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El costo social de la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, que implicó el despojo de tierras comunales en municipios del Estado de México, no logró subsanarse con la entrega de millones de pesos a supuestos representantes de comunidades como San Jerónimo Acazulco y Santa María La Asunción Tepezoyuca, ubicadas en Ocoyoacac.

Sería bueno que los encargados de la Función Pública echen un vistazo al juicio agrario 226/2018, promovido por campesinos afectados en contra del actual director de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Guillermo Nevárez Elizondo, quien en octubre de 2015 desempeñaba el cargo de director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que se enteren a detalle de las tropelías cometidas por el ahora funcionario gubernamental en contra de más de 500 comuneros y sus familias.

Nevárez pisoteó lo mismo derechos agrarios que devastó zonas ecológicas como en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, delegación Milpa Alta en la Ciudad de México. El encargo de su entonces jefe superior, Gerardo Ruiz Esparza, era continuar los trabajos de la todavía inconclusa obra, al precio que fuera.

La resistencia de las comunidades originarias tenía sólidos fundamentos, pues la obra era una amenaza a su régimen de propiedad comunal pero también a los ecosistemas de la región. La primera estrategia para iniciar el despojo de estas comunidades fue invocar por parte de los funcionarios de la SCT el decreto de 1958, que permitió el tendido de líneas de transmisión de la CFE, en la llamada red de la Ciudad de México-Ixtapaltongo.

El plan inicial de Ruiz Esparza era argumentar el uso legal de la zona comprendida en la Servidumbre de Paso –140 metros de ancho– para instalar los pilares que sostendrían las vías, pero como los comuneros iniciaron su lucha por la defensa de sus tierras, los funcionarios de la SCT decidieron buscar la forma de comprar voluntades para echar mano de la figura jurídica de “Transmisión de la Tierra”, para continuar sin problemas los trabajos.

En las demandas que se ventilan en el Tribunal Unitario Agrario de los Distritos 9 en Toluca y 8 en la CDMX, se detallan las irregularidades avaladas por las autoridades del Tribunal Agrario y ciertos notarios. Por ejemplo, que en la primera convocatoria para considerar legal la asamblea de la comunidad, deben estar presentes el 75 por ciento de sus miembros inscritos en el censo del Registro Agrario Nacional (RAN); y en la segunda convocatoria, al menos el 50 por ciento.

Como lo comprobaron en su demanda los afectados, en ambos casos apenas y se contó con la presencia del 20 por ciento de los comuneros, por lo que tanto las autoridades agrarias como los notarios debieron establecer con precisión que no se cumplía con los requisitos de ley.

Con la encomienda de doblar la resistencia de los habitantes de las comunidades, el entonces titular de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, Guillermo Nevárez se apoyó en otros funcionarios de la dependencia, también señalados como responsables del despojo de tierras a las comunidades, entre estos figuran el director adjunto de Regulación Económica y el director de Planeación, Evaluación y Proyectos Ferroviarios, que ayudaron a Nevárez Elizondo a echar mano de gente ajena a los pueblos afectados.

De acuerdo con lo contenido en el juicio agrario instaurado contra los exfuncionarios de la SCT del pasado sexenio, el 20 de octubre de 2015 se dio por concluido el convenio de transmisión de derechos de posesión. Tanto a Ruiz Esparza como a Nevárez poco les importó que la obra del tren interurbano careciera de los estudios de impacto ambiental. Además, siendo un estado gobernador por el PRI, era cuestión de mero trámite el uso de la fuerza pública para amedrentar y reprimir a los comuneros.

Será interesante preguntar al actual director de Distribución de la CFE bajo qué concepto salieron los recursos para comprar conciencias y la voluntad de unos cuantos comuneros que, como en el caso de Santa María La Asunción Tepezoyuca, permitieron que Valente Lira Hernández, ajeno al poblado, cobrara un cheque por la cantidad de 69 millones 560 mil 937 pesos con 48 centavos.

Otros tres cheques por 293 millones y 223 millones 343 mil pesos y 800 mil pesos, fueron entregados y expedidos a nombre de Marcelino Pascual Nevárez de la O, cubriendo a los afectados de San Jerónimo Acazulco. Se estima que de los 500 miembros de ambas comunidades, menos de cien accedieron a prestarse al despojo organizado por los exfuncionarios de la CFE. El resto ni siquiera se enteró de la consumación del fraude cometido a sus espaldas.

Todos los documentos cobrados salieron de la cuenta HSBC sucursal 3817 de Plaza Metrópoli de la CDMX, a nombre de “SCT PROYECTO TREN INTERURBANO ME”.

Seguramente ni el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, ni su director de Transporte Ferroviario y Multimodal pensaron que su partido perdería la Presidencia de la República en las elecciones de 2018 y con el ilegal acuerdo con un grupo minoritario de comuneros dieron por cerrado el despojo.

De hecho, fue tal la prepotencia de los encargados de seguir adelante con el tren interurbano que ignoraron la suspensión 118/2017 expedida a favor de las comunidades por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que dio la orden de detener los trabajos. Desde entonces, existió la percepción de las autoridades judiciales de que las cosas en la obra no iban por el sendero de la legalidad.

Los afectados se están dando a la tarea, además, de solicitar a través de los mecanismos de transparencia los conceptos por medio de los cuales Ruiz Esparza y Nevárez extrajeron de los recursos públicos los montos millonarios para cometer el atropello agrario en su contra.

El actual funcionario de la CFE tendrá que explicar en el juicio el por qué consintió la entrega de recursos públicos a personajes que carecían de la personalidad jurídica para representar a los comuneros, como han acusado los afectados, es el caso de Valente Lira Hernández. El fallo de las autoridades podría anular el procedimiento y proceder además a fincar responsabilidades al propio extitular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza.

Si se recupera el estado de derecho en la lucha de las comunidades mexiquenses, la CFE podrá quedarse sin su director de Distribución. (Continuará)

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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