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En el juicio que se le sigue por la compra irregular de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, una de las principales pruebas que presentará la defensa del exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, es el acta de la 865 sesión extraordinaria del Consejo de Administración de la petrolera.

Encabezada por el entonces secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en la reunión se detalló la ruta que siguió la petrolera para llevar a cabo esa adquisición, por la cual fueron giradas las órdenes de aprehensión en contra del exdirector de la petrolera y del empresario Alonso Ancira.

Entre otras cosas, el acta revela que aquel 17 de diciembre de 2013 Lozoya Austin señaló que la compra de la empresa de Ancira derivaba de una urgencia del propio gobierno de Enrique Peña Nieto para supuestamente reactivar el campo mexicano, y que para ello se utilizaría el entramado del Grupo PMI.

Así, abiertamente se le informó al Consejo de Administración que el esquema de la compra implicaría la triangulación de recursos públicos vía las compañías instrumentales que la petrolera posee tanto en México como en el extranjero, incluidos paraísos fiscales.

En su página 17, el acta da cuenta de que el entonces director general de Pemex destacó ante los consejeros “que se había utilizado a PMI y no se había hecho a través de Pemex Petroquímica, dado que por esta [última] vía hubiera tomado mucho más tiempo, y había premura por parte del gobierno federal para llevar a cabo la producción de fertilizantes lo más pronto posible”.

La ruta para la compra de la planta chatarra fue expuesta explícitamente ante el Consejo, sin que éste se opusiera. Fue Edgar Torres Garrido, entonces asesor ejecutivo de Lozoya, quien expuso la “estructura del negocio”: ésta, dijo, “se integraría a través del Grupo PMI, siendo que PMI Norteamérica y PMI Holdings habían creado el instrumento PMI Infraestructura de Desarrollo, a través del cual se crearía PMI Fertilizantes”.

Como Contralínea lo ha informado, fue al día siguiente de esa sesión extraordinaria cuando se constituyó el “instrumento” que no se llamó PMI Fertilizantes, sino Pro Agroindustria, con el objeto de materializar la compra de la planta chatarra y más adelante del Fertinal, el segundo asunto por el cual se le persigue a Lozoya.

Regresando a aquella 865 sesión extraordinaria, en el acta se lee que Edgar Torres abundó en el esquema de triangulación de recursos: a partir de la aprobación del Consejo de Administración, el Grupo PMI pondría la infraestructura, mientras que la petrolera, a través de su subsidiaria Petroquímica, pondría los insumos, “para generar un solo proyecto en el que Pemex sería accionista en toda la cadena”.

No todo el contenido del documento parece ser favorable a la defensa de Lozoya Austin, pues en esa misma exposición se descubre que la operación para beneficiar a Ancira inició mucho tiempo antes de que el Consejo de Administración firmara ese 17 de diciembre el acta que daba el visto bueno a la compra.

De hecho, Torres indicó que desde el 19 de julio de ese mismo año –2013– PMI Holdings [una de las 61 empresas instrumentales de Pemex que se encuentra radicada en Países Bajos] aprobó la compra y otorgó “suficiencia presupuestaria” para ello. El monto autorizado ascendía a 475 millones de dólares.

Ocho días antes de esa sesión extraordinaria, el 9 de diciembre, se presentó “el caso de negocio en los Consejos de Administración de PMI Norteamérica, SA de CV, y de PMI Infraestructura de Desarrollo, SA de CV, quienes a su vez autorizaron a realizar una inversión máxima de 275 millones de dólares para la compra de los activos de la empresa Agro Nitrogenados”, según explicó.

Sobre el tema del dinero, Lozoya Austin también aportó información a los consejeros: de los 475 millones de dólares que la filial PMI Holdings aprobó invertir, 275 millones serían para la adquisición de los activos de la planta, y los otros 200 millones para la rehabilitación de éstos y su modernización. Queda claro con esto que tanto los servidores públicos de Pemex como los integrantes del Consejo de Administración tuvieron pleno conocimiento de que la planta no se encontraba en condiciones óptimas: era un amasijo de fierros inservibles.

Y es que no sólo se trataba de la propia explicación del capital requerido para reactivar la planta, sino de los detalles que se ventilaron en la sesión extraordinaria. Resulta que Edgar Torres señaló literalmente que “lo que se estaba buscando con el proyecto era que PMI  adquiriera los activos de Agro Nitrogenados para renovar la planta y ponerla en funcionamiento, y que posteriormente Pemex Petroquímica y PMI formaran una sociedad e integraran la cadena de valor de amoniaco urea en beneficio de los productores rurales que tienen menor nivel de desarrollo que se ubican en el Sur Sureste del país”.

Para entonces, Pemex ya conocía a profundidad la situación real de la planta. Y es que Torres informó al Consejo que se tenían tres estudios de empresas contratistas que habían hecho estimaciones respecto al costo potencial de la rehabilitación de la planta. Rehabilitación que sólo era necesaria ante una clara falta de operación.

Según el documento, en esa sesión participaron el entonces secretario de Energía y consejero presidente, Pedro Joaquín Coldwell; y los consejeros Enrique Ochoa Reza, que en aquel momento era el subsecretario de Planeación y Transición Energética; Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, y José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía.

También, los consejeros representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana: Fernando Navarrete Pérez, Fernando Pacheco Martínez, Jorge Wade González, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz y José Pilar Córdova Hernández; y los llamados consejeros profesionales: José Fortunato Álvarez Enríquez, Héctor Moreira rodríguez, Jorge Borja Navarrete y Fluvio César Ruiz Alarcón. Veremos a quiénes de ellos empiezan a llamar a cuentas.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]

 

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