Autor:

La Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas emitieron este día –en el Diario Oficial de la Federación– una convocatoria para “el proceso de consulta libre, previa e informada para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano”.

Ambas instituciones admiten que la reforma constitucional de 2001 “no reconoció todos los derechos fundamentales de los pueblos indígenas plasmados en los ‘Acuerdos de San Andrés Larráinzar’; asimismo, algunos derechos se reconocieron parcialmente y otros se excluyeron al no contemplar modificaciones sustanciales en el apartado orgánico de la Carta Magna”.

Respecto de la libre determinación y autonomía de los pueblos originarios, señalan que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales federales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han establecido criterios de interpretación que los favorecen. “Sin embargo, sus efectos deben ampliarse a todas aquellas comunidades que no cuentan con recursos para judicializar los casos de violación de este derecho fundamental”.

En la convocatoria, la Segob y el Instituto agregan que la ley vigente sólo reconoce los derechos indígenas como parte del bloque de constitucionalidad. “Por ello, resulta de vital importancia reconocer y consolidar la totalidad de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas”.

Indican que a 18 años de reformado el artículo 2 de la Constitución, sobre derechos indígenas, se han aprobado importantes instrumentos jurídicos internacionales y nacionales en la materia. Asimismo, agregan, se han emitido criterios jurisprudenciales y recomendaciones de diversas instancias de la Organización de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que hacen patente la necesidad de reformar la Constitución y la leyes.

Ello también para reconocer al pueblo afromexicano en la Constitución y las leyes, dotándolo de un catálogo de derechos fundamentales.

Según el documento, el gobierno de México –que encabeza Andrés Manuel López Obrador– “se ha propuesto consolidar el reconocimiento de los derechos indígenas como la base fundamental para la nueva relación del Estado con dichos pueblos. Este propósito se encuentra plasmado en el Objetivo Específico número 4 del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, en el que se establece: ‘promover e impulsar el reconocimiento constitucional y legal de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano, de manera especial su carácter de sujetos de derecho público, armonizándolos con los instrumentos jurídicos internacionales en la materia y criterios jurisdiccionales’”.

La convocatoria a la consulta es “a todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del país, a través de sus autoridades e instituciones representativas”. Dicha consulta “tendrá por objeto recibir opiniones, propuestas y planteamientos sobre los principios y criterios que habrán de sustentar la iniciativa de reforma constitucional y las correspondientes leyes reglamentarias sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano”.

Finalmente establece que el procedimiento se hará en tres etapas y fija fechas para la consulta de cada pueblo indígena y afromexicano del país. En el caso de Chiapas, las comunidades simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional están citadas el 20 y 21 de julio próximo.

Ejes temáticos de la consulta

  1. Pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público;

  2. Libre determinación y autonomía en sus distintos niveles y ámbitos;

  3. Derechos de las mujeres indígenas;

  4. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud indígenas;

  5. Pueblo afromexicano y reconocimiento de sus derechos fundamentales;

  6. Tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas;

  7. Sistemas normativos indígenas, coordinación con el sistema jurídico nacional y acceso efectivo a la jurisdicción del Estado;

  8. Participación y representación de los pueblos indígenas en las instancias de decisión nacional, de las entidades federativas y municipales;

  9. Consulta libre, previa e informada;

  10. Patrimonio cultural, conocimientos tradicionales y la propiedad intelectual colectiva;

  11. Educación comunitaria, indígena e intercultural;

  12. Salud y medicina tradicional;

  13. Comunicación indígena, comunitaria e intercultural;

  14. Desarrollo integral, intercultural y sostenible, soberanía y autosuficiencia alimentaria;

  15. Migración indígena, jornaleros agrícolas y población indígena en contextos urbanos y transfronterizos, y

  16. Nueva relación del Estado con los pueblos indígenas y reforma institucional.

Nancy Flores