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Más de 4 mil trabajadores de Oceanografía aún no cobran sus salarios y luchan porque la empresa reconozca los adeudos. La naviera asegura que sí les pagará, pero una vez que se reactive como contratista de Pemex y se recupere financieramente.

Más de 4 mil trabajadores siguen en la incertidumbre, tras haber salido sin liquidación de la naviera Oceanografía hace casi 5 años. El caso ha sido llevado a diversas instancias de gobierno, tribunales e incluso ha tocado la puerta presidencial, previo a la asunción al poder de Andrés Manuel López Obrador.

Antes de su caída, luego de verse involucrada en hechos de corrupción, la otrora proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex) contaba con más de 11 mil trabajadores en su planta laboral. Fue administrada por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) durante 3 años, mientras estaba asegurada por la Procuraduría General de la República (PGR) y pasaba por un concurso mercantil.

La empresa, propiedad de Amado Omar Yáñez Osuna, ha tenido que solventar desde 2014 diversas acusaciones por falta de liquidez económica, entre los que se destacan las denuncias por la falta de respeto a los derechos laborales de quienes permanecieron tras el rescate del Estado.

Rafael Serrano Frías, uno de los trabajadores que pugna por la defensa laboral en tribunales y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dice que se trata de “todo un mosaico de corrupción y los trabajadores hemos seguido la defensa de nuestros derechos”.

Comenta que desde mayo de 2018, todos los procesos, consultas y solicitudes, relacionados con la que fuera una de las principales contratistas de Pemex quedaron congelados. “Durante el fin de sexenio nos avocamos a contactar nuevamente a senadores, diputados y a López Obrador, como presidente electo, le hicimos dos solicitudes de audiencia”. Desde entonces y hasta ahora que ya está en funciones, Andrés Manuel no los ha recibido.

Serrano Frías señala al empresario Amado Yáñez de mantener “una campaña en la que está tratando de victimizarse y aparentar que ahora quiere ayudarnos”.

El abogado del caso, Alejandro Donis, expone que en 2014 Oceanografía estaba en un concurso mercantil derivado del conflicto que hubo con Banamex y, “en su momento, hubo una investigación en contra de Amado Yánez, que terminó en que pasara un tiempo privado de su libertad. Derivado de esa situación, el SAE y Oceanografía, ninguno de los dos, decidieron despedir a los últimos 4 mil trabajadores que estaban pendientes por liquidar.

Acusa que desde que le fue devuelta la empresa a Amado Yáñez, y éste retoma la administración de la empresa, “se han dado situaciones irregulares y ahora él pretende que el gobierno federal le pague por parte de Pemex 3 mil millones de pesos; pero hay un amparo que dice todo lo contrario: Oceanografía tiene que darle 400 millones a Pemex, relacionado con la administración del concurso mercantil, tratando de buscar que se liquidara a los trabajadores, cosa que no se hizo”.

Por esta situación, la CNDH recibió las quejas CNDH/6/2016/6270Q y CNDH/6/2017/1617/OD, que implican también al SAE, “por violación a los derechos humanos y laborales de los trabajadores de Oceanografía”.

Oceanografía se defiende

Ante las acusaciones hechas por los trabajadores, Jorge Betancourt, director de Administración de Oceanografía, asegura que la empresa está en la disposición de realizar las liquidaciones correspondientes, “de acuerdo con la Ley y la recuperación de flujos que vayamos a tener”.

Sin embargo, dice en entrevista con Contralínea, la recuperación de flujos dependen de múltiples factores; principalmente, de que se empiecen a generar recursos como nuevo contratista de Pemex o con cualquier tercero del ramo.

Segundo, “hacer una recuperación de cobranza con Pemex, en trámite y negociación, a través del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México; en función de lo que vayamos generando se van a hacer las liquidaciones para el personal correspondiente, bajo una lógica o mecánica que estamos estableciendo también en contacto con el juzgado”.

