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Politólogos y especialistas en seguridad nacional advierten que el nuevo gobierno debe frenar y resolver los asesinatos cometidos contra políticos. Este fenómeno, heredado de la administración anterior, deslegitima al Estado en su conjunto y puede paralizar las funciones sustantivas del gobierno.

Los asesinatos y agresiones contra políticos, candidatos a puestos de elección popular y  servidores públicos –que se recrudecieron el año pasado durante el proceso electoral– revelan un Estado secuestrado por la delincuencia organizada. Politólogos y expertos en seguridad nacional advierten que en diversas regiones del país se pasó de una complicidad de autoridades con el crimen a franco sometimiento. Sabiéndose impunes, criminales “votan” e inciden en la aplicación de políticas públicas asesinando a quienes desde estructuras locales, estatales o federales atentan contra sus intereses.

La capacidad y efectividad para realizar estos crímenes supone un método por parte de los delincuentes. En entrevistas por separado, académicos de instituciones civiles y militares dicen a Contralínea que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que resolver esos crímenes –aunque la gran mayoría se hayan cometido en el sexenio pasado– y cambiar la estrategia si no querer acabar teniendo los mismos resultados que sus predecesores. Ninguno de los consultados está seguro de que la nueva administración federal tenga claridad suficiente para frenar el asedio contra los políticos.

Luego de 100 días de iniciada la llamada “cuarta transformación”, todo indica que “el clima de violencia que vive el país no va a cesar y, por consecuencia, los asesinatos políticos continuarán”, considera Emilio Vizarretea Rosales. Vaticina que el gobierno de López Obrador incluso “irá más lento” en el combate al crimen organizado.

De acuerdo con la consultora Etellekt, durante el proceso electoral de 2018 se registraron 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos (que no dependen de procesos electorales). Por estos ataques murieron 152 políticos, entre ellos 48 precandidatos y candidatos a puestos de elección popular. Además, 371 servidores públicos también resultaron asesinados.

A partir del 2 de julio de 2018, y hasta septiembre del mismo año, se contabilizaron al menos otros 14 asesinatos de funcionarios, familiares de éstos o políticos. Si bien las agresiones no acabaron con más vidas de candidatos triunfantes, fueron motivo de declinaciones ante el temor de nuevos ataques.

Carla Angélica Gómez Macfarland y Juan Pablo Aguirre Quezada, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la Republica, advierten en el estudio Asesinatos políticos en el periodo electoral 2018 que la violencia política es una de las expresiones que más dañan a la democracia.

“Los asesinatos políticos son una forma violenta de causar pánico en la población, así como de generar inestabilidad en los gobiernos donde acontecen. En el proceso electoral de 2018 esta constante se repitió en numerosas ocasiones, lo que dañó el tejido social y familias en diferentes partes de la República Mexicana.”

Expertos opinan que el asesinato de políticos afecta tanto las candidaturas, como la votación en el proceso político, así como la calidad de los gobiernos municipales. Pero terminan impactando también en el largo plazo.

“La frecuencia de asesinatos de este tipo es tema fundamental de gobernabilidad”, subraya el contraalmirante de la Armada de México Enrique Barney Montalvo, en entrevista con Contralínea.

Refiere que es evidente el incremento de la violencia política desde la primera etapa del proceso electoral (del 8 de septiembre 2017 al 8 de marzo de 2018), periodo en el que se registraron 117 ataques contra políticos, que resultaron en 68 asesinatos; además de 24 agresiones contra familiares con saldo de 28 víctimas.

Antes, dice Barney Montalvo, entre diciembre de 2006 y agosto de 2017, habían sido asesinados 100 alcaldes y exalcaldes. El 50 por ciento de estos crímenes ocurrieron en Oaxaca, Michoacán, Veracruz y Guerrero.

“El clima de violencia que vive el país no va a cesar y, por consecuencia, los asesinatos políticos”, alerta por su parte el doctor en ciencias políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México Emilio Vizarretea Rosales. En entrevista con Contralínea, considera que el gobierno de López Obrador “irá más lento” en el combate al crimen organizado. “De ahí el artículo quinto transitorio de la Ley de la Guardia Nacional, para que las Fuerzas Armadas no abandonen los estados donde hay violencia”.

