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Al menos 117 integrantes del Congreso Nacional Indígena han sido asesinados desde su fundación en 1996. Otros 11 se encuentran desaparecidos. Diez de los asesinatos ocurrieron durante los primeros 5 meses del gobierno de López Obrador. Para la organización indígena, es el peor inicio de sexenio al que se enfrenta

El Congreso Nacional Indígena (CNI) se encuentra bajo fuego. Está ante el peor inicio de un sexenio desde que fuera fundado el 12 de octubre de 1996. Andrés Manuel López Obrador cumple medio año de haber asumido la Presidencia de la República, tiempo en el que 10 casos se sumaron a la larga lista de asesinatos y desapariciones contra activistas indígenas de esta organización: un nahua de Colima, cuatro nahuas de Guerrero, un tsotsil de Chiapas, un me’phaa de Guerrero, un nahua de Morelos y dos choles de Chiapas. Todos, activistas en la defensa de su cultura, sus montes y sus aguas.

Los perpetradores de tales crímenes se permitieron la saña de quienes se saben impunes. Algunos de los muertos fueron torturados y descuartizados. A otros se les ultimó en las inmediaciones de sus domicilios. Otros más fueron emboscados. Nadie ha sido detenido por estos asesinatos y las investigaciones no avanzan. La muerte, en lo que va de la “cuarta transformación”, tiene permiso si de indígenas rebeldes se trata.

Invariablemente, las comunidades que lloran a estos 10 asesinados están en procesos de resistencia contra megaproyectos que buscan cercenar territorios indígenas y que atentan contra la subsistencia de sus culturas. Sus tierras están en disputa, ya sea como fuente de recursos naturales (minería, carreteras, termoeléctrica) que como zona de trasiego de drogas, personas y armas.

La violencia se recrudece, pero no es nueva, señala Carlos González, nahua de Jalisco, abogado especialista en derecho agrario. Explica que lo que viven los pueblos indígenas es una “guerra permanente”. En entrevista con Contralínea, el integrante de la Coordinación del Concejo Indígena de Gobierno del CNI abunda en que las agresiones contra las comunidades son parte de “una política sistemática y perfectamente planificada para destruir y para exterminar a los pueblos indígenas”.

Explica que por ello el CNI busca “articular una política nacional de resistencia, a través del Concejo Indígena de Gobierno”.

Un recuento no exhaustivo, con datos del CNI, arroja 117 asesinatos y 11 desapariciones contra sus integrantes, desde que fue fundado en 1996. La cifra real es mayor, porque en esta lista tentativa generalmente sólo aparecen aquellos que tenían responsabilidades políticas y/o operativas. Faltan los nombres de quienes resultaron muertos y resistían desde sus milpas, sus ceremonias, sus labores cotidianas.

El peor año para las comunidades del Congreso Nacional Indígena ha sido 1997. En una sola acción, paramilitares del grupo priísta Máscara Roja, masacraron a 49 indígenas en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre. Entonces el CNI cumplía 1 año con 2 meses.

De la lista preliminar de asesinados, en construcción en el CNI, se contabilizan: 51 tsotsiles (de tres comunidades de Chiapas); 33 nahuas (22 de Michoacán, cinco de Jalisco, cuatro de Guerrero, uno de Morelos y uno de Colima); seis binnizá (de dos comunidades de Oaxaca); seis choles (de tres comunidades de Chiapas); cinco purépechas (de dos comunidades de Michoacán); cinco chontales (de dos comunidades de Oaxaca); tres triquis (de dos comunidades de Oaxaca); tres tseltales (de dos comunidades de Chiapas); dos chinantecos (Oaxaca) una nu’saavi (Oaxaca), un me’phaa, un mixe (Oaxaca).

Las 11 personas indígenas integrantes del CNI desaparecidas son 10 nahuas de Michoacán, Jalisco, Veracruz y Puebla y un indígena oaxaqueño desaparecido en la Ciudad de México.

Por estado de la República, son 60 indígenas asesinados de Chiapas; 27 de Michoacán; 18 de Oaxaca; cinco de Guerrero; cinco de Jalisco; uno de Morelos, y uno de Colima. Los desaparecidos son cinco de Michoacán; dos de Jalisco; dos de Veracruz; uno de Oaxaca, y uno de Puebla. La mayoría de estos desaparecidos han superado los 7 años de que no se sepa nada de ellos.

