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La Sala Superior del Tribunal Electoral decidió no investigar la designación de Carlos Hernández como magistrado en funciones de la Sala Regional Especializada, luego de recibir una denuncia que advierte posibles irregularidades que vulnerarían la independencia judicial del funcionario.

Iván Gómez, autor de la imputación, explica en entrevista con Contralínea que la Sala Superior, a través de una resolución emitida el pasado 23 de abril, “dio carpetazo al asunto y encubre un posible acto de corrupción”.

Los hechos se remontan al 10 de septiembre de 2017, el último día de gestión del magistrado Clicerio Coello. Él le entregó los asuntos jurisdiccionales a Iván Gómez, el secretario de estudio y cuenta de mayor antigüedad en su ponencia y por ende, el indicado para suplir la ausencia de Coello según la ley.

El segundo párrafo del artículo 194 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estipula que mientras el Senado elige a un magistrado, “la ausencia será suplida por el secretario general o por el secretario con mayor antigüedad de la propia Sala”.

A pesar de esta normativa, el 14 de septiembre la Sala Superior designó a Carlos Hernández como magistrado. “No hubo ningún escrito que motivara dicho cambio. Me excluyeron arbitrariamente de acceder a dicho cargo en igualdad de condiciones”, señala Iván Gómez.

De acuerdo con él, hasta hoy se sigue realizando una discriminación en su contra: Hernández continúa en el cargo, ya que el Senado aún no ha nombrado a otro magistrado.

Fue el pasado 11 de abril de 2019 cuando Gómez promovió un recurso para dejar sin efectos la designación del ahora magistrado, exigir la reparación por perjuicios y que se investigue a los servidores públicos involucrados. Acreditó –presentando la plantilla de personal del Tribunal Electoral, misma que está publicada en su página de transparencia– que ingresó en la categoría de secretario de estudio y cuenta 2 meses antes que Hernández.

Este recurso fue resuelto el 23 de abril por la Sala Superior y se determinó que la designación fue un acto “definitivo e inacatable”, y no podía ser “impugnado”. Es decir, no iniciarán ninguna investigación interna para ver si hubo corrupción ni, de ser el caso, determinar sanciones administrativas.

Para el afectado, la Sala Superior no quiso entrar al fondo del asunto porque sabe que no hay justificación alguna para su exclusión. Además, “saben que son la última instancia en materia electoral y optaron por dar carpetazo”.

Agrega: “Creo que esto está estrechamente relacionado con los conflictos que existen al interior de la Sala Superior y fue un acuerdo entre los magistrados para no abrir investigaciones”.

Y es que sn el proceso por el cual se designó a Hernández intervinieron dos órganos: la Sala Superior y la magistrada presidenta de la Sala Regional Especializada, Gabriela Villafuerte Coello. Fue esta última la que propuso que el ahora magistrado asumiera ese cargo y el resto secundó la propuesta.

Sin embargo, otras designaciones –realizadas en 2016 y 2019– sí han nombrado a los secretarios con más antigüedad, tal como lo establece la normatividad.

El problema de fondo, explica Gómez, es que las “designaciones ilegales o corruptas” vulneran la independencia de un servidor público. Y la negativa de investigar el caso, evita esclarecer responsabilidades y aplicar sanciones.

“El presidente [Andrés Manuel] López Obrador ha traído como bandera el combate a la corrupción iniciando inclusive investigaciones a magistrados y jueces federales. En el Tribunal Electoral es todo lo contrario: parece que se están encubriendo los posibles actos corrupción.”

Para este trabajo se solicitó conocer la versión del magistrado Carlos Hernández, pero su secretaria Rosa María José Miguel informó que por el momento no brindará entrevistas.

Marcial Yangali