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El Juzgado Segundo del Distrito del Estado de Puebla falló a favor de la comunidad indígena Nahua de Tecoltemic, Ixtacamaxtitlán, al determinar que las dos concesiones mineras a favor de la trasnacional Alamaden Minerals son ilegales, por violar el derecho a la consulta y al consentimiento informado.

En la sentencia del 11 de abril, el Juzgado concede el amparo y protección a la justicia a la comunidad indígena. Además advierte la ilegalidad de las concesiones mineras de la empresa canadiense por no tener en cuenta la opinión de la comunidad afectada por esta actividad.

La empresa se negó a realizar la respectiva consulta a la comunidad, argumentando que en el territorio no existía población indígena (https://bit.ly/2XAVE4z). Ante esto, la autoridad judicial rechazó las afirmaciones de la minera y reconoció que Tecoltemi tiene carácter indígena y por ello cuenta con protección jurídica específica de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a las empresas a consultar a los pùeblos originarios acerca de los proyectos extractivos en su territorio.

El juicio de amparo, presentado por las comunidades indígenas bajo el acompañamiento de las organizaciones Fundar y Tiyat Tlali, buscaba también la revisión de diversos artículos de la Ley Minera que consideraban inconstitucionales por privilegiar a las empresas, darle preferencia a la minería y permitir que se le entreguen a éstas los territorios de las comunidades.

No obstante, en la sentencia no se tomaron en cuenta dichos argumentos. Lo que sí se aseguró es que el Congreso de la Unión ha incumplido en su obligación de incorporar a la Ley Minera el derecho a la consulta y el consentimiento previo.

En un comunicado, Fundar y Tiyat Tlali aseguran que continuarán denunciando las violaciones a la Constitución y a los tratados internacionales en la Ley Minera.

Ambas organizaciones reiteraron que la declaración hecha por la empresa Almaden Minerals es falsa: la minera canadiense afirmó que las concesiones, donde se buscaba instalar una mina de oro y plata a cielo abierto fueron canceladas antes de la sentencia del juzgado y que su proyecto de extracción se encontraba sobre concesiones diferentes. Las organizaciones exponen que durante cerca de 3 años la empresa intentó cancelar las concesiones para que el juicio terminara sin sentencia  y en febrero de 2018 un tribunal colegiado determinó que la Secretaría de Economía no podía conceder dicha cancelación.

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Lauren Franco