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El documento elaborado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), intitulado: Reforma Laboral Compatibilidad del predictamen por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pone de manifiesto la prioridad oficial de  colocar las reformas en materia laboral que se procesan en el Congreso de la Unión, en sintonía con las exigencias del gobierno estadunidense y en especial con las de congresistas como la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, dejando en segundo plano las necesidades y la opinión de millones de trabajadores y especialistas del país.

Resulta preocupante en todos los sentidos la actitud irreflexiva asumida por los diputados del grupo mayoritario en San Lázaro por votar a favor en un proyecto de ley diseñado de antemano y al gusto de Washington, luego de armar en sus foros de consulta una parafernalia de utilería donde las opiniones emitidas, a fin de cuentas, no serán tomadas en cuenta.

Como ocurrió con la reforma laboral de Felipe Calderón, enviada a la Cámara de Diputados a unos meses de concluir su sexenio, en septiembre del 2012, con carácter preferente y aprobada con la complicidad de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el contenido del nuevo ordenamiento no se está tomando en cuenta el interés de la clase trabajadora sino la necesidad política de entregar a los socios comerciales un traje a la medida que no entorpezca el Tmec.

Tras 25 años del  Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los beneficios sociales y laborales para millones de trabajadores y campesinos fueron adversos en todos los sentidos; los salarios quedaron pulverizados conduciendo a la pauperización de la clase obrera y millones de campesinos –se calculan unos 10 millones– tuvieron emigrar a los Estados Unidos para no morir de hambre.

La congresista Pelosi ha reiterado que si México no modifica su legislación laboral no podrá amarrarse el Tmec. El líder parlamentario de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, ha tratado de maquillar la premura legislativa al justificar que ya estaba planeado votar la reforma en abril; esto es, antes de que existiera la declaración de Pelosi.

Pero el documento elaborado por la STPS indica todo lo contrario al buscar cuadrar el pedimento del gobierno estadunidense, bajo las siguientes consideraciones como la reforma de febrero de 2017 –también impulsada bajo el contexto de la fallida inclusión de México al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TTP, por su sigla en inglés)– y el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Senado en septiembre pasado, con el Capítulo 23 y Anexo 23-A del Tmec, en materia de libertad sindical y negociación colectiva, firmado por nuestro país con Canadá y Estados Unidos, sus socios comerciales, en noviembre del 2018.

De acuerdo con lo establecido en el Anexo 23-A, la entrada en vigor del Tmec daba un “plazo límite” al primero de enero de 2019 para que México adopte una serie de medidas relacionadas con el capítulo laboral del nuevo acuerdo.

En torno a la posición del gobierno de Estados Unidos, el documento de la STPS, cita las palabras de Nancy Pelosi: “A menos que [México apruebe una legislación acorde a los compromisos del Tmec], ni siquiera podemos considerar [su ratificación]. Tenemos que ver que México apruebe la legislación, que ésta tiene los factores establecidos que asegurarán que se aplique y que demuestre algunos compromisos con sinceridad”.

Según los tiempos establecidos, el cumplimiento de las nuevas directrices en materia laboral lleva un retraso de 3 meses. De ahí la premura de la nueva administración para despachar a la brevedad los cambios legislativos en la materia.

Otra de las voces que ha exigido celeridad en el asunto es el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, quien expresó que si México no aprueba la reforma laboral no podrá cerrarse el Tmec. Contrario a lo dicho por Mario Delgado, el funcionario reiteró en una transmisión vía internet desde Washington, el pedimento de Nancy Pelosi en el sentido de que el gobierno estadunidense discutirá el Tmec hasta que México concretice la mencionada reforma.

Censurable que los “representantes del pueblo” no abordaran desde un principio la discusión de un tema tan delicado y trascendente para el futuro laboral y el nivel de vida de millones de mexicanos de una manera responsable, planteando desde principios de año una amplia convocatoria que permitiera discutir y analizar a fondo el tema para hacer una propuesta legislativa integral,  con el fin de evitar la creación de una ley a modo de los intereses de las trasnacionales y del capital nacional y foráneo, como ocurrió con la reforma de 2012 que resultó hecha a modo de la clase empresarial abriendo la puerta a la tercerización.

También cuestionable resulta la actitud asumida por los legisladores del partido mayoritario que desde el Congreso se han mostrado indiferentes a iniciativas ciudadanas tendientes a enmendar abusos contra miles de familias de bajos recursos en todo el país, como los cobros ilegales que desde hace años realiza la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras el cierre de Luz y Fuerza del Centro y el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME),  en octubre del 2009, no únicamente en el centro del país sino en diversos estados del país.

La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) y el SME han acompañado con miles de firmas una propuesta para elevar el derecho a la electricidad a rango constitucional como un derecho humano, pidiendo el establecimiento de una tarifa social en favor de la economía de los que menos tienen y la aplicación del borrón y cuenta nueva que ha terminado por criminalizar a los usuarios.

También se han negado a escuchar las exigencias de miles de pensionados que piden a las autoridades retornar al viejo sistema de pensiones solidarias, desechando el modelo de las cuentas individuales manejadas por las Afores y que amenazan con dejar sin una pensión digna a las nuevas generaciones que empezarán a conocer de su cruenta realidad en el 2021, al llegar a su jubilación los primeros trabajadores que ingresaron desde 1997 al nuevo esquema depredador. En su mayoría ni siquiera alcanzarán el número de semanas cotizadas y quienes lo hagan no obtendrán más allá del 30 por ciento de su último sueldo como raquítica pensión.

Para desgracia de millones de ciudadanos, la actitud asumida por los nuevos “representantes populares” va adquiriendo cada vez más  tintes neoliberales.

Martín Esparza*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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