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El Mecanismo de Protección a Periodistas continúa con sus negligencias: este día –23 de abril– personal de Contralínea fue citado para abordar las más recientes agresiones en su contra; no obstante que la reunión se acordó a las 11:30 de la mañana, no fue sino hasta 40 minutos después que se permitió el acceso a una sala de recepción, sin que nadie de la unidad recibiera y menos aún informara a qué hora se efectuaría la audiencia o las razones por las cuáles se estaba retrasando.

Los funcionarios que se reunirían con los periodistas –Óscar Ochoa y Luz Vergara, del área de Evaluación de Riesgos– se encontraban en otra reunión, es lo único que alcanzaban a informar sus colaboradores ante las preguntas de los reporteros de Contralínea.

Sin importar que la reunión se había retrasado por más de 1 hora, los funcionarios ni siquiera se apersonaban para dar una explicación. Ante estos hechos y puesto que el resto de sus actividades se estaban interrumpiendo sin siquiera saber en qué momento serían atendidos, los reporteros se retiraron del lugar.

La cita se tuvo en instalaciones improvisadas dentro de un complejo de la Policía Federal, donde se rigen por protocolos de seguridad estrictos –correspondientes a áreas estratégicas–, por lo cual los funcionarios del Mecanismo deben informar previamente de las reuniones que sostendrán con periodistas, defensores o víctimas.

No obstante, personal de la Policía Federal detalló que no tenían ningún oficio respecto de la reunión con los integrantes de Contralínea. Para los oficiales es muy común que, por este tipo de negligencias, los beneficiarios del Mecanismo permanezcan más de 1 hora afuera de las instalaciones en espera de ser atendidos, informaron.

Es urgente que el subsecretario de Derechos Humanos y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, corrija esta situación y ordene a sus subalternos, en especial a Óscar Ochoa y Luz Vergara, del área de Evaluación de Riesgos, que en caso de citar a los beneficiarios, cumplan su deber y les brinden atención conforme la ley lo marca. Que no se les olvide que son servidores públicos adscritos, además, a un área de derechos humanos y de atención a víctimas.