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Desplazados de Chiapas que acampan en la Ciudad de México exigen a la Secretaría de Gobernación que atienda su problematica para poder retornar a sus hogares y que les sean devueltas sus tierras despojadas.

Los afectados piden al gobierno federal la liberación de los que consideran presos políticos y denuncian abusos sexuales a las mujeres que están encarceladas en la chiapaneca prisión del Amate.

El pasado 9 de abril, los desplazados de Tuxtla Gutiérrez decidieron instalar un campamento en el Zócalo capitalino –a las afueras de Palacio Nacional–, con el cual buscan llamar la atención sobre sus casos.

En entrevista, algunos de los afectados aseguran que los terrenos de los que los desalojaron les pertenecen y denuncian abuso policial durante el desalojo que ocasionó la muerte de una persona, la desaparición de dos más y el hurto por parte de los agentes de objetos, entre ellos estufas y neveras. Este 24 de abril se movilizaron a la Secretaría de Gobernación para intentar dialogar con la secretaria Olga Sánchez Cordero. Al respecto, advierten que de no tener solución, instalarán el campamento afuera de esas instalaciones.

Los desalojos, explican, iniciaron el 15 de marzo en el predio “Chapultepec kilómetro 2.51”. Los hechos afectaron a cerca de 500 personas que fueron desplazadas.

Los policías “no mostraron órdenes de desalojo: sólo comenzaron a tirar gas y huimos. Ahí detuvieron a 35 compañeros; además, uno murió por los golpes de la policía y hay dos personas más desaparecidas, de las cuales no nos dan razón”, asegura Miguel Ángel Cruz, colono de la organización Movimiento Campesino Regional Independiente-MOCRI CNPA y uno de los desplazados.

“Ese predio lo está reclamando una exdiputada del PRI [Partido Revolucionario Institucional], María de Jesús Olvera Mejía; ella no tiene la razón pero tiene peso político”, afirma el líder, quien además asegura que después de ese día se presentaron siete desalojos más a diferentes predios, donde se desplazaron más de 2 mil familias.

Miguel Ángel Cruz denuncia que durante esos siete desalojos se destruyeron escuelas primarias y secundarias que ya tenían registro en la Secretaría de Educación, afectando a cerca de 1 mil niños. “Los maestros están amenazados, les dicen que si vuelven a enseñarle a nuestros hijos los van a meter presos”.

Los presos

Eduardo Navarro, dirigente nacional de Frente Popular Francisco Villa Siglo XXI, asegura que hay 114 personas detenidas sin justa causa, entre los cuales se encuentran mujeres que están siendo obligadas a prostituirse con los reos varones.

Para el líder, estos crímenes funcionan bajo la complicidad del director del penal. El caso se discutirá hoy con integrantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para solicitar la presencia de los defensores en el municipio.

Navarro también denuncia que helicópteros sobrevuelan los terrenos de las comunidades intimidándolos con armas para que huyan, como sucedió con el predio de Celia Herrera.

“Destruyeron todo: habían escuelas… Todo lo tiraron con máquinas pesadas. Quemaron todo y además se robaron las cosas de las personas, como estufas y neveras”, cuenta Ana Silvia de los Santos, una de las desplazadas de ese predio.

La mujer asegura que un bebé de 6 meses, hijo de una de las presas, está enfermo y no ha recibido atención médica. “El gobernador [Rutilio Escandón] dijo que había un campamento para que los desplazados tuvieran atención, pero no es cierto, no hay nada para nosotros”.

Los entrevistados aseguran que hay familias enteras escondidas en el monte del municipio porque tienen miedo de ser detenidos por la policía, como sucedió con los demás presos.

Lauren Franco