El doctor Gilberto López y Rivas considera que México es el paradigma mundial de un tipo de contrainsurgencia, la que se ejerce contra los pueblos indígenas. Dentro de esta guerra, se encuentra un componente: el del combate a las drogas, que en realidad no combate al crimen organizado sino que lo utiliza de pretexto y es el propio Estado mexicano el que se convierte en mafioso y delincuencial. Por ello, las agresiones del narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado contra las comunidades en resistencia deben ser consideradas parte de la misma guerra contrainsurgente que les hace el Estado mexicano.

Señala que del nuevo gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, los pueblos indígenas no pueden esperar un cambio a su favor. Cuestiona una supuetsa militancia de izquierda del hoy presidente de la República, pues todo su proyecto de gobierno se inscribe en los márgenes del neoliberalismo.

Explica que incluso el modo de producción y modelo económico vigente en México es el del llamado “necrocapitalismo”, un capitalismo basado en la muerte, la destrucción y la guerra. De acuerdo con el antropólogo, la lucha de los pueblos indígenas es la respuesta a un proceso de recolonización de los territorios, ahora no a nombre de una Corona o gobierno extranjero, sino de las empresas; “y dentro de ellas, la gran corporación capitalista que es el crimen organizado”.

Considera que la “cuarta transformación” vendrá a “acentuar las políticas de despojo. Y la Guardia Nacional es un instrumento de cómo controlar un país por la vía de los militares que ni soñaron Fox, Calderón o Peña Nieto”.

Diez asesinados desde diciembre

Los asesinados durante el actual sexenio de Andrés Manuel López Obrador son Noé Jiménez Pablo, Santiago Gómez Álvarez, Samir Flores Soberanes, Julián Cortés Flores, Ignacio Pérez Girón, José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote y un joven nahua colimense.

Noé Jiménez Pablo, dirigente chol del Movimiento Campesino Regional Independiente, organización adherida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (Mocri-CNPA MM), fue secuestrado el 17 de enero pasado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, junto con el militante de la misma organización Santiago Gómez Álvarez. Un comando armado irrumpió en el plantón que la organización mantenía en el palacio municipal de Amatán y se llevó aproximadamente a 50 personas.

Todas fueron apareciendo, con la excepción de Noé y Santiago. Sus cuerpos fueron encontrados desfigurados por la tortura un día después, en un basurero a 3 kilómetros de la cabecera de Amatán. Sus captores les dieron tormento con ácido. Por esos sus rostros quedaron irreconocibles.

El Mocri-CNPA-MC mantenía un plantón en el Palacio Municipal de Amatán contra los hermanos Carpio Mayorga, quienes han controlado el municipio por 20 años, bajo las siglas de los partidos Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) –en alianza con el Revolucionario Institucional (PRI)– y ahora bajo las del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El tercer integrante del CNI caído en lo que va del sexenio es el nahua Samir Flores Soberanes. Fue asesinado el 20 de febrero pasado en las puertas de su domicilio, en Amilcingo, Morelos. Hasta su casa llegó un grupo de personas en dos automóviles. Le llamaron a gritos para supuestamente pedirle solicitarle que transmitiera un mensaje a través de la radio comunitaria. Cuando Samir salió, las personas le dispararon en cuatro ocasiones, dos balazos fueron en la cabeza.

Dirigente de la comunidad, Samir era uno de los principales activistas contra el Proyecto Integral Morelos. Precisamente fue asesinado después de que López Obrador mostrara su respaldo a la puesta en marcha de la termoeléctrica en tierras indígenas de Morelos y a unos días de que se realizara una “consulta” para que se aprobara el megaproyecto. Era campesino, herrero y periodista comunitario.

El cuarto asesinato de un integrante del CNI es el del me’phaa Julián Flores Cortés, quien fue asesinado en San Luis Acatlán, Guerrero, el pasado 12 de abril. Un comando armado lo atacó a balazos a 200 metros de la Casa de Justicia. Era el líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la región de Costa Chica.

