Autor:

En Sinaloa pareciera que se está viviendo a finales de la década de 1970, cuando colocaban a la cola la acción colectiva de los pueblos indígenas en los movimientos campesinistas o de corte agrario. La “Cuarta Transformación”, tan activa en campaña, no ha generado nada nuevo en los hechos que prometa un cambio. Todo sigue igual.

El Centro Coordinador de Pueblos Indígenas (CCPI) en El Fuerte, Sinaloa, dependiente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), no es ajeno a lo que sucede en la Delegación, ahora representación de ese Instituto en el Estado, pues, a pesar que es un centro operativo que obedece normas y directrices del gobierno federal, se ha visto menguado su quehacer por los intereses políticos de quienes han encabezado esa institución en últimas fechas.

El actual titular del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas (CCPI) de El Fuerte, Ulises Astorga Mendoza, nombrado por la otrora delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en Sinaloa, Mayra Gisela Peñuelas Acuña, desde su llegada muy poco se ha presentado a trabajar, aprovecha los eventos o convivios para hacer acto de presencia, pero solamente durante el evento, para posteriormente desaparecer de nueva cuenta, sin que nadie pueda dar razón de dónde se encuentra.

No obstante, en el control de salidas de comisión que se lleva en el CCPI del Fuerte, se pueden contar más de 100 comisiones oficiales durante el 2018, con gastos de combustible y viáticos, cuyos resultados se desconocen, por lo que no se advierte el impacto de esas acciones en la consecución de los objetivos de la Institución. Es preocupante el hecho de que los recursos de los programas para los pueblos indígenas se vayan a ejercer directamente por los CCPI como el del Fuerte con tales antecedentes de quienes los encabezan.

Resulta que un gobierno que pugna por una “Cuarta Transformación”, y un cambio en el quehacer político de la República, no puede generar algo distinto. No hay esperanza para quienes conocen la trayectoria del actual titular del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas (CCPI) de El Fuerte. En otras administraciones priístas Ulises Astorga Mendoza cobraba en la nómina del Ayuntamiento de Choix, siendo presidente Municipal Juan Acosta Salas. También se mantuvo en la nómina del Ayuntamiento de Sinaloa cuando el edil era Aarón Verduzco Lugo. Estos puestos fueron una cuota del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucinal (PRI) Nacional, pues cuando anduvo en la Ciudad de México fue recomendado por las altas cúpulas partidistas.

Ulises Astorga Mendoza, originario de San Blas, municipio de El Fuerte, Sinaloa, pertenece a una familia política y económicamente con mucha influencia en la región –el clan Astorga–, que ha dado presidentes municipales como Eduardo Astorga Hernández, Lalo,  su hermano (médico) Jaime Astorga Hernández fue candidato a presidente Municipal por el PRI en el mismo municipio. Al perder la elección, a Jaime se le acomodó en diversos cargos en el Sector Salud de la entidad y del gobierno federal, es decir, la clase política a la que pertenece no lo desamparó, y Joaquín Astorga Hernández, el Húngaro, se ha dedicado a los negocios de la construcción y de gasolineras: es el financiero de la familia.

Jaime Astorga Hernández perdió en la elección municipal de El Fuerte frente a Eleazar Rubio Ayala (candidato de los partidos Acción Nacional, PAN, y de la Revolución Democrática, PRD) para el periodo de gobierno en el trienio 2011-2013. Por cierto, el periodo del gobierno municipal de Rubio Ayala fue de los más oscuros, opacos y de saqueo de recursos públicos del erario de ese alteño municipio. Jaime Astorga Hernández es el papá de Ulises Astorga Mendoza.

Es necesario que las prácticas y esquemas de corrupción de las anteriores administraciones no se sigan cometiendo. Es preocupante que el CCPI tenga como titular a una persona a la que no se encuentra y no a un director que dirija y coordine las acciones operativas del equipo técnico para efectos de la correcta aplicación de las directrices y de los recursos de los programas para los pueblos y comunidades indígenas, lo cual resulta de toda la importancia, pues algunas Reglas de Operación ya se encuentran vigentes para este año, sobre todo las del Programa de Infraestructura Indígena (PROIN) y Apoyo a la Educación.

El CCPI es una unidad operativa técnica que, por disposición del Estatuto Orgánico de la institución, les corresponde la ejecución tanto de los programas y proyectos, como de los recursos, y preocupa se designe, como se ha hecho, a personas sin ninguna experiencia, sin más mérito que ser cercanos a los altos funcionarios del Instituto o pertenecer al partido en el poder, como a la vieja usanza.

Cabe recordar que en la década 1990 el movimiento indígena resurge con demandas propias y un eje central del derecho de los pueblos a la libre determinación expresada en autonomía y, consecuentemente, el respeto a ser diferentes culturalmente hablando, además del derecho al territorio, al ejercicio de sus sistemas normativos, a elegir y tener gobiernos propios.

Sin duda en ese milenio que fenecía el acontecimiento más importante fue la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que sirvió de plataforma política programática para todos los pueblos indígenas del país.

Últimamente la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) trata de sentar a negociar al INPI –no solo en el país, particularmente en Sinaloa–, proyectos asistenciales, que no son autonómicos o desde la visión de los pueblos indígenas. Como lo hicieron en algún tiempo los movimientos de corte campesinista asistencial en el norte de Sinaloa que enarbolaron demandas supuestamente indígenas como la organización Antorcha Campesina ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI) buscando bajar recursos económicos o proyectos con el CCPI de El Fuerte, pero más que reivindicar derechos buscaban negociar proyectos para financiarse, no porque les interesara y preocupara defender los derechos indígenas.

Las autoridades tienen la obligación de escuchar y atender las demandas de los pueblos y guiar su actuar institucional de manera pluricultural, con una visión donde florezca la diversidad de los pueblos y sus culturas, no sólo discursivamente y vaciándola de contenido real.

El pueblo yoreme mayo, como todos los pueblos originarios del país y del mundo, merecen y tienen derecho a ser.

Guadalupe Espinoza Sauceda*/Segunda parte

*Abogado, historiador y doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco; miembro del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC.

[OPINIÓN][ARTÍCULO][SEMANA][D]