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Cerca de 500 trabajadores chiapanecos demandan a Estados Unidos y México el pago de 200 millones de dólares. Laboraron en Comexa, un proyecto binacional para erradicar el gusano barrenador, pero fueron objeto de discriminación, malos tratos y, finalmente, de despido sin la liquidación correspondiente.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por su sigla en inglés), la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) y el Sistema Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) adeudan alrededor de 200 millones de dólares por indemnizaciones, salarios caídos y jubilaciones a 459 trabajadores despedidos de la Comisión México Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador de Ganado (Comexa), señala el abogado Andrés Rodríguez Zárate, defensor legal de los trabajadores.

El Senasica y la Sader de México reconocen el problema y, señalan en respuesta a solicitud de información de Contralínea, que acatarán lo que fallen los tribunales. La contraparte estadunidense, en quien principalmente recae la responsabilidad económica, guarda silencio.

Los trabajadores y su defensor legal han emprendido desde hace 20 años múltiples demandas laborales: porque no gozaron de igualdad salarial en relación con los empleados estadunidenses de la Comisión; porque fueron injustificadamente despedidos y mal liquidados; porque nunca fueron reinstalados en su centro de trabajo como dictó el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), y porque, a pesar de su antigüedad, no han tenido acceso a jubilación y seguro social.

La Comexa fue creada en 1972 por México y Estados Unidos para erradicar la plaga del gusano barrenador que afectaba la producción ganadera de ambos países. Con este fin, en la planta chiapaneca de Chiapa de Corzo se producían moscas estériles con dosis bajas de radiación para combatir la reproducción de la especie.

Si bien la Comisión desapareció en 2012, ni México ni Estados Unidos cumplieron con el pago de sus obligaciones pendientes. Los trabajadores (despedidos de forma sucesiva en 1999, 2004, 2006 y 2009) aún están a la espera del pago de salarios caídos, indemnizaciones y, principalmente, de su jubilación.

De acuerdo con la proporción del financiamiento binacional de la Comisión México Americana, Estados Unidos es el mayor deudor: le corresponde pagar el 80 por ciento de la deuda, esto es 160 millones de dólares.

Despidos injustificados, desacato de laudos y falta de seguro social

El 15 de abril de 1999, más de 600 trabajadores de la Planta Productora de Moscas Estériles de Chiapas fueron despedidos (presionados para renunciar) a causa del supuesto cierre de las instalaciones. Sin embargo, al día siguiente la planta “reabrió” y sólo algunos empleados fueron convocados nuevamente a trabajar.

Los trabajadores despedidos iniciaron la lucha por su reinstalación, toda vez que no fue respetado su derecho de preferencia en la contratación y su liquidación no fue correctamente integrada.

Por los defectos del proceso, en mayo de 2000, los trabajadores despedidos ganaron la demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Durante años intentaron que se ejecutarán los laudos, es decir, que fueran efectivamente reinstalados en su centro de trabajo, pero las autoridades estadunidenses no lo permitieron.

En 2003, ante la negativa de reinstalar a los trabajadores, su defensor legal inició una demanda contra Estados Unidos: “fueron años; hicimos cartas rogatorias, fuimos a Process Forwarding International para que los notificaran, viajamos a la embajada de Estados Unidos, pero los agregados nunca hicieron el trámite adecuado para hacer las consultas diplomáticas”, explica en entrevista Andrés Rodríguez Zárate, abogado de los trabajadores.

El gobierno mexicano no convocó a Estados Unidos a juicio y éste, a pesar de ser notificado por diversas vías, no se presentó. Tampoco expresó su negativa a asistir, por lo que impidió constantemente que los trabajadores llevaran la demanda a instancias internacionales.

Para quienes conservaron su trabajo en la Comexa después de 1999, la reapertura y reestructuración de la planta implicó otro tipo de problemas. A partir de abril de aquel año, el régimen del seguro social pasó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que, después de años o décadas de aportaciones, los trabajadores comenzaron a cotizar desde cero.

Para Jaime Gómez Tovilla, quien fue jefe de mantenimiento del área eléctrica y trabajador de la planta de 1982 a 2006, este cambio implicó que más de 2 décadas de trabajo para la misma institución quedaran divididas en regímenes diferentes. A la fecha, el ISSSTE no ha validado su antigüedad ni ha hecho efectiva su jubilación.

