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Hasta noviembre de 2008 la Delegación en Sinaloa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), hoy Instituto Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (INPI), aplicó políticas que nunca deejaron de ser “indigenistas”, es decir, entre paternalistas y clientelares. Las ejecutaban operadores de la vieja guardia de lo que se conoció como la política indigenista. A la cabeza de la Delegación en Sinaloa estaba entonces el biólogo Ramón Sánchez Félix, que venían desde el extinto Instituto Nacional Indigenista (INI).

La política indigenista estaba cimentada en la ideología que se le conoció como el nacionalismo revolucionario. Consistía en castellanizar a los indígenas; “integrarlos” al desarrollo nacional, ya sea mediante la aculturación, el integracionismo, el etnodesarrollo, el indigenismo en participación, etcétera; y en esencia, que dejaran de ser indios. Pese a ello, los indígenas de la región y del país algo veían en ese actuar del aparato del Estado mexicano que podían aprovechar para beneficio de sus pueblos, del colectivo; y a su manera aceptaron al INI y a la vez resistían y luchaban por no desaparecer, como lo siguen haciendo.

En enero de 2009, en pleno calderonato, Alfredo Quintero Urías asume el control de la CDI en el estado. Quintero Urías, de extracción panista, desde hacía tiempo ambicionaba el control de esa dependencia del gobierno federal. Permaneció como delegado estatal hasta mayo de 2013. Durante su dirección se desmantela el Centro Coordinador Indígena de la CDI con sede en la ciudad de El Fuerte, Sinaloa, concentrando el grueso de los programas y proyectos sustantivos y financieros (administrativos) en la sede de la Delegación en la capital del estado. En mayo de 2009 el entonces funcionario cambia la sede de la CDI en Culiacán a la ciudad de Los Mochis, municipio de donde es originario (Ahome).

De mayo de 2013 a diciembre de 2016, el delegado de la CDI fue Ignacio Rodrigo Castro, connotado priísta del municipio de Ahome, Sinaloa, bajo el auspicio del gobernador Mario López Valdez (Malova), postulado por los partidos Acción Nacional (PAN) y el partido de la Revolución Democrática (PRD). Es en ese año cuando el gobierno del estado toma pleno control de esa oficina del gobierno federal. No es que no estuviera metido desde antes, pero entonces fue cuando se hizo del control total.

Realmente, más que Ignacio Rodrigo Castro, quien dirigía era el administrador estatal de la CDI, el contador Orlando Castro Soto (egresado de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, UAIS), tanto en lo administrativo como en lo operativo. Orlando Castro Soto sale de la CDI cuando deja la Delegación Ignacio Rodrigo Castro.

El 6 de enero de 2017, apoyada por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, asume como delegada Mayra Gisela Peñuela Acuña (originaria del municipio de Sinaloa de Leyva), quien permanece en el cargo hasta el 12 de marzo de 2018. En ese tiempo se agudizó la rapiña de los grupos priísyas por el poder político y los recursos económicos de la Delegación de la CDI en el estado. A partir momento la CDI comienza a trabajar para el gobierno del Estado y con fines marcadamente electorales.

En el inter de marzo a mayo de 2017, se intentó imponer como delegado a Marco Vinicio Galaviz Serrano, Vinny (expresidente municipal de El Fuerte); pero los indígenas se rebelaron por su trato despótico y de desprecio hacia ellos. Entra en su relevo Aarón Verduzco Lugo (priísta, también nativo de Sinaloa de Leyva, donde fue presidente municipal), quien con el cambio de gobierno federal el 1 de diciembre de 2018, renuncia al puesto, quedando como encargado en la Delegación el administrador: el contador Sergio Ernesto López Miranda, cuadro priísta apoyado por Mayra Peñuelas Acuña. Pero quien realmente hacía y hace el trabajo propiamente administrativo es el contador Jorge Guadalupe Meléndrez, quien oficialmente trabaja como como cajero, (igualmente egresado de la UAIS). Ese el verdadero administrador en la Delegación Sinaloa.

El contador Servando Bojórquez (también egresado de la UAIS) es el que lleva actualmente el proceso de consulta y el programa de cultura del INPI en Sinaloa. Por su parte, el licenciado en administración Jorge Fabián Estrada se enarga de la cuestión política en la Delegación.

Hoy día la oficina o representación del INPI en Sinaloa es un verdadero desorden, no hay dirección, es un campo de batalla donde todos son generales y ninguno quiere ser soldado raso. Se siguen las inercias de tiempos pasados y cada quien hace lo que le vienen en gana. El personal del Centro Coordinador de El Fuerte está desperdiciado, todo se centralizó en la Delegación, por la rebatinga de los dineros, viáticos y gasolinas.

