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En el ámbito del combate a la criminalidad, la Guardia Nacional sólo puede implicar disuasión o contención, con efectos limitados y de corto plazo, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Ello, por cómo está concebido actualmente.

Poco o nada se abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente, y si no abordamos temas como la operación y autonomía de las 33 Fiscalías Generales en el país”, dijo el ombudsperson al inaugurar la “Segunda Conferencia Internacional Seguridad Ciudadana: La Vía Civil”, impulsada por la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE, la CNDH y el Centro Prodh.

El maestro González Pérez señaló la relevancia de las leyes secundarias relacionadas con la Guardia Nacional para lograr que dicho cuerpo cumpla con sus objetivos, en un marco de respeto a los derechos humanos: “No debemos dejar de lado el espíritu que animó la aprobación final de dicha reforma. El consenso alcanzado fue por más y mejor seguridad, así como por consolidar el papel de las instituciones civiles como garantes de la seguridad pública, convicción compartida entre autoridades, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, academia, y organismos nacionales e internaciones”.

Y es que, recordó, “la reforma constitucional abrió la expectativa de que la presencia de personal militar en tareas vinculadas a la seguridad pública se redujera y acotara, mientras que las policías de carácter civil se fortalecían y desarrollaban. Es esta la vía para la seguridad que debemos fomentar y fortalecer, la vía civil que nos permita actuar ante la urgencia de implementar medidas eficaces y pertinentes que reviertan la situación de violencia e inseguridad que se enfrenta en diversas regiones del país, en un marco de fomento a la legalidad y respeto de los derechos fundamentales”.

Agregó que la institucionalidad civil, la legalidad, el respeto y cumplimiento de la ley, el respeto y vigencia de los derechos humanos son los ejes fundamentales.

Nuestro país no podrá revertir la situación que enfrenta, en tanto no abandone la laxitud o tolerancia al incumplimiento o falta de aplicación de la ley; la equivocada noción de que la pertenencia o filiación a una institución pública, grupo u organismo político lleva implícito el derecho de conducirse al margen de la ley; la falta de conocimientos, capacitación y de perfiles idóneos de los servidores públicos, de todos los niveles, para cumplir con la funciones encomendadas; [así como] la prevalencia de la improvisación y la atención de intereses particulares o de grupo frente a la planeación estratégica y la procuración del interés público”.

El titular de la CNDH indicó que “la seguridad es un derecho humano y es, a la vez, un medio necesario para que se ejerzan a plenitud otros derechos humanos. Sin seguridad jamás habrá una vigencia real de los derechos humanos y sin respeto a estos derechos, las medidas de seguridad que se adopten no son aceptables”.