Explica que durante el gobierno anterior se llegó a un punto en el que el crimen preveía qué políticos podían llegar a ocupar el poder político municipal o regional “y aceleraba una guerra de posiciones para tomar el poder casi de manera natural”.

Señala que la llegada de López Obrador al Poder Ejecutivo supuso un cambio en la manera de abordar el problema de la delincuencia organizada. La nueva política se caracteriza por un discurso de paz y conciliación y de fin de la “guerra”. Pero tal disposición podría resultar ingenua ante el fragor de “una batalla sin reglas” que libran los grupos criminales.

La violencia contra aspirantes a ocupar un cargo de elección popular en las pasadas elecciones generó observaciones de organismos internacionales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado para expresar directamente su preocupación por la violencia del proceso electoral mexicano. Koffi Annan, exsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, destacó los altos niveles de violencia. Y la mexicana Comisión Nacional de los Derechos Humanos convocó a respetar la dignidad y los derechos humanos.

Ningún exhorto tuvo respuesta, los crímenes políticos continuaron incluso pasado el proceso electoral de julio de 2018. De julio a septiembre de ese año, fueron asesinados al menos a 10 políticos y funcionarios (o familiares de funcionarios) más, señalan Gómez Macfarland y Aguirre Quezada en su análisis Asesinatos políticos en el periodo electoral 2018, publicado en el Cuaderno de Investigación de la Dirección General de Análisis Legislativo.

Proceso histórico violento

La consultora Etellekt, en su Informe de violencia política en México 2018 presenta el número total de agresiones cometidas en contra de políticos y funcionarios no electos durante todo el proceso electoral federal. Según la consultora, fue “histórico” en cuanto a los altos índices de violencia.

Señala que “tan sólo durante el primero de julio de 2018, se reportaron al menos 138 agresiones y siete asesinatos contra políticos en 26 entidades.  Asimismo, 774 agresiones contra políticos, 429 contra funcionarios no electos, 152 políticos asesinados de los cuales 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección, y 371 funcionarios asesinados.

Estadísticas y datos no siempre reflejan quiénes son las víctimas de homicidio ni si eran funcionarios públicos o políticos, señala la consultora Etellekt. Sin embargo, precisa que reflejan el aumento de la violencia por grupos de crimen organizado que atacan a funcionarios que toman decisiones a nivel local, como presidentes municipales.

“El 90 por ciento de las agresiones documentadas fueron contra funcionarios y candidatos del ámbito local”, y esto lo atribuye al interés de la delincuencia organizada por controlar políticamente a las localidades mediante las policías, así como servicios de agua y electricidad.

Además, los hallazgos reflejan que la violencia contra los políticos se concentró en determinados municipios conectados entre sí, lo que implica que se trató de tener determinado blindaje y control, dice el informe.

Aunado a lo anterior, la violencia del proceso electoral de 2018 tuvo como víctimas centrales a las mujeres candidatas a puestos de elección popular. De los 28 precandidatos asesinados, 17 eran mujeres.

Por otro lado, las consecuencias de los asesinatos a funcionarios y políticos,  provocó cientos de renuncias de postulantes. A pesar de que no se conocen los motivos de la renuncia reales de todas esas cancelaciones (de manera oficial), el informe señala a la inseguridad, amagos y amenazas del crimen organizado.

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral estima que tan sólo en Guerrero “el recrudecimiento de la violencia” provocó más de 190 renuncias a candidaturas.

La elección se desarrolló en coyuntura sociopolítica compleja con “infiltración de la violencia focalizada en el nivel local”, señala por su parte el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH). Resalta que el proceso electoral de 2018 fue el más violento en las últimas décadas, cifras que “no tienen equivalentes en América Latina”.

Renuncias, protección y sicariato

Algunos candidatos renunciaron a la postulación por la inseguridad y otros solicitaron protección. Casi 40 candidatos a cargos federales recibieron protección de Policía Federal. Más de 200 candidatos a cargos locales recibieron protección de secretarías de seguridad pública estatales, indica el informe de Etellekt.