Por la etapa en la que se encuentra, ya no en quiebra sino en concurso mercantil, al día de hoy, hay sueldos y salarios que se le deben a la gente, “llevan una prioridad”.

“La gente que no demandó y que están en espera de recuperar que haya trabajos, se les pagará también lo que se les debe y aquellos que hayan demandado y no tengan todavía laudos, veremos cuál es la situación con ellos. Estamos, de alguna manera, convocando a la gente y a proveedores, de toda esa etapa que nos sucedió de 2014 a la fecha, queremos identificar cuántos son y quienes son a los que en su momento, por la etapa en la que estuvo en el SAE, no se les liquidó”, enfatiza.

De acuerdo con lo que dejó el SAE, dice, hay un estimado de 700 casos con montos fijos determinados “porque no son laudos, hay reclamaciones que están haciendo y que no están completamente determinadas; entonces, es un estimado, más o menos, que hemos estado atendiendo uno tras otro”.

Expone que en los últimos años, algunos trabajadores se han desistido o se han llegado a arreglos. Mientras, otros se siguen atendiendo y, las leyes o las cuestiones laborales, se le irán dando tiempo a cada uno de ellos.

El representante empresarial comenta que en el periodo en que el SAE administró Oceanografía se determinó un monto de, aproximadamente, 100 millones de pesos, a los cuales la entidad otorgó un número de folio para que fueran atendidos en su momento. “Desconocemos ese universo, porque desde 2014 que tomaron la empresa, hasta julio de 2017, que nos la entregaron, la administración no estuvo en nuestras manos y no sabemos qué tantas cosas sucedieron”.

El también representante legal del empresario Amado Yáñez advierte que han detectado un grupo, de aproximadamente 25 casos, en los que ha habido “mal uso y abuso por parte del trabajador en cada uno de sus asuntos, pues han reportado o demandaron con sueldos que no eran con los que trabajaban, horas extras excesivas para presentar su demanda, prestaciones que, a lo mejor no eran las de la Ley”.

Expone que son casos en los que un trabajador ganaba entre 30 mil o 40 mil pesos, con una antigüedad no mayor a los 4 años y están obteniendo laudos a su favor de 9, 15 o hasta 45 millones de pesos, “no hay una lógica en lo que están demandando contra lo que realmente ganaban”.

En estas situaciones, dice, “los tenemos bien identificados y queremos ver cuál fue la mecánica que se hizo, bajo qué circunstancias que se hizo cada una de las demandas, por qué no se atendió o cuál fue el proceso que atendió el trabajador o su abogado o en conjunto para llegar a esos montos, se ha acumulado un importe de 180 millones de pesos, de ese grupito, y que queremos ver cómo se determinó”.

Ante esta situación, Betancourt dice que no se ha definido un plazo para concluir con los asuntos, pues en julio de 2017, cuando les fue devuelta Oceanografía, estimaban resolver en el primer semestre, lo que no ha ocurrido y así trascurrió 2018.

La conciliación con Pemex

Para Oceanografía, también hay trámites pendientes con Pemex, pues –dice su representante– tienen a su favor más de 600 millones de pesos. “Hasta el día de hoy no hemos llegado a una conciliación concreta con Pemex. Ya se ha indicado sobre lo que estamos reclamando y que ha salido de muchos lados. Nosotros tenemos trabajos ejecutados, realizados y conciliados con Pemex, que valen a nuestro favor cerca de 630 millones de pesos”.

De ahí, explica, hay un valor que compensarle a Pemex por un amparo ganado por la exparaestatal, necesario de liquidar. “Estamos tratando de liberar mecánicas de compensación; el adeudo es de 400 millones de unas penas que le regresó al SAE, para tener capital de trabajo, en esas negociaciones en el mes de noviembre de 2018”.

Lo que resta de esta negociación será etiquetado para pagarle a la gente. Todo “dependerá de los acuerdos que haya con el juzgado, de los acreedores que están involucrados y que una vez que está todo y que Pemex diga que está de acuerdo con lo que nos está objetando el juez, en ese momento se hará la distribución y cascada de pagos, como 230 millones para dispersar entre las liquidaciones”.

