En México, ser bailarín significa vivir en el desamparo. Las legislaciones no consideran a estos artistas como trabajadores y, por tanto, la seguridad social, estabilidad laboral y prestaciones son un lejano fantasma para ellos. Tal es la precariedad que hay quienes describen su situación como un abismo profesional

Tras un desafortunado giro con salto, Rosalía se tronó uno de los 206 huesos que conforman su cuerpo. El movimiento dancístico era parte de una pieza que ensayaba al lado de otros compañeros. El director de la compañía se acercó a ella y, al verla tirada, sólo dijo: ‘por favor, quítenme a esta niña de aquí para poder continuar el ensayo’”, recuerda Rosalía. Luego de eso, no recibió ningún apoyo, “ni siquiera emocional. Nada”.

Sin seguridad social, la exintegrante de una compañía de danza –de la cual se omiten mayores datos para evitar que la veten en otras compañías del país– tuvo que solventar los gastos médicos y de recuperación derivados de lo que se consideraría un accidente laboral. El problema es que Rosalía, como decenas de bailarines, no es considerada trabajadora y por tanto carece de cualquier derecho vinculado a ese ámbito.

Sufrir una lesión es una tragedia para quienes se dedican a esta profesión, cuya herramienta de trabajo es su propio cuerpo. Saltar, lanzar y desplegar en el aire una pierna hacia la izquierda y de inmediato al lado contrario para luego caer sólo en una extremidad puede resultar en rupturas óseas y, por ello, en cirugías y gastos médicos por miles de pesos, además de dejar de bailar –trabajar– por periodos largos.

En sus artículos 22 y 23, la Declaración Universal de los Derechos Humanos –de la que México es parte– refiere que toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad; así como derecho al trabajo, con condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección contra el desempleo.

Derechos que para decenas de bailarines sólo existen en el papel. La egresada de una escuela de danza ubicada en Europa recibió el diagnóstico preciso 6 meses después de haberse lesionado. De primera instancia, la ortopedista determinó un esguince de tercer grado, por lo que sólo le fueron recetados paliativos para desinflamar, cuando lo pertinente y necesario era realizar una resonancia magnética para saber que “tenía roto el hueso y el ligamento ya no funcionaba”.

El diagnóstico tardío hizo que Rosalía, por desconfianza, cambiara de médico y de hospital. Los gastos a partir de entonces se incrementaron radicalmente: acudió al nosocomio privado Médica Sur y ahí fue sometida a dos cirugías.

La cuenta hospitalaria resultó casi impagable: por las intervenciones quirúrgicas, los quirófanos utilizados, los honorarios de los médicos y la estancia de 4 días, Médica Sur le cobró medio millón de pesos. Gracias a un seguro médico que le compraron sus padres, Rosalía pudo saldar esa deuda.

Por tratarse de cirugías mayores estuvo en cama mes y medio. “Comencé la rehabilitación y no bailé durante 6 meses más”. Fue 1 año el que se alejó del salón de danza y los escenarios. La bailarina quedó con secuelas las cuales impidieron se recuperara totalmente. “No puedo llegar a mi extensión máxima como antes”.

Carecer de los derechos humanos a la seguridad social y al trabajo pone en una situación de suma vulnerabilidad a quienes se dedican a esta profesión, considera. Dedicarse a la danza de manera profesional sin protección “es entregarlo todo, tirarte al abismo y ver qué pasa…”

Bailarines, sin rostro en el mercado laboral

Al gremio de la danza no se le reconoce socialmente. En general, no tienen nada porque no son considerados trabajadores. Laboran en condiciones de precariedad, coinciden Haydé Lachino Mendoza, licenciada en gestión cultural y políticas públicas en materia cultural, por la Universidad de Guadalajara, y Argelia Guerrero Rentería, cofundadora de la Unión Nacional de Trabajadores de la Danza (Untradanza).

De acuerdo con Lachino Mendoza, además de no contar con seguridad social, el gremio artístico adolece de salario mínimo: no figuran en el tabulador de profesiones de la Ley Federal del Trabajo.

Las compañías de danza aprovechan estos vacíos legales, algunas de ellas pagan 200 pesos por función, denuncia la experta en gestión cultural. Tampoco les pagan los ensayos, refiere. Las arbitrariedades no paran ahí: al no contar con estabilidad laboral, pueden ser corridos en cualquier momento. Incluso su nombre puede omitirse en el programa de mano.

