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La Corte Federal de Canadá atendió este 25 de marzo el caso de Mariano Abarca, activista contra la minería, quien fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 en Chiapas.

Antes del crimen, el activista denunció golpes, acoso y amenazas supuestamente por parte de la empresa canadiense Blackfire Exploration.

“La embajada sabía del peligro que vivía Mariano y pudo evitar apoyar a la empresa y por lo tanto el asesinato”, comenta a Contralínea Libertad Díaz, quien como parte de Otros Mundos acompaña el caso en Otawa, Canadá.

Los abogados de la familia, las asociaciones Otros Mundos y Red Mexicana de Afectados por la Minería pidieron que se investigue la actuación de la embajada de Canadá en México por “omisión y acción en el conflicto”.

“Nosotros llegamos a la Corte Federal porque el comisionado de la Integridad del Sector Público de Canadá se niega a hacer una investigación sobre la actuación de la embajada”, explica Libertad Díaz.

Agrega que uno de los objetivos es que el Estado canadiense se responsabilice en la vigilancia de los derechos de los afectados por la minería, ya que “sus cuerpos diplomáticos que son los que promueven los intereses económicos de las empresas en otros países”.

Ningún caso similar había llegado a esta instancia, aunque no es la primera vez que esta embajada “actúa a favor de empresas canadienses, aun cuando la vida de las personas defensoras de la tierra y el territorio corren peligro”, señala Otros Mundos en un comunicado.

Libertad Díaz destaca que “hoy ya se han presentado los argumentos y estamos a la espera que el juez pueda dar una sentencia pronto”.

Marcial Yangali