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El sector salud es uno de los más afectados por el saqueo de recursos vía corrupción, ha afirmado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es insignia de este problema.

Hasta ahora, la “cuarta transformación” poco o nada ha hecho para frenar esa inercia. De hecho, lo que reveló la carta de renuncia de Germán Martínez Cázares a la Dirección General del IMSS es precisamente que la institución se mantuvo inmersa en un conflicto permanente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en vez de atender lo más urgente.

Lo cierto es que muy pocos esperaban que el expresidente del Partido Acción Nacional marcara una diferencia al frente del Instituto, cargo al que arribó entre severos cuestionamientos derivados de su trayectoria política, pues como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el gobierno de Felipe Calderón jamás combatió la corrupción ni la impunidad.

El tema con el IMSS es que quienes acaban pagando por su crisis son los afiliados, que no reciben medicinas porque alguien ya se las robó o, peor, porque saquearon el dinero que debería garantizar el abasto. Pero las formas de corrupción que ahí se sufren incluyen, lamentablemente, negligencias de otro tipo, como el desuso de las salas quirúrgicas, la falta de reportes médicos puntuales y hasta la inadecuada alimentación a los enfermos, o las compras de bienes y servicios con sobreprecios, revelan auditorías de la SFP.

De todo ello se tiene consciencia en el gobierno federal, pues los peores casos de corrupción los conoce la secretaria Irma Eréndira Sandoval. Y es que sobran los expedientes elaborados por sus subordinados del Órgano Interno de Control en el IMSS que descubren cómo los derechohabientes son los más perjudicados por estas irregularidades.

Por ejemplo, la auditoría 106/2018 refiere que la “Admisión Continua o Urgencias, Hospitalización y Cirugía son los procesos de mayor relevancia en los hospitales para la satisfacción de la atención médica de los derechohabientes del IMSS. En las Unidades Médicas de Alta Especialidad de este Instituto existen numerosas quejas sobre la atención médica, por lo que se determinó […] llevar a cabo esta auditoría con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable, así como eficientar dichos procesos para estar en condiciones de brindar atención médica altamente especializada en el momento en que el paciente la requiere y satisfacer sus necesidades de salud a través del diagnóstico, tratamiento y pronóstico oportuno”.

Los contralores revisaron el caso del Hospital de Cardiología 34 del Centro Médico Nacional del Noreste en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León: una muestra de 100 expedientes clínicos de pacientes con registro de ingreso al Servicio de Admisión Continua o Urgencias obtenida del Sistema de Información Médico Operativo (SIMO), durante julio, septiembre y noviembre de 2017.

En el servicio de cirugía, descubrieron una negligencia que pone en riesgo directamente la salud de los derechohabientes: “insuficiente utilización de las salas de cirugía”. Y es que resulta que el Hospital registró 59 por ciento de utilización efectiva en días hábiles (es decir, sólo 2 mil 192 horas, de las 3 mil 686 horas que disponía, con saldo negativo de 572.5 horas); y 46 por ciento de utilización de las salas de cirugía efectiva en fin de semana (157 horas, de las 338 disponibles). Es claro que para los enfermos que requieren con urgencia las cirugías esto puede significar su muerte.

Otro hallazgo se denominó “debilidades en la aplicación de los controles internos normados en el Servicio de Admisión Continua o Urgencias”: aquí, descubrió que en el ciento por ciento de los casos no se elaboró nota de alta, por lo que no existe confiabilidad en la información registrada en el formato 4-30-21/35/90E, que es la fuente primaria para alimentar el SIMO.

Aunado a lo anterior, se identificaron otras debilidades en el registro en tiempo y forma de los formatos institucionales: “en el 13 por ciento de los pacientes no se registraron notas de evolución cada 8 horas; de las notas de evolución elaboradas, se identificó que en el ciento por ciento no se registró en la nota médica del médico tratante, la revisión del otorgamiento de laboratorio, imagenología e interconsulta; falta de solicitud, especificación y/o revisión de los estudios auxiliares de diagnóstico y tratamiento e interconsultas; falta de fecha y hora de realización; falta de nombre y firmas del personal responsable; en el ciento por ciento de los pacientes no se elaboró nota de egreso”. ¿Qué pasaría si hay una negligencia médica y ni siquiera se sabe el nombre del doctor que atendió la urgencia?