Jaime Gómez Tovilla, adulto mayor, invidente y discapacitado, explica en entrevista que recibe una pensión de 3 mil pesos mensuales a pesar de que le corresponde una jubilación de 15 mil pesos; no es beneficiario del seguro social y ha logrado mantenerse únicamente gracias a la ayuda de familiares.

El ISSSTE tampoco ha otorgado su jubilación a los trabajadores despedidos en 1999 (quienes, por haber ganado la reinstalación, no sólo tienen derecho al seguro social sino al salario que no cobraron por décadas) porque la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, hoy Sader) –autoridad mexicana a cargo de la Comexa– no ha cubierto las cuotas que se comprometió a pagar como parte del finiquito.

De acuerdo con el abogado Rodríguez Zárate, el Estado está obligado a subsanar el requisito que pide la ley del ISSSTE, a absorber el daño causado por los funcionarios que impidieron la reinstalación de los trabajadores. México y Estados Unidos deben reparar el daño a elección de los ofendidos, y lo que estos quieren es el pago de su indemnización, señala.

La lucha por la homologación salarial

De 1999 a 2012, la planta siguió operando principalmente con trabajadores de poca antigüedad, poco especializados o nuevos, es decir, con menos derechos laborales, afirma el abogado Rodríguez Zárate. Durante la década de 2000 algunos trabajadores activos decidieron demandar la homologación salarial con los trabajadores estadunidenses.

Los empleados de Estados Unidos de la Comexa también trabajaban en Chiapas, pero ganaban en dólares y mucho más que los mexicanos. “No tenían apellido estadunidense porque eran pochos, mexicanos. Eran unos reyes en Tuxtla Gutiérrez, tenían todas las comodidades. Les pagaban lo que en justicia le pagan a cualquier trabajador americano; pero eso mismo deben ganar los mexicanos que sirven al gobierno de Estados Unidos”, señala Rodríguez Zárate.

Adolfo Bonifaz Estrada trabajó durante 30 años en la planta. Pasó de ser obrero de producción a ser jefe de laboratorio de investigación. Fue despedido en 2006 porque, según le dijeron, estaban ajustando personal. Sin embargo, él atribuye el despido a su actividad de defensa: “Yo reclamaba a las autoridades algunas acciones que tenían hacia los trabajadores, y eso les molestó porque les decía que estaban abusando, que no estaban respetando los derechos del trabajador”, señala en entrevista con Contralínea.

Mientras que Adolfo Bonifaz ganaba 10 mil pesos mensuales, su homólogo, es decir, el empleado estadunidense a cargo de un puesto equiparable al suyo, ganaba 80 mil pesos.

A sus 60 años, Adolfo no ha cobrado su jubilación y se le adeudan entre 10 y 12 millones de pesos por 12 años de salarios caídos tomando como base el salario mínimo estadunidense.

“Había trabajadores que tenían especializaciones y certificaciones académicas más altas que los norteamericanos, pero no les pagaban ni la sexta parte que a ellos, ¡por hacer lo mismo! ¿Cómo es posible? Los estaban explotando de la forma más vil, no les pagaban bien, los corrían a la hora que querían”, expresa Rodríguez Zárate.

En 2004, algunos obreros intentaron crear un sindicato de trabajadores de la mosca, pero el proyecto no concluyó porque despidieron a los involucrados, sin liquidación y sin posibilidad de volver a la planta. En 2006 y 2009 hubo más olas de despidos porque cada vez eran más los trabajadores que se animaban a demandar la homologación salarial.

Pero en septiembre de 2012, en vista de que el gusano barrenador de ganado fue finalmente erradicado en ambos países, el secretario de Agricultura de México y el subsecretario de Agricultura de Estados Unidos acordaron terminar el acuerdo binacional, desaparecer la Comexa y cerrar la planta productiva. Se comprometieron a aportar, cada país, 1 millón de dólares para el pago de obligaciones pendientes, entre ellas las laborales.

“Yo me reía porque nada más un trabajador tenía por cobrar 420 mil dólares. O sea, la mitad de lo que aportaba cada país ya era de un trabajador, ¿y los demás?”, expresa Andrés Rodríguez Zárate.