El IIDH considera que los asesinatos políticos crean un “ambiente negativo para la participación política y electoral de la ciudadanía, disuaden a los dirigentes partidarios de asumir postulaciones a cargos de elección popular, se envía mensaje de debilidad de capacidad protectora del Estado, se fuerza a desarrollar campañas de bajo perfil y autocensura, se señalan territorios en los cuales el crimen organizado se convierte en amenaza permanente para las autoridades”.

Aunque la capacitación electoral tuvo amplia cobertura, porque el crimen organizado no quería impedir elecciones sino orientar resultados, la violencia política de género provocó renuncias y acosos, al grado que el INE tuvo que suspender la votación en 13 casillas por robo y/o destrucción de materiales electorales.

Durante 2019 habrá procesos electorales en cinco entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, con la renovación de un gobierno estatal, tres congresos estatales y 44 ayuntamientos.

Crimen organizado y violencia política

Asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de El Colegio de México, en donde forma parte del Grupo de Trabajo de Seguridad Pública, Fausto Carvajal Glass considera que la violencia que ejercen las organizaciones delictivas “se encuentra en una zona gris que navega entre los linderos del crimen y la violencia política”.

Destaca que en la última década el incremento del 900 por ciento de la presencia de organizaciones delictivas en territorio nacional ha generado que sus operaciones hayan adquirido una dimensión local y, al mismo tiempo, confrontaciones más frecuentes y violentas por las rutas de tráfico y territorios pequeños.

“El submundo criminal en México se ha convertido en un universo más violento y multiforme, compuesto primordialmente por organizaciones delictivas que se han convertido en actores más descentralizados, económicamente diversos y locales, reflejo de una menor capacidad de organización, profesionalización y sofisticación en sus operaciones”, subraya.

Carvajal Glass anota que si bien todavía existen organizaciones delictivas que mantienen capacidades regionales y transnacionales para el tráfico de estupefacientes, la tendencia sugiere que este proceso de fragmentación y diversificación seguirá intensificándose en el largo plazo en el país.

Futuro incierto

La política de amnistía que promueve el gobierno de López Obrador genera incertidumbre, pues parece que se están amarrando a la Fuerzas Armadas y las estructuras policiacas para no confrontar, y sólo hay señalamientos de responsabilidad de áreas como la fiscalía, lo cual genera confusión, estima el catedrático de la UNAM Emilio Vizarretea Rosales.

No ha disminuido la delincuencia. Operativos contra el cartel de Santa Rosa de Lima reflejan que está creciendo y reproduciéndose, y que la guerra contra el robo de combustible destapó otros frentes, como la trata de personas, el secuestro o el derecho de piso, agrega el experto en seguridad nacional.

“El corporativo de la delincuencia organizada se diversificó y les permitió fusionarse con la sociedad, porque ese tipo de delitos requieren de conocimiento y cercanía social”, subraya.

El catedrático no ve que haya un “diagnóstico serio” de combate al crimen. Señala que lo que se espera del presidente es una política de Estado que devuelva la seguridad a la sociedad. Lo que hay, parece, es “una amnistía de facto. Cuando no existe una propuesta seria y cuando la delincuencia siente que no hay una amenaza seria, crece frente a la ausencia de autoridad”.

Nelson Arteaga, doctor en sociología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, considera que desmontar la maquinaria patrimonialista y de corrupción que caracteriza al Estado mexicano no es una tarea sencilla.

“Habrá que ver si el combate a la corrupción es el hilo conductor y causa única de todo para combatir todos los males de la sociedad compleja y diferenciada como la nuestra, ya que no es posible tener una causa de un sólo fenómeno social”, precisa.

Martin Barrón Cruz, catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), en entrevista con Contralínea considera que en la inseguridad se han identificado variables más críticas que amenazan a la gobernabilidad democrática, las cuales deben ser consideradas dentro de las políticas públicas, a efecto de mitigar sus efectos y  para que no ingresen en zona de crisis o ingobernabilidad y con ello pongan en riesgo la estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

José Réyez

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