El tsotsil Ignacio Pérez Girón, síndico indígena del municipio de Aldama, Chiapas, se convirtió en el quinto indígena asesinado en lo que va del sexenio. El 4 de mayo de 2019 fue secuestrado, torturado y asesinado en Tuxtla Gutiérrez. El activista denunció los ataques de paramilitares contra su comunidad, la cual mantiene una disputa por 60 hectáreas de tierra con la comunidad de Chenalhó. Durante meses, los pobladores han vivido en la zozobra por las constantes emboscadas e incursiones de grupos armados.

El mismo 4 de mayo pasado ocurrieron dos asesinatos más, éstos en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Los nahuas José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián eran integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipo EZ). Fueron emboscados y asesinados cuando regresaban a sus comunidades luego de sostener una reunión en Chilpancingo, capital del estado.

Dos semanas después, el 23 de mayo, y en la misma región, los nahuas Bartolo Hilario Morales, de la comunidad de Tula, e Isaías Xanteco Ahuejote, de la comunidad de Xicotlán, fueron secuestrados, torturados y asesinados. Regresaban a sus comunidades luego de concluir algunas reuniones. También eran integrantes del Cipo EZ y de la CRAC-PC Pueblos Fundadores. Sus cuerpos fueron encontrados desmembrados.

Estos últimos cuatro asesinatos ocurren en el contexto de resistencia de las comunidades de la Montaña baja de Guerrero ante los cárteles del narcotráfico Los Rojos y Los Ardillos, que buscan controlar el territorio indígena para el trasiego de drogas, armas y personas.

Finalmente, el décimo caso del sexenio es el de un joven nahua que fue víctima de grupos paramilitares que buscan aterrorizar la comunidad de Zacualpan, municipio de Comala, en Colima. El 31 de mayo de 2019,  irrumpió un comando armado en las calles del poblado y arremetió indiscriminadamente contra la población. El joven murió y otros tres resultaron heridos. En la región se vive un conflicto por la tierra con una comunidad mestiza del estado de Jalisco.

Autonomía, el camino

Amador Cortés Robledo es concejal por la zona me’phaa ante el CNI, ratificado por los nahuas de la Montaña baja. Es parte de la CRAC-PC PF. Sufre junto con las comunidades montañeras el cerco paramilitar que Los Rojos y Los Ardillos ciernen sobre la región. También es integrante del Cipo EZ, la organización que está bajo ataque permanente y a la cual pertenecían los cuatro nahuas asesinados en 20 días.

No se arredra. No hay marcha atrás. Los pueblos que se están organizando no tienen otra opción. Es un asunto de sobrevivencia. Por lo menos, las de la Montaña baja han iniciado un camino sin retorno por la autogestión y el autogobierno.

“Los pueblos indígenas creemos que la única manera de plantear y construir nuestros sueños y reivindicar nuestros derechos es la creación de nuestra propia organización.”

Del CNI, Amador Cortés señala que “es nuestra casa grande”. Señala que este Congreso y el Concejo Indígena de Gobierno permiten que las luchas de los pueblos indios no estén aisladas y sólo queden en el ámbito local. “Los pueblos están en el contexto nacional. La labor de nosotros como concejales es promover estos derechos, sobre todo la defensa del territorio, los minerales, el agua, el petróleo, los árboles y todo lo que nuestro territorio posee”.

Lejos de la teorización, del lenguaje academicista e ideologizado, Amador Cortés tiene claro que los pueblos indígenas deben gobernarse a sí mismos. Para ello, deben construir sus propias instituciones. “Por eso luchamos los originarios y los afromexicanos. Estamos en pie. Ya no podemos parar. Vamos a parar hasta que se respete la manera en que vivimos, nuestra cosmovisión, nuestra relación de respeto con la Madre Tierra”.

Señala que el CNI y, particularmente, los pueblos de la Montaña baja de Guerrero libran una lucha como la que libró Emiliano Zapata hace más de 1 siglo. “Somos orgullosamente zapatistas de corazón, porque Zapata luchó por  el regreso de la tierra, que estaba en manos de los hacendados, a los indígenas. Es lo que estamos luchando. Que no entren [los nuevos hacendados] a los territorios”.

Advierte que serán los pueblos indígenas darán la batalla “a nivel nacional” por derogar la reforma al Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impulsó Carlos Salinas de Gortari durante su mandato.

