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Lejos de renunciar a los jugosos negocios logrados por décadas al amparo del poder, los responsables de haber disparado (en el pasado sexenio) los costos de obras como el Aeropuerto Internacional de Texcoco y el Tren Interurbano México-Toluca, amén de la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ahora se aprestan a seguir operando a través de personeros como el actual director de Distribución de la empresa productiva del Estado y exdirector general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Guillermo Nevárez Elizondo.

El citado funcionario forma parte del equipo de colaboradores de dos hombres ligados desde el inicio de sus carreras políticas al llamado Grupo Atlacomulco, que llegó al poder en la persona de Enrique Peña Nieto y que en sus últimos estertores aún pudo instalar en la gubernatura del Estado de México a su primo Alfredo del Mazo Maza.

Siendo gobernador el padre del actual mandatario mexiquense, Alfredo del Mazo González, cobijó en su administración a Alfredo Elías Ayub, quien por 12 años y tres sexenios manejó como su propiedad a la CFE. Elías Ayub fue titular de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y más tarde, de 1985 a 1986, su secretario privado.

Del Mazo González fue nombrado titular de Energía Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) por el entonces presidente Miguel de la Madrid, y se llevó como su secretario a Elías Ayub, para hacerlo después coordinador de asesores.

Otro de los personajes que aparece a escena, en el fracaso de las que debieron ser las grandes obras sexenales de Peña Nieto, es el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ligado estrechamente al desaparecido exmandatario mexiquense, quien lo hizo su secretario general de gobierno. La amistad surgida con Elías Ayub en el sexenio de Del Mazo González le abrió las puertas de la CFE, donde fue director de Administración de 1999 al 2005.

Tras el triunfo de Peña Nieto al gobierno mexiquense, Ruiz Esparza fue nombrado secretario de Comunicaciones del Estado de México. Cargo que repitió  pero a nivel federal, cuando el exgobernador ganó la Presidencia de la República en 2012. A su amigo y viejo conocido del Grupo Atlacomulco, Alfredo Elías Ayub, le faltó salud para haber hilado su cuarto sexenio al frente de la CFE –lo hizo con Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón–, y renunció al cargo en febrero de 2011.

El pasado 11 de febrero, el actual titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, dio a conocer los nombres de los nueve exfuncionarios públicos responsables del “debilitamiento” de la exparaestatal. Entre ellos, y en primer lugar, citó a Alfredo Elías Ayub. Una de los señalamientos al exfuncionario consistió en haber permitido que la CFE apenas genere el 50 por ciento de la energía eléctrica en el país.

Semanas más tarde, Bartlett y funcionarios como el director general de Cfenergía y CFE Internacional, Santiago Reyes Hernández, dieron a conocer que, en efecto, Elías Ayub y sus sucesores –dos al final del gobierno de Calderón: Antonio Vivanco y Jaime González, y tres en el sexenio de Peña Nieto: Francisco Rojas, Enrique Ochoa y Jaime Francisco Hernández– dejaron una deuda de 60 mil millones de dólares por los factores que ahora señalo.

Pasivo Laboral, 19 mil millones de dólares; Productores Externos de Energía, 7 mil millones de dólares; Obra Pública Financiada (OPF), 7 mil millones de dólares, y Gasoductos Detenidos, 16 mil millones de dólares (teniendo en puerta la negociación de otros 10 mil millones por los llamados Proyectos de Inversión Diferida, Pidiregas).

Todavía en octubre del pasado año, durante el periodo de la transición, Bartlett denunció el abandono en que se dejó a la infraestructura de la empresa y anunció que se impulsarían proyectos de generación para dejar de comprar la electricidad a los particulares con los cuales se tienen contratos de compra firmados para los próximos 15 años.

Con los antecedentes de corrupción e ineficiencia de estos funcionarios, era de esperarse un cambio en la asignación de puestos estratégicos en el sector energético. Por eso llamó poderosamente la atención el retorno a la CFE de Guillermo Nevárez Elizondo, quien renunció a la Subdirección de  Distribución para ser designado por Gerardo Ruiz Esparza como director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, en marzo del 2015.

En sus manos estuvo directamente buena parte del plan de “Mover a México en trenes”, anunciado con bombo y platillos al inicio del gobierno de Peña Nieto  y que terminó en rotundo fracaso al cancelarse la concesión del Tren México-Querétaro y elevarse en más de un 80 por ciento el costo inicial del Tren Interurbano México-Toluca.

Ruiz Esparza utilizó a Nevárez Elizondo para fabricar cortinas de humo buscando ocultar la corrupción en estos proyectos; en enero de 2017 el titular del Transporte Ferroviario y Multimodal acudió al puerto de Veracruz a recibir el primer tren de los 30 que conectarán a la ciudad de México con el Valle de Toluca. Ante los medios, aseguró que la obra quedaría lista a finales de ese año para iniciar operaciones formales a principios de 2018. Y se aventuró a asegurar que las obras llevaban avances del 86 por ciento en las estaciones, un 66 por ciento columnas y un 69 por ciento en trabes.

Hasta la fecha, los hechos desmienten a Nevárez, pues así como no dio puntual respuesta, las investigaciones del equipo de la periodista Carmen Aristegui sobre la participación directa del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray en las licitaciones del cancelado proyecto del Tren México-Querétaro, tampoco podrá explicar por qué una obra proyectada en 39 mil 886 millones  de pesos terminó con un sobreprecio de más de un 81.79 por ciento, para quedar en un costo final de 72 mil 512 millones de pesos, de acuerdo al estudio dado a conocer en febrero pasado por las Secretarías de Hacienda y de Comunicaciones.

En noviembre de 2017, habitantes de la comunidad de Santa María la Asunción Tepexoyuca, Estado de México, denunciaron actos de corrupción en la construcción de la obra ferroviaria por parte de la SCT y la Procuraduría Agraria del Estado de México. Los afectados señalaron de forma directa al director general del Transporte Ferroviario y Sistema Multimodal de haber entregado cheques por varios millones de pesos a ciertos representantes para permitir la continuación de las obras y el despojo de tierras a su comunidad.

Los pobladores expusieron que el funcionario permitió la violación a la suspensión 118/2017, expedida a favor de la comunidad por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que ordenaba detener las obras y respetar los derechos agrarios de los comuneros.

Pero las tropelías de Nevárez Elizondo y sus padrinos políticos no paran ahí. Hay muchos otros pendientes como los casos del socavón del paso exprés de Cuernavaca y la cesión de los derechos de cobro en autopistas como la México-Puebla a un Fideicomiso Maestro de naturaleza privada, como también el otorgamiento de jugosos contratos de compra de electricidad a trasnacionales. Todo un caso el de este funcionario que sin reunir el perfil de eficiencia y austeridad, logró incrustarse de nueva cuenta en uno de los cargos más importantes de la CFE, en el gobierno de la Cuarta Transformación. (Continuará).

Martín Esparza*/Primera parte

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