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El conflicto agrario entre las comunidades de Santo Domingo Ixcatlán y Chalcatongo de Hidalgo mantiene en tensión a los pobladores. Un nuevo pleito está a punto de estallar, por la titularidad de un manantial, denuncian afectados. Pese al riesgo, a la primera comunidad aún no se le cumplen sus medidas cautelares dictadas por la CIDH

Santo Domingo Ixcatlán, Oaxaca. En este poblado, tres hombres fueron asesinados de manera inhumana en 2008. Melesio, “descarnado” en la mitad de su cuerpo: femur y tibia quedaron expuestos por completo. Gustavo, calcinado vivo al interior de su vehículo; de él sólo quedaron algunos huesos quemados, mezclados con las partes de su auto. Inocencio, ejecutado con un balazo en la cabeza. Meses después, el mismo espacio fue escenario proselitista para el exgobernador Gabino Cué Monteagudo y para el ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador. Ahí, los políticos llegaron a pedir el voto hace 11 años. Los habitantes sólo pidieron justicia.

Terminó el mandato de Ulises Ruiz Ortiz, gobernó por 6 años Gabino Cué, y en el gobierno federal ha iniciado la administración del hombre que recogió su dolor aquel año, como lo hace ahora en sus giras presidenciales, pero ahí nada pasó. “¡Quisiera saber qué tengo que hacer para que el licenciado Andrés Manuel volteé a vernos de nuevo! Yo le di toda la información… le regalé unos totopos. Él sabe lo que pasó aquí”, dice, mientras remueve el café que se calienta sobre leños, Paulina Martínez, madre de una de las víctimas: Gustavo Castañeda Martínez.

En esta comunidad todo está en tensa calma. El asesinato de los tres hombres ha dejado secuelas de inseguridad, miedo, desconfianza. La disputa por las tierras que originó los asesinatos no ha sido resuelta, y 11 años después se avizoran nuevos conflictos; ahora, por el agua de un manantial que surte a esta comunidad y a la de Chalcatongo de Hidalgo, con quien se han disputado las tierras.

Aquí, el polvorín no se ha apagado, el dolor persiste. Familias enteras se disolvieron, madres e hijos salieron de la población para refugiarse con familiares en Huajuapan, el distrito más cercano; en Oaxaca, la capital del estado, o en la Ciudad de México. Regresan y el temor los obliga a dejar sus casas nuevamente.

El 30 de abril de 2008 fue el día de la “masacre”. “Fue demasiado tarde cuando supe lo que estaba pasando con mi hijo; corrí a buscarlo, no me dejaron llegar: me dispararon a los pies”, narra la mujer que carga el luto en su mirada y que solloza con el recuerdo.

Por estos hechos fueron aprehendidos el entonces presidente municipal Freddy Eucario Morales Arias, a quien no se le ha dictado sentencia (el expediente 52/2008 sigue abierto en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco), y otras seis personas que se encuentran en el mismo estatus jurídico que él; quedan otra media docena de órdenes de aprehensión sin ejecutar. Los pobladores temen que al no haber sentencia en contra del autor principal, podría quedar libre en cualquier momento.

“Tememos a que Freddy quede libre en cualquier momento; él estaba bajo el cobijo de Ulises Ruiz porque le sirvió como golpeador para reventar el del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en 2006. Ahora, con el regreso del PRI [Partido Revolucionario Institucional al gobierno del Estado, con Alejandro Murat a cargo] creemos que puede quedar libre en cualquier momento. Su familia sigue afiliada al partido y su hermana, Alma Morales Arias, está a la cabeza del grupo allá en Chalcatongo de Hidalgo [lugar vecino con el que se disputan las tierras los pobladores de esta zona]”, comenta uno de los pobladores, quien pidió la reserva de su nombre por temor.

El conflicto

La raíz de esta problemática se generó en 1995, cuando detonó un conflicto agrario por 1 mil 356 hectáreas de tierra, ubicadas en la población de Chalcatongo de Hidalgo, supuestamente pertenecientes al poblado de Santo Domingo Ixcatlán.

Previo a la “masacre”, las autoridades del estado y del gobierno federal, entonces a cargo de Felipe Calderón, propusieron llegar a un acuerdo entre las partes, ofrecieron una compensación económica millonaria, bajo el programa Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosemer), operado por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) federal.

Mauricio Gijón Serdas, exdelegado en Oaxaca de la entonces SRA hoy Sedatu [Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano], expone que los conflictos sociales en el medio rural son por asuntos agrarios añejos que han sido resueltos jurídicamente, “pero subsiste la problemática social que impide una solución definitiva a ese conflicto, como es el caso de Chalcatongo de Hidalgo con Santo Domingo Ixcatlán”.

El exfuncionario añade que el juicio agrario llevado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con residencia en Huajuapan de León, “determinó que la superficie que están en conflicto jurídicamente le pertenecen a Santo Domingo Ixcatlán. Sin embargo, también existe una realidad: la mayor parte de esa superficie está en posesión de Chalcatongo de Hidalgo”.