Para el activista guerrerense Efrén Cortés Chávez, la violencia que sufren las comunidades se debe a que “el proyecto indígena choca con el proyecto del Estado mexicano, que es un proyecto neoliberal”. Explica que mientras los pueblos indígenas aspiran a construir una sociedad más colectiva, la columna vertebral del proyecto neoliberal es el individualismo.

A lo anterior se suma que “los grandes proyectos de obra no se van a parar, porque es una necesidad del neoliberalismo, del capitalismo financiero. Automáticamente choca [con las organzacines indígenas] porque ahí no entra ya el proyecto indígena. “Desde ahí ya está la contradicción y el antagonismo. Y el antagonismo es en la práctica no en la política: con la explotación, la visión extractista de los recursos naturales. Y ahí está la confrontación. No en el ámbito político sino en la realidad, en el aspecto del quehacer: económico, político, territorial.

María de Jesús Patricio Martinez, médica tradicional nahua, señala que los pueblos indígenas están atentos a las políticas que, diseñadas “desde arriba”, buscan despojar y exterminar a las naciones, tribus y pueblos originarios que habitan México.

Sin embargo, la vocera del CIG y exprecandidata a la Presidencia de la República por parte del CNI señala que lo más importante es lo que se organiza abajo, en las comunidades, porque sólo entre todos los pueblos indígenas podrán “parar todo este despojo”.

Asesinados

24 de mayo de 1997, Unión  Yaxjemejel, Chiapas. Tsotsil Cristóbal Pérez M, profesor y representante de la comunidad. Su cuerpo y su cabeza fueron encontrados en llugares distintos 4 meses después de que había desaparecido.

22 de diciembre de 1997, Acteal, Chiapas. 49 tsotsiles de la organización Las Abejas asesinados por paramilitares de del grupo paramilitar Máscara Roja, vinculado al PRI y adiestrado por exmilitares y expolicías. Adultos asesinados: Manuel Santiz Culebra, Daniel Gómez Pérez, Victorio Vázquez Gómez, Miguel Pérez Jiménez, Ignacio Pucuj Luna, Alonso Vázquez Gómez, Lorenzo Gómez Pérez, Antonio Vázquez Luna, María Pérez Oyalté, Narcela Capote Ruiz, Marceka Pucuj Luna, Catalina Luna Pérez, Manuela Pérez Moreno o Manuela Paciencia Moreno, Margatita Méndez Paciencia, Marcela Luna Ruiz, Juana Pérez Pérez o Florinda Pérez Pérez, María Gómez Ruiz, Verónica Vázquez Luna, Paulina Hernández Vázquez, Susana Jiménez Luna, Rosa Pérez Pérez, Antonia Vázquez Pérez, Marcela Vázquez Pérez, Juana Luna Vázquez, Juana Gómez Pérez, María Capote Pérez, Marcela Capote Vázquez. Menores de edad: Martha Capote Pérez, Rosa Vázquez Luna, Loida Ruiz Gómez, Micaela Vázquez Pérez, Josefa Vázquez Pérez, Sebastián Gómez Pérez, Juana Pérez Luna, Roselina Gómez Hernández, Lucía Méndez Capote, Graciela Gómez Hernández, María Luna Méndez, Silvia Pérez Luna, Vicente Mendoza Capote, Micaela Vázquez Luna, Juana Vázquez Luna, Alejandro Pérez Luna, Juan Carlos Luna Pérez, Guadalupe Gómez Hernández, más cuatro bebés no nacidos.

8 de agosto de 2003, Juchitán, Oaxaca. Binnizá Carlos Sánchez López, originario de la comunidad Unión Hidalgo e integrante de la Coalición Obrero Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI) y del Concejo Ciudadano Unidalguense contra el Plan Puebla Panamá (PPP). Asesinado a golpes cuando caminaba de noche en calles de Juchitán.

5 de abril de 2004, Unión Hidalgo, Oaxaca. Binnizá Manuel Posada Chévez, integrante de la COCEI y del Concejo Ciudadano Unidalguense contra el PPP. Interceptado de noche por policías municipales y asesinado a puñaladas.

31 de diciembre de 2004, Ayotitlán, Jalisco. Nahua Nazario Aldana Villa, integrante del Concejo de Mayores y último juez tradicional de la Sierra de Manantlán. Asesinado a balazos en su comunidad.