Rumbo a la resolución del conflicto

El Senasica, consultado por Contralínea sobre el incumplimiento de los laudos del TFCA, asegura que actualmente “se encuentran activos un total de 217 juicios, que se siguen ante la Junta Especial 49 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en Tuxtla Gutiérrez, así como en la Junta Federal y el Tribunal Federal, ambos de Conciliación y Arbitraje en la Ciudad de México”.

El Servicio, órgano desconcentrado de la Sader y también responsable de la Comisión México Americana, asegura que acatará las disposiciones correspondientes “cuando las autoridades jurisdiccionales emitan la resolución, en estricto apego a derecho”.

Contralínea consultó al Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, por su sigla en inglés), agencia del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y responsable de la Comexa, respecto a su responsabilidad ante los laudos dictados por el TFCA y la deuda que mantienen ante los trabajadores mexicanos, pero no se obtuvo respuesta.

Con independencia de los juicios vigentes, tanto el USDA, el APHIS, la Sader y el Senasica han desobedecido las disposiciones del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Cada día que pasa, la deuda con los trabajadores continúa creciendo: los salarios y las jubilaciones no entregadas se suman al monto total, y a pesar de que los obreros fallezcan, como efectivamente ha sucedido en algunos casos, sus familiares se convierten en beneficiarios.

Rosel Méndez Cruz, obrero especializado en la crianza del gusano barrenador despedido de la Comisión en 1999, informa en entrevista que más de 50 trabajadores demandantes han fallecido por falta de atención médica y recursos económicos.

“Ya es gente grande, gente adulta, enfermos que se están muriendo. No sé si ese es el plan de la autoridad, que se vayan muriendo para finalmente irnos debilitando”, advierte Adolfo Bonifaz.

Después de 20 años, algunos trabajadores han recibido pagos parciales; otros, nada. Incluso un trabajador recibió un cheque sin fondos firmado por una cónsul mexicana en Estados Unidos, reclama el abogado Rodríguez Zárate. Se hizo la denunciada ante la PGR, pero el delito nunca fue perseguido.

En su última visita a la Ciudad de México, en febrero pasado, los obreros despedidos de la Comexa exigieron al gobierno federal la resolución del conflicto y lograron acordar una mesa de trabajo con la Sader, el ISSSTE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

De acuerdo con Rosel Méndez Cruz, su objetivo en la negociación, aún sin fecha, es que la Sader cumpla ante el ISSSTE el pago de la seguridad social, que la SRE exija al gobierno estadunidense cumplir con sus obligaciones, y que la SHCP conozca el monto total del adeudo en caso de que decida que México lo cubrirá íntegramente.

“Nosotros le hicimos saber al presidente en una carta que su apoyo consiste en intervenir para hacer venir a las partes de México y Estados Unidos, que nos sentemos para que sepan de nuestra viva voz, con documentos, el daño y el perjuicio al que nos han sometido, porque estamos hablando de discriminación racial que nos ha causado pobreza y muerte”, expresa Rosel.

Si bien están a la espera de que México resuelva el conflicto, los obreros chiapanecos y su abogado buscan llevar la demanda a Estados Unidos o a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Si vamos a juicio en Estados Unidos no les va a costar lo mismo, porque en Estados Unidos existe el daño punitivo, una multa por el acto ilegal cometido, ¿y tú crees que no ganemos cuando hay falsedad de declaración de funcionarios, cuando hay cheques sin fondos? Vamos a ganar”, considera el defensor legal.

Ni la Embajada de Estados Unidos de América en México ni el Departamento de Agricultura del gobierno de ese país respondieron a las solicitudes de entrevista presentadas pos Contralínea.

Sin embargo, en respuesta a una nota diplomática promovida en enero del presente año como parte del juicio laboral contra la Comexa, la Embajada estadunidense en México consideró que “Estados Unidos no es responsable de ninguna acción en relación con los conflictos laborales” dado que ya no existe la Comisión ni el financiamiento para sus operaciones. Tal respuesta se asienta en un documento enviado por la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Junta Especial 15 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el pasado 13 de marzo, al cual Contralínea tuvo acceso.

En su comunicación, la embajada también señaló que es responsabilidad exclusiva del gobierno mexicano brindar defensa legal en caso de litigios en su territorio, asumir las obligaciones laborales exigidas por la Ley y Reglamento laborales y llevar a cabo las negociaciones necesarias, como, asegura, quedó asentado en el acuerdo binacional que dio origen a la Comexa.

Alba Olea

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