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Quito, Ecuador. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, inició el tercer año de mandato en medio de un panorama marcado por el respaldo de su gabinete y el rechazo de una considerable parte de la población.

El Informe a la Nación, rendido el 24 de mayo en la Asamblea Nacional, resultó un momento medular, pues el mandatario habló de las labores cumplidas y replanteó el camino a seguir para los próximos 2 años que le deben restar al frente de esta nación sudamericana.

Precisamente, ese balance trajo consigo el respaldo de ministros y altos funcionarios del Estado, pero provocó críticas en sectores de la población ecuatoriana, desde trabajadores, organizaciones sociales y Asambleístas de la Revolución Ciudadana, hasta sitios digitales y estudiosos dedicados a registrar y evaluar el comportamiento de las cifras, a nivel de país.

Moreno mencionó estimados que indicaron avance en su segundo año, con respecto a lo realizado en el período anterior, acompañado por los aplausos de los invitados a su rendición de cuentas.

En contraste, en los alrededores del Legislativo, cientos de personas protestaban contra las medidas económicas adoptadas por el gobierno y consideradas impopulares o paquetazo, por los perjuicios que ocasionan para los sectores más humildes.

Hizo referencia a la política de austeridad, aplicada en el último año con eliminación y fusión de ministerios, secretarías y otras instituciones, así como la reducción salarial para altos cargos del estado, lo cual derivó en que solo con restringir la contratación por régimen especial, la nación ahorrara 450 millones de dólares.

Según dijo, en 2018 la recaudación tributaria fue superior a los 15 mil millones de dólares y la inversión extranjera directa significó 1 mil 400 millones, además de alcanzar compromisos por otros 9 mil 500 para los próximos 5 años.

En el plano interno, destacó la labor de instituciones financieras como BanEcuador, con la entrega de 1 mil 750 millones de dólares, revertidos en 370 mil créditos, mientras la Corporación Financiera Nacional prestó 1 mil 300 millones, que según especificó, generaron 40 mil empleos directos y miles indirectos.

Asimismo mencionó el énfasis en el fondo dispuesto para programas como Agua Segura (450 millones) y la producción en el campo, mediante el Plan Nacional de Riego y Drenaje (86 millones).

La reducción de femicidios en la mitad, gracias a la Misión Mujer y la ayuda con el Bono de Desarrollo Humano a 400 mil conciudadanos mediante la Misión Menos Pobreza Más Desarrollo, fueron otros de los avances mencionados.

Otros datos divulgados estuvieron relacionados con los programas sociales, que a su juicio, también avanzaron con mayor impacto en los sectores denominados vulnerables porque incluyen a los más pobres. Al respecto, advirtió que el ejecutivo destinará 400 millones de dólares a la inversión social y movilizará, a través del sistema financiero, 800 millones hacia el crédito productivo, que ayudará a generar más empleo.

Los números ofrecidos por Moreno fueron respaldados, días después, por el secretario de la presidencia José Agusto Briones en declaraciones de prensa, tras las cuales rehusó aceptar preguntas. El titular especificó que con una inversión de 3 mil 284 millones de dólares, la administración nacional ejecutó 501 obras en diferentes sectores.

De acuerdo con el desglose, del monto total 927 millones se destinaron a la energía, 800 millones a la salud, 845 al transporte, 274 millones para educación y 214 millones en otros rubros. Mencionó además 93 obras de construcción, entre hospitales, escuelas, Unidades de Policía Comunitaria y terminación de hidroeléctricas, así como 64 en proceso de mejora y otros 37 trabajos de reconstrucción en carreteras y a vías.

Los estimados de Briones, que ampliaron el Informe a la Nación, fueron divulgados a raíz de numerosas críticas en redes sociales e informaciones en algunos sitios digitales, que consideraron el reporte falso, teniendo en cuenta retrocesos en varios sectores y el contraste de las cifras con números ofrecidos por los propios ministerios.

Por ejemplo, el portal Ecuador Chequea comprobó la veracidad de 19 de los resultados presentados por el jefe de Estado, de los cuales, a su juicio, ocho son falsos, tres insostenibles, dos están sujetos a interpretación y seis cuentan con cifras reales. En aspectos como migración, seguridad, bonos y créditos el primer mandatario presentó cifras superiores a las reales.

Entre los desmentidos estuvo el relacionado con los supuestos 370 mil créditos otorgados por BanEcuador por un monto de 1 mil 750 millones de dólares, cuando la realidad indica 357 mil 647 beneficiados con un valor de mil 645 millones. Igualmente el sitio rectificó que según el Ministerio de Inclusión Económica y Social, son 280 mil 535 las personas que reciben el Bono de Desarrollo Humano, en vez de 400 mil.

A la sazón, en las calles y en las redes sociales representantes de diferentes sectores también expresan opiniones muy distintas a los números halagüeños presentados. Las movilizaciones contra medidas económicas como el recorte presupuestario en temas relevantes (educación y salud), despidos de miles de funcionarios públicos y sobre todo las negociaciones por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional contradicen lo expuesto por el ejecutivo.

Cuentan además la reciente decisión de poner fin a la condición de asilado otorgada al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en 2012 en la embajada de Quito en Londres y que terminó en abril pasado, lo cual derivó en su detención por las autoridades británicas, así como el arresto del ciudadano sueco Ola Bini por presuntos delitos informáticos contra el gobierno, los cuales no han sido expuestos.

A Lenín Moreno le quedan 2 años de gestión, que deberá enfrentar en medio de serios desafíos, los cuales pasan por atender las demandas populares de cumplir con el programa por el cual fue electo en 2017 y solucionar problemas latentes como el aumento de la inseguridad, el desempleo y el descontento general.

Mientras, una encuesta de Perfiles de Opinión resulta otro elemento ilustrativo de la situación actual, según el cual el mandatario pasa por el momento de menor credibilidad de su mandato, solo aceptado por el 24 por ciento, considerada por la empresa evaluadora como la cifra más baja registrada, al menos en los últimos 20 años.

Sinay Céspedes Moreno/Prensa Latina

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