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La Presidencia de la República asegura no tener ningún expediente con pruebas documentales sobre el gasto del gobierno de Enrique Peña Nieto a favor de medios de comunicación y columnistas, según su respuesta a la solicitud de información 64619, hecha por Contralínea.

Ello, a pesar de que el 8 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó nuevamente que en la pasada administración “les pagaban a los columnistas, los que ahora están dale y dale y dale […], y que incluso inventan cosas como lo de la renuncia de [Alfonso] Romo [El Financiero, Estrictamente personal, Raymundo Riva Palacio, 7 de mayo de 2019] cobraban por sus servicios en el gobierno. No doy a conocer los datos porque no lo considero sano, pero sabemos por qué esa actitud, tenemos toda la información: se gastaba muchísimo dinero en el maiceo, en el chayote. Entonces, se terminó eso, están molestos y ahora tienen financiamiento de otras partes y tienen seguramente la consigna de estar en contra nuestra”.

No obstante, al responder la solicitud de información –en la que se piden precisamente copias de esas pruebas de las que tanto ha hablado López Obrador, la Presidencia aseguró que ni su Coordinación General de Comunicación Social y Vocería, su Dirección General de Finanzas y Presupuesto, ni su Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales cuentan con expediente alguno relativo al gasto del gobierno pasado a favor de medios de comunicación, dueños de medios y periodistas por diversos conceptos, incluida la publicidad gubernamental.

La Presidencia indicó que tras “realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los registros físicos y electrónicos que obran” en esas cuatro áreas –a las cuales se les turnó la petición– “no se identificó evidencia documental” al respecto.

Por ello, el Comité de Transparencia de la Oficina de la Presidencia de la República resolvió “confirmar la inexistencia de la información” (acta OPR/CT/4SE/2019), “con fundamento en lo previsto en los artículos 141 fracciones I y II, y 143 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública”. Y recomendó a Contralínea hacer la solicitud a la Secretaría de Gobernación.

 No obstante, el 8 de mayo el mandatario reiteró en su conferencia matutina que sí cuenta con las pruebas. “Aquí, imagínense, tenemos todos los días este diálogo, todo lo que ustedes recogen sale aquí sin censura, yo nada más me limito, porque siempre tiene que haber una frontera, autolimitarse, pero lo que les digo aquí que había columnistas que cobraban por sus servicios en el gobierno es cierto y lo puedo probar. No puedo darlo a conocer, ya no me corresponde”.

—¿Sí lo puede probar?  —le cuestionó una reportera.

Sí, tengo los papeles.

—¿Pero no lo va a hacer público?

—No puedo, solamente que una autoridad competente, o sea, si un ciudadano solicita. ¿Cómo se llama este organismo?

—Transparencia.

—Transparencia, que yo entregue toda esa información, la entrego. Es la ley.

Pero yo no lo voy a hacer porque me van a salir a decir que estoy tomando represalias. Además, es de mal gusto, pero cuando digo que cobraban es porque tengo las pruebas, si no, cómo.

—¿Son diferentes analistas que usted ha dado a conocer?

—Sí.

—¿Cuáles?

—No, no me quieran sopear ustedes.

Esa declaración no es la única en la que López Obrador ha asegurado que sí cuenta con pruebas al respecto. Por ejemplo, en su conferencia de prensa del jueves 7 de marzo aseguró: “Miren, en comunicación estamos logrando el propósito que se comunique lo que se está haciendo y nos sale sin costo, porque no tenemos contratos con empresas. […] Tenemos el informe sobre eso, no lo doy a conocer porque involucra a medios y a periodistas y no quiero que se les juzgue por eso, porque es una manera también de dar un servicio y cobrar”.

También en la del 29 de abril habló al respecto: “Yo les comentaba que antes aquí se les compraban servicios a columnistas; y ahí sí, por cuestiones de dignidad no voy a mencionar los nombres. Pero acabo de decir que yo no digo mentiras, tengo las pruebas, porque eso sí sería una agresión directa y sé lo que represento. Eso sí que sería muy fuerte”.

Pero la Presidencia asegura que carece de cualquier documento que ampare los dichos del mandatario, según respondió a la solicitud de información hecha al amparo de la Ley General de Transparencia, en la cual se apeló al máximo principio de publicidad garantizado en el Artículo 6 de la Constitución, que obliga a las instituciones a aplicar un criterio amplio al interpretar las solicitudes.

Además, Contralínea señaló en la petición que “al tratarse de proveedores (sin importar a qué se dediquen) no se puede argumentar reservas por datos personales o algún otro supuesto, porque la Ley establece como obligación del gobierno transparentar todas las contrataciones”. Y es que de acuerdo con la Ley, los contratos del gobierno con particulares son informaciones de carácter público.

Ello, porque el presidente ha repetido que se reserva los datos porque no considera “sano” difundirlos, porque no quiere “que se les juzgue por eso” a los columnistas, por “cuestiones de dignidad”, porque lo pueden acusar de tomar represalias, e incluso porque “es de mal gusto” revelarlos.

Además del presidente, el coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de México y vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, ha asegurado contar con esas pruebas documentales. “Yo tengo listas de esos periodistas, columnistas”, aseguró a Contralínea.

En entrevista, señaló: “También te debo decir que los tecnócratas del pasado no eran tan ordenados ni eran tan tecnócratas: en manejo de lo que era la corrupción no dejaron registro. No hay [archivo en formato de] Excel; no hay un registro automatizado. Todo está en cajas de contratos individuales o de campañas, no están siquiera digitalizados [los archivos]”. Agregó que “hablamos de muchas cosas que no están registradas: menciones, impactos, entrevistas, todo está tasado. Cada teaser [formato publicitario que precede a una campaña publicitaria directa], tiempo aire, todo está tasado, y es imposible [determinarlo] porque eso no está en contratos” (https://bit.ly/2SLTmNm).

Pero en su respuesta (oficio CGCSyVGR/DGPA/AI/113/19), niega contar con esas “listas” y esas “cajas”: “derivado de lo solicitado, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida dentro de los archivos de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República, así como en sus áreas de apoyo;  sin  embargo,  derivado  de dicha búsqueda no se localizó la información requerida”.

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Nancy Flores

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