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Puerto Príncipe, Haití. Mientras en Haití crece la inseguridad y proliferan los enfrentamientos entre bandas armadas que causan muerte a la población vulnerable, la policía anunció que reprimirá con rigor a los integrantes de pandillas en el país.

La declaración surge en medio de las críticas de organizaciones sociales, de derechos humanos y personalidades de diversa índole, que denuncian la multiplicación de actos violentos, casi ante la mirada de las autoridades, sucesos que ya cobraron más de un centenar de víctimas desde noviembre pasado.

En esa fecha, la Red Nacional de Derechos Humanos cuantificó unas 64 víctimas mortales en el barrio La Saline de Puerto Príncipe, y lo calificó como la mayor masacre desde la caída de los dictadores Jean Claude y François Duvalier, en 1986.

Días antes, la Comisión Episcopal de Justicia y Paz de Haití deploró la muerte violenta de al menos 200 personas entre octubre y noviembre de 2018.

La situación no es muy diferente desde inicios de año. Barrios populares como Ciudad de Dios, Marttisant y La Saline, en la zona metropolitana de la capital son escenario de ajustes de cuentas, quema de viviendas, robo y secuestro de camiones de mercancías, así como disputas entre bandas y con efectivos policiales.

De hecho, la policía confirmó que en lo que va de año al menos 15 de sus agentes murieron a manos de individuos no identificados.

También denuncian que las pandillas comienzan a institucionalizarse, y además de los asesinatos planificados o al azar, estos grupos armados escriben a una embajada, una organización no gubernamental o ministerio para exigir dinero a cambio de permitir la ejecución de un determinado proyecto.

A mediados de abril, mientras el primer ministro designado Jean Michel Lapin presentó sus documentos ante el Parlamento, en las inmediaciones estalló una guerra de guerrillas como la llamó el jefe de Gobierno.

“Desde 1986, el país ha estado desarrollando una especie de bandolerismo que ha evolucionado hasta el punto de que el Estado se enfrenta ahora a una guerra de guerrillas”, dijo el líder del ejecutivo, y anunció que al más alto nivel se toman acciones para frenar el fenómeno.

Horas después el presidente Jovenel Moise confirmó en la red social Twitter, que dio instrucciones oficiales para que se tomaran medidas urgentes contra los bandidos armados que amenazan la paz en el hogar y la seguridad pública.

El 29 de abril, la Policía Nacional de Haití completó con éxito una de sus primeras operaciones contra pandilleros armados, y ultimó al peligroso jefe de banda Tije, acusado de perpetrar los asesinatos de Carrefour-Feuilles en los que perdieron la vida unas ocho personas.

El operativo sucedió a una redada en esa localidad que terminó con la muerte de un pandillero y el arresto de otros seis. También confiscaron dos armas de fuego, y las fuerzas del orden anunciaron que habían recuperado el control del territorio.

Precisamente la PNH es blanco de numerosas críticas y algunos señalan su incapacidad de enfrentar la inseguridad en el país, en un año que se disputan las elecciones legislativas y que cesa el acompañamiento policial de Naciones Unidas, previsto para octubre próximo.

Las pugnas por los puestos del Parlamento podrían constituir un catalizador de los enfrentamientos entre pandillas, advirtió Enock Joseph, pastor en la barrida de Cité-Soleil.

La compleja comuna, ubicada en la entrada norte de la capital, también registró en días recientes mayores índices de violencia y se reportaron al menos siete fallecidos, después de que en los últimos 3 años experimentara una tensa calma.

“Era una calma aparente, una paz frágil. Fue una tregua. La ausencia de enfrentamientos fue sólo temporal porque las armas todavía están presentes”, dijo el religioso e indicó que el Estado hace esfuerzos insuficientes para controlar las armas.

En febrero pasado Moise instaló a los nuevos miembros de la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración, estructura encargada de coordinar y aplicar, de conformidad con un decreto presidencial, la política de desarme y la disolución de los grupos armados.

A 2 meses de su instauración, aún no muestra resultados relevantes, a pesar de que entre sus objetivos se encuentra el establecimiento de un programa de desarme que utilizará un enfoque de colaboración.

También en la actual situación de inseguridad, activistas señalan que los diferentes gobiernos y legisladores utilizaron las bandas armadas para rejuegos políticos. Y en este escenario causa recelo la relación del senador García Delva con uno de los más buscados criminales del país.

Delva confirmó que sostuvo unas 24 conversaciones telefónicas con Arnel Joseph, quien durante años atemorizó a los habitantes de Ciudad de Dios y por quien la policía ofrece la cuantiosa cifra de 2 millones de gourdes (unos 25 mil dólares).

Sin embargo, negó conspirar con el fugitivo para incrementar el clima de violencia en el país, como sugerían muchos de sus detractores.

La reciente ola de inseguridad acontece mientras el país enfrenta una de sus mayores crisis, marcada por periódicas manifestaciones antigubernamentales, y se mantienen en rojo los principales indicadores económicos.

En este complejo contexto, el director general de la policía, Michel Ange Gédéon se comprometió a utilizar todos los recursos necesarios para lograr la estabilidad, aunque subrayó que la PNH es solo un eslabón de esa cadena y los demás actores tienen que contribuir también a la paz.

Anelí Ruiz García*/Prensa Latina

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