitucional llevó a Zelaya a su derrocamiento; la violación del carácter pétreo de la Constitución condujo, ya no a su salida del poder sino a un profunda inestabilidad y conflictividad políticas.
Las elecciones nacionales de 2017 en un marco de concentración del poder de Hernández y el rechazo a la violación de la Constitución provocó la unidad política de la oposición política. Se constituyó la Alianza de Oposición contra la Dictadura, la cual quedó conformada por el Partido Libre, Partido Anticorrupción (PAC) y Partido Innovación y Unidad (Pinu), así como otros sectores sociales. La Alianza eligió a Salvador Nasralla como candidato presidencial y a Xiomara Castro Zelaya como candidata a la Vicepresidencia para enfrentar a Juan Orlando Hernández. Su victoria parecía contundente, hasta que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) incurrió en una serie de acciones anómalas: i) cerró antes las urnas; ii) pasó por alto una serie de irregularidades, como el abandono del trabajo por parte de custodios electorales, el transporte de material electoral en maletas sin el sello de seguridad, compra de votos, entre otros; iii) luego de hacer pública la ventaja de Nasralla sobre Juan Orlando Hernández, el sistema electoral cayó y, cuando logró estabilizarse, Hernández llevaba la delantera electoral; y un largo etcétera.
En medio de protestas, violencia por parte de las Fuerzas Armadas hondureñas y el estado de sitio declarado por el gobierno, Juan Orlando Hernández fue declarado presidente el 4 de diciembre. [2]
La Alianza de Oposición Contra la Dictadura, personas independientes, movimientos sociales y organizaciones populares como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) se aglutinaron en la denuncia contra el golpe electoral. Los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía se incrementaron, generando nuevamente personas heridas, detenidas, asesinadas y exiliadas. Para enero se contabilizaron más de 30 las personas asesinadas, y centenares las heridas. [3]
A pesar de los llamados al desarrollo de nuevas elecciones por parte de organismos internacionales, el golpe y el fraude electoral fueron consumados. Así se erigió como la maniobra política para evitar el triunfo electoral de un movimiento político diverso políticamente que confrontó directamente con la estrategia excluyente del Partido Nacional y de sus aliados “bipartidistas” del Partido Liberal (Espacio que legitimó los diversos golpes hasta hoy).
La inestabilidad de Juan Orlande Hernández y los reclamos sociales agravados por la pobreza y por la migración masiva, dan cuenta de que el ciclo de demandas democráticas no han clausurado sus acciones ni presiones sobre un sistema político que se cierra sobre sí mismo. Ningún gobierno o estrategia política puede sostenerse por mucho tiempo si sus respuestas a los reclamos sociales se traducen en un conjunto de golpes al sistema democrático. Unos y unas se quedan; otros han decido partir, migrar como forma de cuestionar las garantías que debe brindar el Estado.
¿Qué orden se ha construido desde la salida de Zelaya? Se produjo, pese a las continuas protestas, una radicalización del modelo neoliberal, de la violencia estructural, así como la concentración de poder en el Ejecutivo [4]. Tras una década de preeminencia del Partido Nacional, estos son algunos hechos relevantes:
En 2009, con el gobierno de Porfirio Lobo (2009-2013), un paquete de proyectos de ley fueron aprobados: ley general de agua; sobre actividades nucleares y seguridad radiológica; reglamento de evaluación de impacto ambiental; empleo; de alianza público-privada que abrió la privatización de servicios esenciales; simplificación de burocracia para la inversión; y concesión de territorios costeros. [5]
La Ley General de Minería fue aprobada en 2012. La lucha antiminera aglutinó buena parte del movimiento campesino.
En 2012 fueron electos magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia leales al Partido Nacional. Esta elección fue considerada como un atropello a la Constitución por distintos movimientos sociales (NLG 2014).
La elección de los magistrados al Partido Nacional posibilitó la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), conocidos popularmente como “ciudades modelo”. Dicho proyecto, en la práctica, constituye en la creación de un micro Estado, con liberación comercial y política, dentro del territorio hondureño. Constituye, además un régimen político-económico que desplazaría a comunidades garífunas (afroindígenas) y que ha provocado la resistencia frontal de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) (NLG 2014) [6].