Desde que llegó Alfredo Quintero Urías, la oficina se convirtió en un botín político. Urge que se ponga orden y se haga una limpieza profunda tanto en la Delegación como en el Centro Coordinador de Pueblos Indígenas en El Fuerte, Sinaloa. Nada más la semana pasada, las oficinas centrales y varias representaciones de ls Delegacion del INPI en el estado fueron tomadas por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA). Se liberaron casi todas el pasado viernes 10 de mayo, menos la ubicada en la ciudad de Los Mochis. La demanda es que se nombre un titular para que les dé certeza a los de a UNTA en los proyectos que presentaron.

Cobanaros mayos en el norte de Sinaloa

A fines del siglo pasado había 14 centros ceremoniales en el norte Sinaloa con su respectivo gobernador tradicional o cobanaro, por lo que se crearon a diestra y siniestra centros ceremoniales, lo mismo que gobernadores para cada centro, sobre todo por la paga que reciben. Pero eso no obsta para que en algunos centros haya división interna y más de dos gobernadores que se disputan la representación, no tanto por defender los derechos de sus comunidades e indígenas, sino que la disputa está por el dinero que reciben. Cabe destacar que la figura de gobernador indígena o tradicional no existía. Esta figura la implantó el entonces Instituto Nacional Indigenista (INI) a finales de la déada de 1970 y principios de la de 1980.

Cada gobernador tradicional recibe 5 mil pesos de sueldo al mes más 3 mil de apoyo para pasajes. El dinero proviene del gobierno del estado. Actualmente son 30 gobernadores en los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Sinaloa de Leyva, Guasave y Angostura –prácticamente el norte de Sinaloa, que es donde están asentados los yoremes mayo de Sinaloa, hermanos de yoremes mayos en el sur de Sonora–.

Actualmente el Consejo de Gobernadores Yoremes de Sinaloa está controlado por el gobierno del estado de Sinaloa a través del pago y dádivas y por apoyos a proyectos de corte cultural por las instancias federales. El cambio que se originó en 1994 con la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), enarbolando una serie de reivindicaciones y derechos para los pueblos indígenas del país parece haber penetrado poco en la conciencia de los gobernadores y liderazgos indígenas en el estado, y mucho menos en las comunidades. En Sinaloa se sigue otra inercia, otros tiempos y otra realidad. Los gobernadores o cobanaros están muy maiceados (como se dice coloquialmente) y podemos afirmar que operan en contra de sus propias comunidades y de sus propios representados.

Los liderazgos indígenas de Bernardino Valenzuela Anguamea y Bulmaro Bacasegua de la Federación Indígena de Organizaciones Sociales, entre ellas cooperativas pesqueras del norte del Estado, y de Librado Bacasegua, presidente del Consejo Supremo de Cobanaros y Pueblos Indígenas de Sinaloa, que agrupa o pretende dar forma en sólo un frente a los gobernadores indígenas está muy cuestionado y con poca credibilidad. Bernardino Valenzuela es conocido en la región como el Peso, en alusión a que le gusta mucho el dinero. En últimas fechas tomaron la sede de la Delegación del INPI en Sinaloa, pero al parecer no lograron nada, además tomaron también por unos días la UAIS.

Recientemente Librado Bacasegua Elenes promovió y firmó un amparo contra la planta de amoniaco que se pretende instalar en el puerto de Topolobampo, y habiendo obtenido por un juez federal la suspensión para no ejecutar la obra, los empresarios e inversionistas de la región y gobierno del estado presionaron para que se desistiera de la demanda, lo cual hizo. A raíz de esa actitud asumida por Librado sus mismos compañeros yoremes y asesores lo acusaron de haberse vendido y que la historia lo juzgará. Lo último que se supo es que la empresa se había llevado a varios liderazgos opositores a Trinidad y Tobago donde tienen plantas de ese tipo para que vieran como funcionaban y que no contaminaban con el fin de que no tuvieran miedo y que dejaran de oponerse, incluso se llevaron hasta a sus representantes legales.

Lo anterior lo sabe el director general del INPI en la Ciudad de México, pues se le ha hecho llegar información, pero no hace nada por defenderlos, incluso los trabajadores sindicalizados del Centro Coordinador para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con sede en El Fuerte han enviado cartas y documentos donde exponen la situación por la que atraviesan, pero pareciera que hay problemas más importantes para atender en el resto del país que en la geografía de este rincón, donde los yoremes mayo están abandonados a su suerte y a intereses políticos ajenos a ellos.

Pese al sombrío panorama que se ve para los yoremes mayo de Sinaloa, hay resistencia, sobre todo cultural, por lo que podemos afirmar que los liderazgos indígenas que enarbolen la lucha por el respeto de sus derechos ancestrales vendrán de las propias comunidades, transitan por otro lado, mas no de las instancias “representativas” actuales creadas desde el gobierno para controlarlos. La dignidad del pueblo yoreme corre por otro carril.

Guadalupe Espinoza Sauceda/Primera parte

*Abogado y doctor en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, y miembro del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC

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