El nulo reconocimiento de la labor dancística es histórica y se debe a que es una práctica relacionada con el cuerpo y las emociones y no con la razón, considera Haydé Lachino, también directora de la Revista Interdanza, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Los ejecutantes aceptan las adversas condiciones de trabajo con tal de bailar y estar en un foro, opina Diego Vázquez, director artístico del Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (TCUNAM). “Ceden más”. Además, advierte, “no somos unidos” como gremio para exigir en colectivo la mejora de los derechos laborales.

Otro factor por el que los trabajadores de la danza no exigen mínimas condiciones laborales es que, desde su formación, fueron educados para obedecer y ser disciplinados, considera por su parte la gestora cultural Lachino Mendoza.

A pesar de que la danza en México crece “exponencialmente y de que existen jóvenes con mucho talento”, Diego Vázquez considera que la mayoría del gremio lleva una vida de sobrevivencia. Algunos estudian una segunda carrera, porque la danza no les da para llenar el refrigerador, buscan trabajar en varias compañías o ser profesores en escuelas particulares, incluso como instructores de aerobics.

“Se está de un lado a otro para ganarse el pan. Tienes ensayo en un lado, ensayo en otro; das clases aquí, allá; tomas clase aquí, allá”, dice Argelia Guerrero Rentería, quien a la par de formarse en la docencia en danza por la Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello, estudió Letras y Literatura Hispánicas en la máxima casa de estudios del país.

Derechos fundamentales convertidos en privilegio

En la Ciudad de México sólo dos compañías dancísticas garantizan condiciones mínimas para sus intérpretes: el Taller Coreográfico de la UNAM y la Compañía Nacional de Danza (CND), del Instituto Nacional de Bellas Artes, declara Stephanía Fierro, integrante del cuerpo de baile de la CND.

Aunque los 72 miembros de la Compañía Nacional están contratados como prestadores de servicios profesionales por parte del INBAL, están afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Al tener dicha prestación, cuentan con un fondo de ahorro para la vivienda y con una afore en la que cotizan para la vejez. No obstante, el monto cotizado no es el mismo que el sueldo percibido, por lo que lo ahorrado es una “cantidad ridícula”, reconoce Stephanía Fierro.

Asimismo –indica– el trabajo del bailarín es muy corto en general: el tiempo de permanencia en la Compañía es de entre 1 y 2 años. En promedio permanecen hasta por 8 años; pero es extraordinario que alguien dure 20 años.

“En ese tiempo [1, 2 u 8 años] no cotizas lo que realmente ganas, y no es algo que valga la pena porque la mayoría no va a volver a trabajar para el gobierno. Se pierde el dinero.” Fierro es de esos casos raros: ha laborado en la CND ya 7 años y en ese tiempo sus ahorros para su vejez no rebasan los 300 mil pesos. Ella sabe que eso no le alcanzará para una pensión digna.

Aunque en ambas compañías se considera un privilegio contar con seguro de gastos médicos mayores y fisioterapeutas, la realidad es que los integrantes del Taller Coreográfico de la UNAM y la Compañía Nacional de Danza no tienen estabilidad laboral: sus contratos son anuales y por honorarios. “No se sabe si el próximo año tendrás trabajo”, admite Fierro.

En entrevista, el abogado Carlos de Buen Unna –expresidente de la Sociedad Mexicana del Derecho y la Seguridad Social– señala que la contratación por servicios profesionales es una simulación contractual: un “fraude” a la ley y al trabajador porque los patrones no brindan seguridad social.

El caso del Taller universitario

El Taller Coreográfico “está en la gloria, porque pertenece a la máxima casa de estudios: [los integrantes] tienen beneficios de trabajadores aunque también son prestadores de servicios profesionales”, asegura su director artístico Diego Vázquez, y agrega que es la compañía que más baila en todo el país.

En contraste, Alfonso –bailarín de ese Taller a quien se le otorgó el anonimato para que no sufra represalias– señala a Contralínea que no cuenta “con seguridad social: ninguna prestación. No tenemos nada. Lo único con lo que contamos es con un gasto de seguro de gastos médicos mayores”.

Hace tiempo, el joven sufrió una lesión laboral durante un ensayo y requirió de una cirugía de espalda: “Afortunadamente el seguro que tenemos se hizo válido y me cubrió los gastos”.