“En 2008, cuando estaba al frente de la delegación en el estado de la SRA, me tocó entablar pláticas conciliatorias con ambas comunidades y se definió en campo la línea que dividía la superficie. Existen los antecedentes en las respectivas dependencias, tanto del gobierno federal como en el gobierno del estado, en la Junta de Conciliación Agraria”, dice.

“El hecho de que iba a ser compensado económicamente despertó alguna situación al interior, y empezaron a surgir dos grupos, eso generó que en 2008 se dieron hechos lamentables, trágicos”, comenta el exdelegado federal.

El ofrecimiento monetario fue atractivo para Freddy Eucario Morales, quien proponía aceptar el programa e inició con el convencimiento de parte de la población. La oposición sufrió las consecuencias de su negativa, entre ellos se encontraban el secretario de Bienes Comunales, Melesio Martínez Robles, y los comuneros Gustavo Castañeda Martínez e Inocencio Medina Bernabé, quienes fueron asesinados.

Por ello, el 19 de mayo de 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de 60 familiares y amigos de las víctimas y testigos, bajo el folio MC-113-08 México. Tres meses después, el 6 de agosto, la misma CIDH dictó la ampliación de las medidas cautelares a favor de 117 personas más.

Por ello, le solicitó al Estado Mexicano:

1) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 177 personas.
2) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y peticionarios.
3) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares y remover los factores de riesgo.

El abogado Maurilio Santiago Reyes, director del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, expone: “si hacemos el análisis de un homicidio con esas características,vemos que tiene dos situaciones. Una, había un conflicto agrario: el señor Freddy Eucario Morales, como presidente municipal, quería firmar unos convenios con Chalcatongo de Hidalgo, pero había una situación económica y los opositores fueron los que en cierta forma murieron. Ésa es la raíz principal.

“Otra de las situaciones es que había gente armada. El señor Freddy Eucario Morales Arias era de las guardias que en el movimiento de 2006 que habían sido apoyadas por Ulises Ruiz Ortiz. Entonces, se sentían empoderados porque todavía estaba como gobernador Ruiz Ortiz. No descartamos que haya sido una política de Estado: crear miedo para que la gente no se organice y mandar un mensaje a los pueblos indígenas porque era un momento de rebelión”, comenta el defensor de derechos humanos, promotor de las medidas cautelares, mismas que no han sido cumplidas.

Todavía, expone Maurilio Santiago, la familia de Freddy Eucario Morales Arias pretende ostentar el poder de la Comisaría de Bienes Comunales. La hermana del expresidente municipal se autonombra en este cargo, proceso que ya está impugnado ante el Tribunal Unitario Agrario, y por lo que esta representación no puede hacer ningún acuerdo o convenio para vender o enajenar las tierras.

Juan Santiago García fue representante del Consejo de Ancianos que pretendieron atender las necesidades que había en el pueblo, tras el triple homicidio. “Nos organizamos 12 personas para cubrir el espacio del Ayuntamiento porque había quedado vacío, no había poderes. Fue un trabajo muy difícil porque se dividió el pueblo”, relata.

La gente de Freddy, asegura, “trataba de acabar con el centro de la población: intimidaban a las personas que venían defendiendo al pueblo, a veces había balaceras; mucha gente huyó; en realidad se sentía muy tenso. Después de eso, mucha gente sufre, muchos quedaron diabéticos, otros, hipertensos. Yo tuve que tener ese valor de salir al frente, aunque a veces las calles estaban muy vacías”.

“Me dan lástima mis paisanos que todavía creen en estas personas. Nosotros logramos tener esas hectáreas a través del Tribunal Supremo. Este conflicto lo ganó el municipio de Santo Domingo Ixcatlán… Hay un documento antiguo, de los virreyes de la Nueva España, en los que se declara fundado en 1584, se delimita que la zona es de este municipio”, relata Juan Santiago García, representante del Consejo de Ancianos y que ha colaborado en la recopilación del expediente agrario.

Pobreza y saqueo

Enclavado en la mixteca oaxaqueña, este municipio es de los más pobres del estado y del país. Para llegar a él, se requiere que alguien más “suba” en su vehículo particular o de servicio, desde la comunidad de Yosondúa, la más cercana de ahí, a 1 hora aproximadamente por camino de terracería.

Sus habitantes viven en casas hechas de madera, con techos de láminas de metal y pisos de tierra. Hay quienes han comenzado a edificar sus viviendas con ladrillos y cemento, gracias al envío de remesas de quienes se han arriesgado a buscar trabajo, de manera ilegal, en los campos de Estados Unidos.

Hasta 2010, el Catálogo de Localidades que llevaba la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría del Bienestar) daba cuenta de que esta comunidad registraba un “muy alto” grado de marginación municipal. En el comparativo de cifras, de 2005 a 2010, se aprecia la disminución poblacional que tuvo, al pasar de 1 mil 582 habitantes a 877, 2 años después de los asesinatos.