11 de marzo de 2006, Cuzalapa, Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. Nahua Francisco Concepción Gabiño Quiñonez, oponente a las actividades de la Mina Peña Colorada (propiedad de la multinacional italiana Ternium del Grupo Techint) y la introducción del Programa de Certificación en Comunidades (Procecom). Su cuerpo fue encontrado amarrado, degollado y con rastros de tortura.

13 de noviembre de 2006, Viejo Velasco, Ocosingo, Chiapas. Choles Filemón Benítez Pérez, Antonio Benítez Pérez, María Núñez González y Vicente Pérez Díaz, integrantes de la organización Xi-Nich. Asesinados por elementos por la Policía Sectorial de Chiapas.

20 de abril de 2007, Rancho Viejo, Ayotitlán, Jalisco. Nahua Aristeo Flores Rolón, integrante del Concejo de Mayores de Ayotitlán. Emboscado y asesinado cuando llegaba a su hogar, de noche, luego de la reunión en que el Concejo acordaba acciones para echar a las mineras del territorio indígena.

26 de julio de 2008, Aquila, Michoacán. Nahua Diego Ramírez Domínguez, coordinador de la comisión especial que la asamblea general de comuneros nombró para la defensa y recuperación de la totalidad de las tierras de Santa María Ostula. Su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura.

15 de agosto de 2009, Santa María Ostula, Michoacán. Nahuas Simón Pineda Verdía y Simón Pineda hijo, comuneros e integrantes de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. Emboscados y asesinados.

11 de septiembre de 2009, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Quintín Regis Valdés, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

15 de septiembre de 2009, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Érik Nemesio Domínguez, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

27 de abril de 2010, La Sabana, San Juan Copala Oaxaca, Nu saavi Alberta Cariño Trujillo, impulsora de la autonomía de los pueblos indígenas, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos. Asesinada en una emboscada contra una caravana de ayuda humanitaria.

20 de mayo de 2010, Yosoyuxi, Copala, Oaxaca. Triquis Timoteo Alejandro Ramírez, líder natural de los pueblos triquis, fundador del MULT, el MULTI e impulsor del Municipio Autónomo en San Juan Copala, y Tleriberta Castro, impulsora de la autonomía y esposa de Timoteo. Fueron asesinados a machetazos en su casa, frente a sus hijos, por peronas que se habían hecho pasar por vendedores de abarrotes.

1 de enero de 2011, Santa María Ostula, Michoacán. Nahuas Ernesto Nicolás López y Pedro Nazario Domínguez, comuneros e integrantes de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaba en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios.

1 de febrero de 2011, Aquila, Michoacán. Nahua Pedro Guzmán Ramírez, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

20 de marzo de 2011, La Cofradía de Ostula, Michoacán. Nahuas Isidro Mora Domínguez y Feliciano Cirino Domínguez, comuneros e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. Interceptados y asesinados con armas de uso exclusivo de las Fuerza Armadas.

2 de mayo de 2011, Aquila, Michoacán. Nahuas Jonathan Verdía Gómez y Fortino Verdía Gómez, comuneros e integrantes de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. Fueron quedamos vivos.

13 de mayo de 2011, Aquila, Michoacán. Nahuas Ambrosio Verdía Macías y Francisco Verdía Macías, comuneros de Santa María Ostula. El primero, también integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. El segundo, director de la escuela primaria de Ostula.

28 de mayo de 2011, Aquila, Michoacán. Nahuas Nicolás de la Cruz Rojas y Rafael Nicolás de la Cruz Nemesio, padre e hijo, comuneros de Santa María Ostula. El primero, comandante del tercer grupo de la Guardia Comunal que recuperó las tierras de Xayacalan que estaban en poder de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

29 de mayo de 2011, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Juan Faustino Nemesio, comunero y comandante del segundo grupo de la Guardia Comunal que recuperó las tierras Xayacalan que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

10 de junio de 2011, Xayacalan, Ostula, Michoacán. Nahua Pedro Leyva Domínguez, comunero de Santa María Ostula integrante de Comisión de Defensa de los Bienes Comunales y de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

6 de junio de 2011, tierras de Santa María Ostula, Michoacán. Nahua J Trinidad de la Cruz Crisóstomo, líder comunero, comandante de la Guardia Comunal que recuperó las tierras que habían sido arrebatadas por narcotraficantes y “pequeños propietarios” y jefe de la encargatura de Xayacalan. Interceptado, secuestrado, torturado y asesinado por paramilitares.

