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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseguró que el número de víctimas de desaparición en México va en aumento. “Pese a los avances que se registran en la búsqueda y localización de personas en el país, producto del incesante e incansable trabajo de miles de familias que enfrentan el infortunio de desconocer el paradero de alguno de sus seres queridos, sus aportaciones y la de colectivos de la sociedad civil, no se ha podido detener ese flagelo”.

Al participar en el “Foro Chilapa 2019: Construcción de la Paz… con Verdad y Justicia”, el primer visitador General de la CNDH, Ismael Eslava, demandó materializar el contenido de la Ley General en la materia mediante la profesionalización de actores para que las Comisiones de Búsqueda, Fiscalías Especializadas y áreas de servicios periciales cumplan sus funciones.

Según un comunicado, “expresó que a más de 1 año de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se requiere materializar el contenido de ese precepto mediante la profesionalización de los actores encargados de su aplicación para que las Comisiones Locales de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y las áreas de servicios periciales, entre otras, cumplan cabalmente sus funciones”.

Eslava Pérez destacó que, a la fecha, sólo se han establecido dichas Comisiones en Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, mientras que Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Sinaloa y Sonora no han constituido o puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas.

Por ello, demandó una “Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición que parta del reconocimiento de uno de los problemas más complejos, dolorosos e indignantes que enfrentamos como Estado; el diálogo con familiares y colectivos de personas desaparecidas como eje rector de las instancias involucradas en la atención del flagelo; crear el registro de familiares afectados y dotar de suficiente personal, equipamiento y materiales a los servicios médicos forenses y servicios periciales”.

El visitador destacó que violencia, inseguridad, corrupción e impunidad propician e inciden en que la desaparición de personas sea un flagelo que, desafortunadamente, estamos muy lejos de dimensionar y atender de manera adecuada.

Otro punto que subrayó es que que la falta de investigaciones ministeriales homogéneas refleja un problema estructural en materia de procuración de justicia en el país, sobre todo en las entidades, lo que ubica a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono y revictimización al hacer nugatorios sus derechos constitucionales.

Nancy Flores