En medio de la contingencia populista-autoritaria hay vientos que oxigenan las instancias judiciales –las que no se ha “llevado el diablo”, como profetizó López Obrador–. Y es que, también, contra las presiones desde Palacio Nacional, residencia y asiento presidencial, a los órganos de impartición de justicia, se han dado casos en que prevalece la Constitución en sus fines fundamentales que todavía no han sido contrarreformados. A esos órganos hay que apuntalarlos democrática y republicanamente para impedir que la actual concentración de poder nos conduzca a un despotismo (Germán Roscio, El triunfo de la libertad sobre el despotismo; editado tres veces en México: 1824, 1828 y 1857 y que fue una lectura de Benito Juárez… pero parece que no ha leído López Obrador dado sus constantes ataques a las libertades de prensa).
A lo que voy es al fallo en primera instancia donde el juez decimosexto de lo Civil sostuvo que el señor Humberto Moreira (con su historial como desgobernador priísta, su fuga a España y su encarcelamiento), no acreditó su acción por medio de la cual pedía 10 millones de pesos por “daño moral”. Se trata de que los derechos y garantías para apuntalar las libertades constitucionales para escribir, investigar, informar y criticar en ejercicio de la prensa escrita, la audiovisual y la oral, estén por encima de los ahora catalogados como delitos de daño moral que utilizan quienes, cuestionados por los periodistas, buscan no solamente un pago cuantitativo; sino, sobre todo y ante todo, censurar lo que sobre ellos se escribe.
Es decir, funcionarios que en las radiografías de sus hechos muestran conductas públicamente objeto del periodismo y todas las funciones de las libertades de expresión. Es así que quieren los Moreira esquivar la crítica, como la que hizo Sergio Aguayo sobre Humberto Moreira: “Es un político que desprende hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”.
No se olvida que ese Moreira fue desgobernador de Coahuila y dejó huellas de su pésima y corrupta administración, e hizo víctimas a esos mexicanos: ciudadanos y personas en general, del despojo de millones de pesos. Y cuando por medio de la crítica fue exhibido, de inmediato alegó que sufrió un daño moral. Atreviéndose a demandar judicialmente al periodista y tras 3 años, la resolución es que Moreira no probó su acción contra lo escrito por Sergio Aguayo el 28 de junio de 2016, en su columna semanal que el periódico Reforma le publica en el marco de las máximas libertades. Así que tal resolución es un precedente.
Después de conocer la sentencia, Aguayo comentó: “Me deja la constatación de que los periodistas independientes y críticos en México, estamos indefensos ante el poder, porque quienes tienen el poder lo utilizan para hostigarnos, atacarnos, difamarnos y asesinarnos en algunos casos”. Y no le falta razón, ya que hasta ahora los funcionarios, jurídicamente o en cuestionamientos a la López Obrador, se dedican a intentar cancelar los Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso es que una y otra vez, desde Palacio Nacional o a los lugares donde va López Obrador, éste suelta sus ataques y azuza a sus seguidores para que a los señalados por él, reciban amenazas, insultos y agresiones, para intentar prohibir la crítica e información.
Así que celebramos el criterio legal del impartidor de justicia y su contribución a la democracia-republicana fijada por la Constitución histórica, si bien con un sinnúmero de contrarreformas, en lo esencial dictada en provecho de las libertades de prensa, haciendo de las garantías procesales un camino a consolidar los derechos de Sergio Aguayo, en lo particular; pero que beneficia, asimismo, a todos los mexicanos para apuntalar su libertad de expresión que enriquece, a su vez, a la opinión pública. Y puntualizar que los funcionarios, de los partidos que sean y más en el poder del Estado, acepten que han de estar en la mira de la información y la crítica ante sus hechos de corrupción, abuso del poder y conductas contrarias a los imperativos de los medios y fines de la legalidad.
Con Aguayo, pues, festejamos su victoria que es la de todos los mexicanos y en particular del periodismo que ha se seguir ejerciéndose con las máximas libertades contra los mínimos hechos que buscan limitarlas. Estaba claro que Moreira no contaba con ningún elemento para alegar daño moral, cuando lo escrito por el periodista criticó lo que el priísta representaba como funcionario; y de cuyo cargo salió huyendo a España, ahí encarcelado por diversas imputaciones. Ya que como desgobernador dejó huellas públicas de su mal desempeño. Esto fue lo que Sergio Aguayo puso en la mira, exponiéndolo ante la pared de la libertad de expresión y la espada de la libertad de escribir y publicar de cara a la opinión pública.
Álvaro Cepeda Neri
[OPNIÓN] [COLUMNA] [DEFENSOR DEL PERIODISTA]
