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La demanda contra sí mismo que ha aceptado el Estado mexicano por desaparición forzada no es retórica. Implica acciones para que distintas instituciones y actores aporten documentación a una investigación ordenada por el Poder Judicial de la Federación.

A 50 años de que el régimen mexicano iniciara una Guerra Sucia contra estudiantes, campesinos, trabajadores y guerrilleros, hoy se abre una puerta para saber qué pasó con aquellos cientos de desaparecidos (o miles) y determinar quiénes fueron los responsables de tales crímenes de lesa humanidad.

En la entrega anterior dimos a conocer la admisión a trámite con número de identificación 184/2019 contra el Estado mexicano por desaparición forzada: el caso de David Jiménez Fragoso, quien estaba al frente del Comité Nacional de Prensa de la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC 23S) y que fue detenido-desaparecido por la Dirección Federal de Seguridad, la siniestra DFS dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Al día de hoy, el Poder Judicial ha admitido a trámite una segunda demanda contra el Estado mexicano por desaparición forzada, ésta por el caso de Florencio Coronel Chavarría, integrante de la Liga, detenido desaparecido en mayo de 1978.

Como el primero, el caso lo lleva el abogado Jaime Laguna –exintegrante de la LC 23S–. También participa en este caso el abogado Jesús Morales Hernández. Pronto podrían admitirse en cascada los casos de casi 400 militantes de la organización de los que hay documentación sólida acerca de su desaparición a manos de agentes del Estado mexicano.

La admisión a trámite, con número de identificación 184/2019, implica la reapertura de las investigaciones sobre el paradero de David Jiménez Fragoso. Como decíamos, hay requerimientos a distintas instancias que de inmediato deben estarse cumpliendo.

Y es que una vez admitida la demanda por desaparición forzada, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México –del Poder Judicial de la Federación– ha ordenado “al Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Ejecutiva a efecto de que remitan la información pertinente que obre en sus expedientes, en copia certificada, respecto de la persona desaparecida de nombre David Jiménez Fragoso”.

Además, ha dispuesto: “Procédase a llamar a juicio a cualquier persona que tenga interés jurídico en el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia en que se actúa, por medio de edictos”. Para ello también ha ordenado que se gire un oficio al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión Nacional de Búsqueda “para hacerle llegar el edicto que se elabore y lo publiquen en su página electrónica”.

También emitió un requerimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que proporcione una copia certificada de la recomendación 026/2001 (concerniente a la desaparición de David Jiménez Fragoso).

Además, ordenó al Archivo General de la Nación le sea remitido el expediente relacionado con los numerales: DFS.11-235-75, Exp. 28, Fojas 244 a 247; DFS.11-235-75, Exp. 27, Fojas 88 a 93; DFS.11-235-75, Exp. 28, Fojas 234 a 237; DFS.11-235-75; Exp. 28, Fojas 244 a 247, y DFS.11-235-75, Exp. 28, Foja 278.

Se trata de los documentos, hoy bajo custodia del Archivo General de la Nación, en los que consta la detención de David Jiménez Fragoso y los interrogatorios a los que fue sometido. Se trata, principalmente, de los documentos generados por la propia DFS en los que señala el día de la detención (7 de mayo de 1975) y en los que también se asientan las declaraciones que le fueron arrancadas a David en medios de la tortura: al menos el 8 y el 23 de mayo de ese año.

Incluso algunos de los documentos que dan cuenta de los interrogatorios a los que David fue sometido están firmados por el capitán Luis de la Barreda, entonces titular de la DFS.

Es decir, hay pruebas sólidas de que quien cometió el delito de desaparición forzada contra David Jiménez fueron policías y militares adscritos a la DFS y a la entonces Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal.

En realidad, las pruebas siempre estuvieron ahí. Lo que no hubo nunca fue voluntad política y, por el contrario, encubrimiento total a los perpetradores. Primero, los delincuentes eran los mismos que debían investigar el asunto. El mismo régimen que cometía las desapariciones era el encargado de aportar las evidencias. Además, nada podía esperarse de un Poder Judicial totalmente subordinado, como el Legislativo, al Ejecutivo.

Pasó el tiempo y en los siguientes sexenios se mantuvo el pacto de impunidad. Nada se hizo por investigar esos crímenes. Finalmente, era el mismo régimen. Llegó después la alternancia de partido en el poder y el histriónico Vicente Fox –el primer panista en asumir la Presidencia de la República– sólo simuló investigar y ningún caso se resolvió. Todo quedó de nueva cuenta en la impunidad.

El actual gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ha dejado en claro que no le interesa hacer justicia con respecto de los delitos cometidos en el pasado. Sin embargo, esperemos que, por lo menos, personajes enquistados en su gobierno no entorpezcan las investigaciones que hoy ha ordenado el Poder Judicial de la Federación. Familiares y pueblo en general tenemos derecho a saber qué fue lo que pasó con los desaparecidos y quiénes fueron los responsables de tales crímenes de lesa humanidad.

Zósimo Camacho/Segunda y última parte

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