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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que las autoridades de Chiapas fueron omisas y responsables frente a las humillaciones y maltrato que sufrieron 14 docentes que se negaron a participar en un paro magisterial, en el municipio de Comitán de Domínguez, en 2016.

El organismo aseguró que a los docentes se les violaron sus derechos humanos al ser retenidos y posteriormente obligados a caminar descalzos por las calles del municipio, además de ser rapados públicamente.

Para la CNDH, a las víctimas se les negó el derecho a la seguridad y acceso a la justicia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que no les brindó protección durante y después de los acontecimientos y no realizó la investigación respectiva lo que generó impunidad.

Además, determinó que el Colegio de Bachilleres de Chiapas, donde laboraban los docentes, omitió realizar las respectivas investigaciones para condenar la participación del personal de su plantel en los hechos, quienes continúan trabajando en las instalaciones junto a las víctimas.

Ante eso, la Comisión le solicita a la directora general de  la institución educativa Nancy Leticia Hernández Reyes que instrumente acciones para garantizar que los docentes realicen sus actividades con seguridad y respeto.

Por ello, recomendó al fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, que integre la carpeta de investigación contra el personal involucrado en la violación de derechos humanos de los docentes.

De igual forma, le solicitó al gobernador Rutilio Cruz Escandón Cadenas que colabore con el organismo en la presentación de la queja y denuncia ante las autoridades contra las personas involucradas; y que repare a las víctimas y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas, donde reciban atención médica y psicológica.

Aunado a lo anterior, le solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que diseñe y difunda un protocolo de actuación policial, como también capacitar en derechos humanos, técnicas y estrategias para el control de multitudes a la Policía Estatal Preventiva y a la Secretaría General de Gobierno y sus dependencias.

Los hechos ocurrieron el 31 de mayo de 2016, cuando integrantes de la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata agredieron a los profesores que no se manifestaron en contra de la reforma educativa de Enrique Peña.

Lauren Franco