28 de diciembre de 2011, La Ticla, Ostula, Michoacán. Nahua Crisóforo Sánchez Reyes, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”. Torturado y asesinado en un campo de futbol de la comunidad.

18 de mayo de 2012, Aquila, Michoacán. Nahua Teódulo Santos Girón, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

17 de diciembre de 2012, San Lucas Camotlán, Oaxaca. Mixe Pablo Jarquín Ruiz. Asesinado por militares.

24 de abril de 2013, San Sebastián Bachajón, Chiapas. Tseltal Juan Vázquez Guzmán. Asesinado por defender el territorio.

30 de junio de 2013, San Antonio Las Palmas, Jocotepec, Oaxaca. Chinanteco Maximino Salas Hernández, presidente del Comisariado Ejidal de su comunidad e integrante de Fuerza Chinanteca Kia-nan. Asesinado a machetazos cuando reparaba la cerca de un potrero.

1 de agosto de 2013, Juchitán, Oaxaca. Binnizá Héctor Regalado Jiménez, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco. Asesinado por elementos de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial y elementos de seguridad de la empresa Gas Fenosa.

21 de marzo de 2014, San Sebastián Bachajón, Chiapas. Tseltal Juan Carlos Gómez Silvano. Asesinado por defender el territorio.

2 de mayo de 2014, La Realidad, Chiapas. Tseltal José Luis Solís López, Galeano, integrante de la Junta de Buen Gobierno de La Realidad y votán de La Escuelita La Libertad según los Zapatistas. Asesinado de 2014 por integrantes de la CIOAC-H.

24 de septiembre de 2014, San Andrés Lovene, San Juan Ozolotepec, Oaxaca. Binnizá Jaime López Hernández, secretario del consejo directivo de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO). Fue asesinado de un disparon por la espalda cuando vistaba la tumba de su madre.

12 de enero de 2015, Copala, Juxtlahuaca, Oaxaca. Triqui Julián González Domínguez, uno de los impulsores de la autonomía de San Juan Copala. Fue sacado de su domicilio por hombres armados; su cuerpo fue encomtrado horas después con las manos atadas por la espalda.

20 de octubre de 2015, Cerro Caliente, San Pablo Jocotepec, Oaxaca. Chinanteco Jeremías Mendoza Ramos, dirigente en la Cuenca del Papaloapan de la Unión Campesina Indígena de Oaxaca Emiliano Zapata (UCIO EZ). Fue emboscado cuando se dirigía a su domicilio.

5 de abril de 2017, Arantepacua, Michoacán. Purépechas Santiago Crisanto Luna, Francisco Jiménez Alejandre, José Carlos Jiménez Crisóstomo y menor de edad Luis Gustavo Hernández Cuenete. Asesinados con armas de fuego por policías del estado que irrumpieron en la comunidad.

8 de abril de 2017, San Pedro Tapanatepec, Oaxaca. Binnizá Alberto Toledo Villalobos, activista contra la mineria y contra los altos cobros del serviici de la energía eléctrica. Fue intecreptado en un tramo carretero y torturado hasta morir.

16 de enero de 2018, Chilchota, Michoacán. Purépecha Guadalupe Campanur Tapia, originaria de la comunidad de Cherán y fundadora de la Ronda Comunitaria.

12 de febrero de 2018, carretera Puerto Angel-Oaxaca. Chontales de la Costa de Oaxaca Abraham Hernández González, Ignacio Basilio Ventura y Luis Ángel Martínez; el primero, coordinador regional y los segundos, integrantes del Comité por la Defensa de los Pueblos Indígenas. Emboscados por personas que portaban aermas de uso exclusivo de as Fuerzas Armadas.

17 de julio de 2018, San Pedro Pochutla, Oaxaca. Chontal de la Costa de Oaxaca Abraham Hernández González, coordinador rgional en la comunidad Los Ciruelos del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas. Fue sustraído de su domicilio por hombres armados. Su cuerpo se encontró horas después en Pochutla.

22 de julio de 2018, Juchitán, Oaxaca. Binnizá Rolando Crispín López.