Oceanografía y Pemex, nuevas negociaciones

Tras el cambio de administración, del gobierno de Enrique Peña Nieto al de Andrés Manuel López Obrador, la naviera ha iniciado sus renegociaciones. “Cuando llegamos con esta nueva administración nos abrieron las puertas. Nos dijeron vamos a revisar, vamos a ver de qué se trata, cómo están las cifras y vamos a rectificarlas. De hecho, nosotros estamos haciendo todo esto vía el juzgado, directamente con Pemex. En la parte comercial, hemos tenido acercamientos para reincorporarnos como proveedor de Pemex, para dar de alta, nuevamente a todos nuestros antecedentes, experiencias, currículum, etcétera”.

—¿Cuál es la situación legal que priva sobre Amado Yáñez, dueño de Oceanografía? –se le pregunta.

—Él sigue su proceso en libertad. Se han venido liberando varias etapas, sobre todo en los peritajes y ratificación de peritajes que se realizaron en 2014. Desconozco el procedimiento que se siguió, ya que desde 2014 se presentaron varios peritajes y en lo que va de 2019 se han ratificado apenas los que se llevaron desde entonces.

“La PGR [ahora Fiscalía General de la República] no tiene elementos para decir: estas son firmas del ingeniero Amado. La defensa tampoco tiene. Y también Banamex dice que no tiene elementos para certificar que esas son firmas del ingeniero.”

“La empresa nos la destruyeron. El SAE no la administró. El SAE no tenía la intención de continuarla. Y si la tenía, lo que se observa es que no se tuvo el expertise, ni el conocimiento, ni la capacidad para poderla manejar. Toman la empresa en febrero de 2014 y en septiembre, octubre, de ese mismo año, todos los contratos estaban rescindidos. Falta de pericia, manejo, gestión, administración y falta de muchas cosas. Vamos a tratarlo así, desconozco si había otras indicaciones pero eso es básicamente lo que se demuestra: no hubo pericia en la administración de la empresa y 29 contratos están en juicios de nulidad porque todos fueron rescindidos por Pemex en ese periodo.

—¿Llevaron alguna acción legal en contra del SAE?

—Hemos solicitado en diferentes instancias y tiempos, desde la época de concurso mercantil, siendo la empresa administrada por el SAE, la información no solamente de gastos y costos que hay, sino de ingresos, de deuda contratada, de servicios contratados por el SAE a diferentes despachos para que nos diera el estatus de cada uno de ellos, un informe real de en qué fue que se gastó el dinero y nunca nos lo dio. Nos entregaron una balanza a junio de 2017, que es un reporte de 40 o 50 hojas, sin ningún soporte documental y sin ningún reporte de registro. Estamos rehaciendo prácticamente todo eso para ver qué fue lo que determinamos y buscando la mejor estrategia.

Oceanografía, actual

La destrucción de la naviera, indica el representante, deriva en que de los más de 11 mil trabajadores, reconocidos por el SAE y a los que se dieron de alta en nómina y en el Seguro Social, hoy quedan 4 mil que reclaman sus pagos y apenas 250 de plantilla laboral sin ingresos y en proceso de actualizar los requisitos de la parte administrativa para trabajar con Pemex.

De una flota de 75 barcos han quedado 40 barcos, sin mantenimiento, sin clase, atracados den los muelles de Ciudad del Carmen, Campeche; cinco barcos encallados y en proceso de rescate.

Al 5 de marzo de 2019, comenta, “no nos da para cumplir de forma inmediata, cualquier contrato que tengamos. Nos dará para poder empezar a trabajar con cualquier barco que tengamos. Estamos en un proceso de hacer nuevamente la empresa, de reconstruirla, certificar barcos, darles mantenimiento, reincorporar la fuerza laboral que tampoco tenemos”.

Érika Ramírez

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