El reporte agrega que el 56 por ciento de los pacientes egresados fueron contrarreferidos sin el formato; en el 13 por ciento no se identificó el formato “Registros clínicos, esquema terapéutico e intervenciones de enfermería”; de los formatos que sí se elaboraron, el 87 por ciento presenta inconsistencias en el requisitado, de acuerdo con el instructivo de llenado: datos incompletos en el encabezado, falta de registro en el rubro de diagnóstico médico, signos vitales incompletos, falta de registro del signo convencional en los rubros de estudios y procedimientos, registros de medicamentos (antibióticos), registro del personal responsable de la atención del paciente.

Caos en víveres para dieta de enfermos

Otra auditoría que revela negligencias es la 101/2018, que fiscalizó por separado la adquisición de víveres en las delegaciones estatales del IMSS en Campeche, Oaxaca, y la Delegación Regional Colima.

En el primer caso, descubrió pago de facturas de víveres sin confrontar las cantidades recibidas. Al respecto, indica que fue en el Hospital General de Zona 1 de Campeche (contrato D7M0004) en el que se detectó la anomalía: en esta auditoría “se trató de verificar de manera individual el importe de las facturas contra el importe de las notas de remisión de los víveres recibidos, pero no fue posible vincularlo debido a que las facturas no especifican a qué periodo de entrega o notas de remisión corresponden; asimismo, las notas de remisión no están foliadas, por lo que se procedió a realizar la confronta entre el importe total de las facturas pagadas al proveedor durante el ejercicio 2017, contra el importe total de los víveres entregados que amparan las notas de remisión del mismo ejercicio, resultando una diferencia de 890 mil pesos”.

Aunado a ello, se incumplieron obligaciones de los proveedores. Una de ellas de mucha gravedad: en el caso del contrato D7M0136 para el suministro de carnes, la empresa no presentó un parque vehicular de cuando menos una camioneta equipada con sistema de refrigeración. Ese mismo proveedor incurrió en otra anomalía, al no entregar la carne los días 16 y 17 de septiembre. Lo peor es que no fue sancionado por ello.

En el segundo caso, refiere: “como resultado de los trabajos de auditoría realizados en el almacén de víveres del Hospital General de Zona 1 en Oaxaca, se observó que los contratos para la adquisición de víveres de 2018, están pendientes de formalizar; que existen deficiencias en los controles establecidos para la recepción, supervisión, control y administración de los víveres; y que el stock de reserva de víveres presenta nulo movimiento.”

Agrega que ello se debió a la “falta de coordinación entre las áreas involucradas para la adquisición y contratación de víveres, así como de las responsables de la formalización de los contratos y su difusión a las áreas administradoras de los mismos; insuficiente supervisión e inadecuado control en la aplicación y seguimiento del Procedimiento para la Recepción y Distribución de Materia Prima en el Almacén de Víveres de Unidades Médicas Hospitalarias de segundo Nivel de Atención, por parte de la Jefa del Departamento de Nutrición y Dietética, así como por parte de la Encargada del almacén de Víveres del Hospital”.

Para el tercer caso, el OIC señaló que “no se elaboran y/o registran correctamente las tarjetas de evaluación de proveedores de víveres diariamente; existen diferencias en las cantidades recibidas y entregadas; el proveedor de los contratos D7M0016 y DM70866, para el surtimiento de abarrotes, está realizando entregas únicamente 2 días a la semana.

Según los contralores, los Hospitales General de Zona 10 Manzanillo y de Subzona con Medicina Familiar 4 Tecomán, y la Guardería Ordinaria 001 Colima no presentaron ante la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento documento alguno que acredite haber solicitado la aplicación de penas convencionales, por el año 2017 y el periodo enero y febrero de 2018, por incumplimientos a los compromisos pactados, siendo los mismos contratos y proveedores que surten al Hospital General de Zona 1 Colima.

En México, el problema de la corrupción es que da origen a cuatro escenarios que violan gravemente los derechos humanos ( https://bit.ly/2Wl3cLO ): 1) la solicitud de sobornos como condición para acceder a los derechos; 2) los sobornos para incurrir en actos prohibidos y abiertamente violatorios de los derechos; 3) los actos de corrupción que traen como consecuencia la disminución de los recursos públicos y los bienes y, por ello, generan peores servicios que transgreden abiertamente las obligaciones de protección, garantía y promoción de todos los derechos; y de progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles; y 4) la captura al Estado.

En el caso del IMSS, los actos de corrupción han mermado por años sus recursos públicos y bienes y, por ello, se han generado peores servicios que transgreden abiertamente las obligaciones de protección, garantía y promoción del derecho humano a la salud. A eso se enfrenta desde este 22 de mayo Zoé Robledo, el nuevo director del Instituto.

Nancy Flores

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