La contratación por honorarios de quienes forman parte de la compañía universitaria se debe a que, hace aproximadamente 20 años cuando un movimiento de bailarines pidió que se les considerara como trabajadores de la UNAM, las autoridades de la máxima casa de estudios argumentaron no poder otorgarles definitividad por la propia Ley Federal del Trabajo. “No fue por maldad ni falta de voluntad”, explica Diego Vázquez, también director de la compañía Laleget Danza.

Según el coreógrafo, la Universidad objetó una “laguna en la ley”, pues especifica que “un trabajador tiene las posibilidades de retirarse a hasta después de los 65 años, antes no; y un bailarín no puede hacerlo porque ya no baila como si tuviera 30 años. La otra razón es porque “a lo mejor ya no quieres bailar y no quieres perder la antigüedad”.

Por ello, refiere, se hizo “un contrato muy sui géneris en donde se convirtieron en prestadores de servicios profesionales pero cuentan con prestaciones: seguro de gastos médicos que cubre desde una lesión, hasta una cirugía y fisioterapia con acupuntura. Se les da su bono al final del año, pueden hacer uso de la alberca olímpica. Tienen todo”.

No obstante, desde el punto legal no hay tal laguna, explica el abogado Raúl Wilfredo Padilla, integrante de la Barra Mexicana de Abogados. “Es una omisión de ellos. Nada tiene que ver la edad. Simplemente los hacen firmar este tipo de contratos para evitar responsabilidades”.

El también miembro de la firma Marván y Muñoz Abogados agrega que “es ilegal hacerlos firmar un contrato de prestación de servicios profesionales. Lo que deberían darles a firmar es un contrato formal”, pues son auténticos trabajadores.

Sin resolver, demanda legal en la UNAM

Si los bailarines carecen de seguridad social, los “aprendices” son el eslabón más débil de esa cadena laboral. Por ejemplo, en el TCUNAM donde se vive supuestamente “en la gloria”, la figura del bailarín aprendiz –vigente hasta enero de 2019– significaba la precariedad total. Sin importar los estudios con los que contara el danzante, carecía de todo: desde la remuneración hasta el seguro de gastos médicos. Al aprendiz no le daban nada.

Esta situación dejaba totalmente desprotegidos a los artistas. Tanto, que durante la administración de la fundadora Gloria Contreras una aprendiz demandó a la UNAM tras haberse lastimado una rodilla. La Universidad no cubrió los gastos médicos. El caso sigue abierto, declara Diego Vázquez.

El director del Taller afirma que la Universidad no fue responsable: “no fue su culpa”. La figura del aprendiz fue impulsada por Gloria Contreras con el fin de que los recién egresados pudieran aprender y tener un proceso de formación. “No fue con dolo”.

Les era permitido permanecer hasta 4 años. “Eso ya no está bien” porque “un aprendiz tiene que estar 6 meses, 1 año máximo. Luego tienen que partir”, advierte el coreógrafo universitario. “Por una cuestión legal de derechos [la UNAM decidió] que es mejor no seguir con la figura, aunque sea voluntario”.

Compañía Nacional, desprotegida por la 4T

Una de las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue “acabar con los privilegios” de los servidores públicos, entre ellos el pago de seguros de gastos médicos mayores. Pero no todos los que recibían ese beneficio estaban en una situación de privilegio.

Por ejemplo, la pérdida de ese seguro trastocó a la compañía de danza más importante del país porque era una de las pocas ayudas con las que cuentan los bailarines. La política de austeridad instrumentada por la llamada “cuarta transformación” dejó a los 72 integrantes de la Compañía Nacional de Danza sin su seguridad social básica, denuncia Stephanía Fierro integrante de la misma.

La Compañía Nacional ha pasado 6 meses sin los seguros de gastos médicos mayores y menores que tenían contratados de forma privada. Lo anterior a pesar de que el presidente de la República anunció la cancelación de “los seguros médicos privados [sólo] para altos funcionarios”.

En lo que va del año, al menos 50 trabajadores de la Compañía han tenido que pagar de su bolsillo radiografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas pues ha habido dos operaciones de rodilla, un parto, refiere Fierro.

Para la bailarina, la pérdida del seguro representa un problema porque aún con la prestación del ISSSTE prefieren ir a servicios médicos particulares, ya que el servicio público “no es opción: es muy tardado en términos de tiempo y de lesión. No, no puedo esperar 3 meses a que me den una cita para saber qué le pasó a mi pie.”