25 de octubre de 2018, Barra de la Cruz, Santiago Astata, Oaxaca. Chontal de la Costa de Oaxaca Noel Castillo Aguilar, integrante del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas. Le dispararon con armas de fuego cuando se trasladaba en taxi rumbo a su domicilio.

17 de enero de 2019, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Choles Noé Jiménez Pablo y Santiago Gómez Álvarez, líder y militante, respectivamente, del Movimiento Campesino Regional Independiente, organización adherida a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (MOCRI-CNPA MM). Secuestrado, torturado y asesinado.

20 de febrero de 2019, Amilcingo, Morelos. Nahua Samir Flores Soberanes, dirigente de la comunidad, uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos y delegado del Congreso Nacional Indígena. Asesinado con armas de fuego a las puertas de su domicilio.

12 de abril de 2019, San Luis Acatlán, Guerrero. Me’phaa Julián Cortés Flores, coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

4 de mayo de 2019, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tsotsil Ignacio Pérez Girón, síndico indígena del municipio de Aldama, activista que denunció los ataques de paramilitares contra su comundad. Secuestrado, torturado y asesinado.

4 de mayo de 2019, Chilapa de Álvarez, Guerrero. Nahuas José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, concejal y delegado, respectiamente ante el Concejo Indígena de Gobierno y el Congreso Nacional Indígena. A,bos integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipo EZ). Emboscados y asesinado cuando regresaban a sus comunidades luego de sostener una reunión en Chilpancingo.

23 de mayo de 2019, Chilapa de Álvarez, Guerrero. Nahuas Bartolo Hilario Morales, de la comunidad de Tula, e Isaías Xanteco Ahuejote, de la comunidad de Xicotlán. El primero era comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria Pueblos Fundadores y el segundo, integhrante de la misma organización. Ambos eran promotores del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipo EZ). Fueron secuestrados y sus cuerpos fueron encontradoos descuartizados.

31 de mayo de 2019, Zacualpan, Comala, Colima. Joven nahua asesinado por hombres armados que irrumpieron en la comunidad.

Telcruz, Ayotitlán, Jalisco. Nahuas Juan Monroy y José Luis Rosales. Perseguidos por talamontes y asesinados a balazos.

Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Feliciano Corona Cirino, comunero e integrantes de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad de Santa María Ostula que estaban en manos de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

Desaparecidos

23 de febrero de 2010, Aquila, Michacán. Nahuas Javier Martínez Robles y Gerardo Vera Orcino, comuneros de Santa María Ostula. Fueron levantados a las 15:30 de un restaurante, luego de que habían sostenido una reunión del Cabildo municipal.

20 de abril de 2010, Palma Sola, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Francisco de Asís Manuel, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, organizador de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comunidad que habían sido ocupadas por narcotraficantes y “peqeños propietarios”. Fue levantado de su domcilio por un grupo de personas que porraba armas de uso exclusivo de laas Fuerzas Armadas.

8 de abril de 2011, El Ranchito, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua menor de edad Enrique Domínguez Macías. Fue levantado de su domicilio por un grupo de peronas armadas.

22 de octubre de 2012, Sierra de Manantlán, Jalisco. Nahua Celedonio Monroy Prudencio, originario de la comunidad Loma Colorada del ejido de Ayotitlán. Ocho supuestos policías ministeriales irrumpieron en su domicilio y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Octubre de 2012, Sierra de Manantlán, Villa Purificación, Jalisco. Nahua Agustín Mancilla Partida.

20 de diciembre de 2012, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Nahuas Flavio Granados Llanos y Cornelio Viveros Benvides, originarios de San Francisco Agua Fría, Tatahuicapan, Veracruz.

23 de marzo de 2013, Ciudad de México. Migrante indígena de Oaxaca Teodulfo Torres Soriano.

1 de diciembre de 2013, Santa María Ostula, Michoacán. Nahua Martín Santos, comunero e integrante de la Guardia Comunal que recuperó tierras de la comnidad que estaban en poder de narcotraficantes y “pequeños propietarios”.

24 de agosto de 2018, San Pablo Zoquitán. Puebla. Nahua Sergio Rivera Hernández, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) y del movimiento de comunidades en resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atlzalá. Fue perseguido y capturado por hombres armados en un tramo carretero.

Zósimo Camacho

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