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La cifra de muertes violentas registradas en México de 2006 a la fecha –252 mil 538– son propias de un país en guerra, alertó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

 

“Un país con enormes recursos humanos y económicos como México debería poder revertir esta situación sin recurrir a falsos atajos”, indicó la también expresidenta de Chile.

La impunidad “crónica” y “generalizada” no puede seguir siendo una opción, señaló al término de su visita a México. Durante su paso por el país, escuchó a víctimas que “no confían” en el sistema de justicia mexicano. “Recuperar esta confianza con resultados y no sólo con palabras es esencial para la legitimidad de las autoridades ante las víctimas”.

Este martes en la mañana, la comisionada y el presidente Andrés Manuel López Obrador firmaron un acuerdo para que la creación y actuación de la Guardia Nacional se dé en un marco de respeto a los derechos humanos. La Oficina encabezada por Bachelet también brindará atención técnica relacionada con la operación, transparencia y rendición de cuentas de la Guardia.

En su conferencia de cierre de visita –efectuada en el Espacio X del Centro Cultural de España, en el Centro Histórico de la Ciudad de México–, la alta comisionada recordó que hasta ahora “los distintos cuerpos de seguridad no sólo fueron incapaces de reducir los alarmantes niveles de crímenes y abuso, sino que ellos mismos fueron protagonistas de vejaciones inconcebibles en una democracia”.

Como prueba de esto, mencionó que seis de las 10 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano están relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.

“Aliento a los poderes judiciales de instancias inferiores, y especialmente a las de las entidades federativas, a abrazar la causa de la dignidad de los seres humanos y a identificarse con los precedentes garantistas que ya se dictan a nivel interno e internacional”, externó.

Bachelet confió en que la Guardia Nacional puede abrir una oportunidad para crear una nueva fuerza policial de naturaleza civil que sí respete los derechos humanos. Sin embargo, no se pronunció en torno a la posibilidad de que sea un mando militar quien dirija a ese organismo.

Respecto de la desaparición forzada, indicó que las heridas abiertas necesitan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. “La sanación no será producto del tiempo, será el fruto de la materialización de resultados concretos. No solamente es deseable sino posible”.

Finalmente, la expresidenta chilena alentó a las autoridades a seguir colaborando con la vibrante y comprometida sociedad civil, que quiere y precisa estar implicada en todos los fortalecimientos de los derechos humanos del país.

Marcial Yangali/Isaac Hernández