Además, Fierro señala que en el servicio público tratan de forma obsoleta situaciones médicas que los profesionales de la danza necesitan atenderse con tratamientos de vanguardia, porque son como los atletas de alto rendimiento.

El motivo de aplicar la política de austeridad para Fierro es claro: combatir la corrupción. Sin embargo, cree que las cosas “son mucho más finas” y las políticas no pueden ser aplicadas a todos los trabajadores del Estado por igual. “Se aplicó a ciegas. Nosotros no podemos trabajar sin seguro porque sería muy costoso pagar todas nuestras lesiones con nuestro sueldo”.

¿Responsabilidad de compañías o del Estado?

El deber de otorgar la seguridad social es de quien contrata los servicios, asegura el abogado Raúl Wilfredo. En este caso, las compañías deberían otorgarles prestaciones a sus trabajadores.

Sin embargo, Guerrero Rentería piensa que exigirle a las compañías es “poco rentable y realista” porque los propios coreógrafos (quienes dirigen las compañías) ponen de su bolsa para las producciones.

“Muchos consiguen los espacios de las escuelas en las que dan clase para no rentarlos. Ellos no disponen de recursos, no hay; si no es mediante una beca es imposible. Ellos también están en condiciones muy precarias.”

Para la cofundadora de Untradanza, el Estado tendría que discutir mecanismos dentro de los que haya algunas garantías para que “tú como creador puedas inscribir a tus bailarines en cierta relación laboral y puedan garantizar seguridad social, servicio médico”.

Seguridad social, un problema estructural

La carencia de la seguridad social es estructural: el sector artístico no es la única víctima. En México, más de 68 millones de personas no cuentan con un seguro médico, un fondo de ahorro para la vejez ni con la posibilidad de contar con un crédito para adquirir una vivienda propia, refiere el informe Pobreza y derechos humanos 2017, elaborado por  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ello se debe a que los derechos laborales van en retroceso, “tan es así que ahora creemos que ciertas condiciones laborales dignas son un privilegio y no un derecho garantizado”, señala Argelia Guerrero, quien en Untradanza brinda asesorías para que los bailarines exijan ciertas condiciones en sus contratos.

Dentro del gremio artístico hay una idea generalizada de que la seguridad social debe otorgárseles en tanto que artistas y no en tanto que ciudadanos. “La seguridad social debería ser extensiva para todos aquellos que pagan sus impuestos y que contribuyen a sostener las instituciones”, señala Haydé Lachino, también maestra en filosofía política por la Universidad Nacional de Quilmes.

En el caso de que sólo se les diera la seguridad social a los artistas se romperían los preceptos constitucionales “y el pacto que hace de este país una República, porque en la Carta Magna se establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley”.

Es por ello que en la Comisión de Cultura del Senado de la República se busca ya no brindar este derecho únicamente a los artistas, si no a todos los mexicanos. Ello pese a que en 2011 y en diciembre de 2018 en esa misma cámara se buscó impulsar una ley que crearía un fideicomiso para otorgar este derecho a los artistas mexicanos, pero no prosperó.

La senadora Susana Harp Helú, quien preside la Comisión de Cultura, ha dejado a un lado su promesa de que esta petición de la comunidad artística sea una prioridad, porque –dice a Contralínea– fueron encontradas complicaciones como determinar quién es artista y quién no. Por tal motivo se decidió hacer abarcativo el derecho: “Todos los mexicanos deberíamos tener los mismos derechos”.

La también músico asegura que el proyecto podrá llevarse a cabo en el mandato de López Obrador a pesar de que “el Estado no está preparado para hacer un proyecto de esta envergadura”, el cual cambiaria todo el sistema de salud. Además de presupuesto, para lograrlo es necesario “hacer crecer la cobija porque la cobija la jalan pa’ un lado y la jalan pa’l otro, algo destapan siempre”.

Aunque aún no se cuenta con el presupuesto suficiente para ello, en el Senado se trabaja en “una reforma muy grande en donde todos los mexicanos gozarán de seguridad social”, asegura la senadora Antares Vázquez, miembro de la Comisión de Derechos Humanos.

Guerrero Rentería –cofundadora de la Unión Nacional de Trabajadores de la Danza– observa que en el gremio no hay mucha esperanza de que en esta administración se logre la seguridad social, pues no existe un proyecto cultural que vaya más allá de justificar presupuestos. “No veo, no existe. No hay un trato digno, no hay nada”.

Jordana González

[INVESTIGACIÓN] [SOCIEDAD]