Entre 2011 y 2013 la violencia producida por el narcotráfico y el crimen organizado aumentó tras la disputa territorial, alcanzando tasas de entre 88 y 90 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Honduras fue conocido como el país más violento del planeta. [7]
En 2013, bajo la Presidencia del Congreso Nacional de Juan Orlando Hernández fue creada la Toma Integral Gubernamental de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres). [8]
En ese mismo año fue también creada la Policía Militar. Ambos cuerpos de seguridad son considerados por Ismael Moreno, director de ERIC y Radio Progreso, como cuerpos armados para realizar actividades de protección a empresas y para contrarrestar las amenazas que provienen de protestas contra el presidente.
La elección de Óscar Chinchilla como fiscal general. Chinchilla pertenece al círculo íntimo de Juan Orlando Hernández. [9] Fue reelecto en 2018.
En 2015 inician las denuncias por el saqueo institucional del Seguro Social. Durante estas movilizaciones se aglutinaron distintos sectores bajo la consigna de “Fuera Juan Orlando Hernández”.
En 2016 fue asesinada Berta Cáceres, lideresa del pueblo originario lenca y que luchó contra la Hidroeléctrica Agua Zarca impulsada por la empresa Desarrollos Energéticos (Desa). Ese asesinato aún sigue impune y sus autores intelectuales aún no han sido incriminado. Según el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), éstos se encuentran ligados al gobierno de facto y a Desa.
Impulso de la creación de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), organismo que ha llegado solamente a la investigación de miembros (as) del gobierno de Lobo, mas todavía no de Juan Orlando Hernández. [10]
En 2018 Tony Hernández, hermano del presidente de facto hondureño, fue privado de libertad por el gobierno estadounidense.
En 2018 estallaron las caravanas migrantes; miles de personas se organizaron para emprender su ruta a Estados Unidos colectivamente. Ello como una forma de hacer frente a las duras y crueles situaciones de inseguridad que sufren las personas migrantes del Triángulo Norte en su paso por México y la frontera sur de Estados Unidos.
Hoy Honduras se encuentra, nuevamente, ante un bastión de lucha contra una serie de reformas que atentan contra los derechos humanos esenciales. El autoritarismo elitista ha mostrado su estrategia en el sistema político y en la autonomía universitaria de la Universidad Nacional de Honduras, provocando la violencia y el asesinato de estudiantes universitarios. También hoy el presidente ha tomado recaudos para controlar la conmemoración de la década del golpe a Zelaya. Pero algo dejó ese cruento suceso: una politización, una movilización social y un conjunto de partidos que, pese a todo, siguen obstaculizando el cierre atroz del sistema democrático con el desarrollo de sus protestas, de su participación en el espacio publico y en el acotado espectro electoral.
Notas
[2] https://actualidad.rt.com/actualidad/259622-interminable-crisis-honduras-34-muertes
[3] https://www.hispantv.com/noticias/honduras/364762/oposicion-protestas-fraude-electoral-asesinatos
[5] https://subversiones.org/archivos/134161
[6] National Lawyers Guild, Informe de la delegación investigativa del Gremio Nacional de Abogados sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en Honduras.
[7] https://www.laprensa.hn/honduras/apertura/328877-98/homicidios-aumentan-un-15-en-el-2011-en-honduras
[8] https://dialogo-americas.com/es/articles/honduras-crea-unidad-policial-elite-tigres-para-combatir-la-violencia-urbana
[9] https://www.laprensa.hn/lasultimas24/382338-97/congreso-de-honduras-elige-a-%C3%B3scar-chinchilla-como-fiscal-general y https://www.dw.com/es/pol%C3%A9mica-reelecci%C3%B3n-de-fiscal-%C3%B3scar-chinchilla-en-honduras/a-44467274
[10] https://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/sobre/puntos_relevantes.asp
Nery Chaves García* y Esteban De Gori*/Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)
*Feminista; licenciada en relaciones internacionales con énfasis en política exterior y diplomacia por la Universidad Nacional de Costa Rica
**Doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires (Argentina)
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