Las cifras oficiales también indican que el 55.74 por ciento viviendas particulares están habitadas con algún nivel de hacinamiento; en tanto que el 87.45 por ciento de la población ocupada subsiste hasta con dos salarios mínimos (entonces cotizado en 59 pesos).

Durante más de 1 década de conflicto, los recursos de los Ramos Generales 28 y 33 no se dispersaron (y ahora están suspendidos por el gobierno federal). El primero consistía en transferir recursos que no estaban etiquetados a las entidades federativas y a los municipios; es decir, no tenían un destino específico en el gasto de los gobiernos locales. El segundo transfería recursos al municipio y su objetivo era el de atender demandas en educación, salud, infraestructura básica, seguridad pública, programas alimenticios y de asistencia social; así como infraestructura educativa, según información oficial.

Y es que el 7 de agosto de 2008, el Congreso de Oaxaca desapareció los poderes en Santo Domingo Ixcatlán, por lo hechos del 30 de abril de ese mismo año, no hubo presidente municipal, pero sí seis administradores municipales.

Fue hasta el 26 de marzo de 2018 que se nombró a Maximiliano García García como presidente municipal, quien comenta en entrevista: “Por la situación que hubo en nuestra comunidad, fueron más de 10 años sin autoridad. Hubo administradores, pero estos señores nunca estuvieron aquí en el municipio, nunca llegó un apoyo, los recursos nunca los vimos”.

Maximiliano García comenta en entrevista que a 1 año de asumir su cargo “todavía estamos revisando qué pasó con los recursos porque sabemos que llegaban al municipio, pero no sabemos qué es lo que hicieron los administradores con ellos. Estamos viendo qué podemos hacer para pedir una auditoría: se supone que llegaba el dinero, pero no se dispersaba. Desconocemos qué mal uso le dieron los administradores”.

El municipio, agrega, “lo encontré en ceros, no tenemos nada: no hay herramientas para el tequio ni automóviles para trasladarnos a la ciudad de Oaxaca. En los primeros días de trabajo, prácticamente, tuvimos que pedir apoyo a la misma gente para que nos prestaran carros para trasladarnos. Antes, teníamos camionetas, camiones Torton, maquinaria pesada, no sabemos qué hicieron con ellos, si los vendieron o qué”.

Maximiliano García alerta que todavía hay inestabilidad generada por la familia de Freddy Morales: “no sabemos cómo vamos a hacerle. Estamos trabajando con el cabildo y los agentes para que esto ya no vuelva a suceder, se normalice todo y la gente se encuentre tranquila.

“El municipio se caracteriza por tener gente humilde, respetuosa, pero lamentablemente esa situación afectó mucho. No tenemos fuentes de empleo, la cuestión económica es delicada, rezagada, por eso es que tenemos que emigrar para buscar mejores condiciones de vida para nuestras familias”, dice el hombre que tuvo que salir a Filadelfia, Estados Unidos, para emplearse en un restaurante de comida griega.

El miedo

Aquí, los médicos se ausentaron, no llegaban a la clínica a consecuencia de la inseguridad. El temor reinaba. Los programas eran entregados en poblaciones cercanas, pues los delegados de la Sedesol tampoco querían exponer sus vidas. Los maestros iban y venían (según consideraran el riesgo). Desde entonces, no hay siquiera sacerdote que oficie homilía en la parroquia que data desde la época de la Colonia.

“Hemos buscado todas las formas para traer a un doctor. Hemos enviado solicitud al gobierno del estado y a Huahuapan de Léon para que nos manden un médico, pero no hemos tenido buena respuesta, ellos dicen que no hay condiciones… Nos dicen que los médicos no quieren venir porque es un pueblo problemático”, relata el presidente municipal.

“Nos dábamos cuenta de que iban a hacer algo o que venían a amenazarnos porque ya no dejaban entrar a las maestras. Ahora, por eso ya no quieren venir los médicos… Tampoco se podían tener cosas indispensables en la comunidad. Ahorita, como que ya se calmaron, pero siempre está uno con el temor de cuándo van a enloquecer”, comenta Matilde Castaño, originaria de esta población mixteca.

A Matilde le cuesta trabajo el andar: usa un bastón de madera, con el que se apoya. Enfermó hace algunos años, cuando trabajaba en la Ciudad de México, y decidió regresar a su pueblo para recuperar su salud. Sin embargo, se encontró con el estrés que se había generado en la población por el conflicto agrario. Recién entró la administración de López Obrador, se inscribió en el Programa Pensión para Adultos Mayores, está a la espera de que todo se regularice para recibir el beneficio prometido por el presidente.

Algo más le preocupa: “Ahora, esta señora [la hermana de Freddy] no quiere dejarlos tomar agua del mantial que está allá en donde le llaman El Alacrán”, lo que pone en alerta a los pobladores de que se vaya a suscitar un nuevo conflicto.

Pese a las medidas cautelares de la CIDH, aquí no hay hasta ahora presencia de las autoridades estatales y federales. Menos aún, cumplimento de lo que instruyó el organismo internacional. Lo que priva es el olvido.

Érika Ramírez, enviada

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