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La nueva administración en Petróleos Mexicanos (Pemex) –que encabeza el ingeniero Octavio Romero Oropeza– recibió como herencia del sexenio peñista más de 330 contratos transexenales, que comprometen recursos públicos superiores a los 36 mil millones de pesos.

Ese monto impactaría en los presupuestos que recién definieron la Secretaría de Hacienda y la petrolera, que buscan privilegiar la inversión en explotación de yacimientos en tierra y aguas someras y frenar las contrataciones de deuda.

Varios de estos contratos estarán vigentes hasta 2027, 3 años después de que el recién iniciado gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya concluido. Difícilmente, la nueva administración podrá cancelarlos; y si lo hace de forma unilateral, tendrá también un alto costo por penalizaciones previamente acordadas.

Los contratos transexenales han resultado una molestia para López Obrador, quien se refirió a ellos en su conferencia matutina del pasado 14 de febrero: “¿Cómo dieron los contratos en el sector energético? Por 30, 40, 50 años”.

El mandatario criticó que en algunos casos les faltó tiempo: “Estaban tan confiados, que pensaban que iban a ser eternos y tuvieron fallas: ahora están venciendo [esos] contratos y de acuerdo con la ley puede haber cambios, puede haber renovación”.

Aunque no profundizó en el tema, su irritación no sólo se debería a las contrataciones petroleras correspondientes a las rondas 1, 2 y 3 –derivadas  de la reforma energética de 2013–, que cedieron importantes yacimientos petroleros y de gas a trasnacionales, sino por todos los negocios transexenales que se hacían al amparo de Pemex.

Y es que resulta que en la petrolera se tiene la costumbre de asignar decenas de contratos denominados plurianuales que, como su nombre indica, comprometen el presupuesto de varios ejercicios en proyectos particulares.

En el caso de la reciente transición, la herencia que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto fue de al menos 334 contrataciones de este tipo en la petrolera del Estado, por un monto global de 36 mil 600 millones 14 mil pesos. La mayoría de ellos fue asignado por su subsidiaria más importante: Pemex Exploración y Producción (PEP).

De acuerdo con los registros oficiales, el más oneroso asciende a 3 mil 316 millones 896 mil pesos y fue asignado por Pemex Corporativo. Su vigencia se fijó del 30 de marzo de 2018 al 30 de diciembre de 2022, y tiene como objetivo brindar “servicios administrados de red convergente IP y Noc”.

Por el monto involucrado –3 mil 222 millones 587 mil pesos–, le sigue una contratación plurianual de PEP destinada a brindar servicios integrales de exploración y extracción para las asignaciones San Ramón y Blasillo. Su vigencia va del 8 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2027, 3 años después de terminado el sexenio lopezobradorista.

Éste se encuentra relacionado con el Proyecto Ogarrio-Sánchez Magallanes, para “reemplazar la caída de producción de Cantarell, estabilizar la producción y eventualmente incrementar la plataforma de manera rentable, segura y sustentable”.

No obstante, el Libro Blanco de este proyecto refiere que hasta el 30 de junio del año pasado no se había ejecutado el contrato.

En tercer lugar se ubica otro contrato de PEP vinculado con la caída de la producción en el yacimiento de Cantarell. En este caso tiene por objeto prestar “servicios de recepción de sólidos, líquidos (aceite crudo, productos de reacción y aguas de formación) y gases provenientes de las operaciones de terminación, reparación y estimulación de pozos, con apoyo de un barco de proceso”. Su vigencia se fijó del 7 de agosto de 2017 al 15 de julio de 2024, con un costo de 3 mil 143 millones 706 mil pesos.

De esa misma subsidiaria se añade a la lista un contrato para la “ingeniería, procura, construcción y puesta en operación de un Sistema Integral de Endulzamiento y Compresión en la Terminal Marítima de Dos Bocas para BN con capacidad de 30 millones de pies cúbicos estándar por día”.

Éste corre del 5 de diciembre de 2017 al 14 de marzo de 2020, y se relaciona con la producción de los yacimientos Integral Chuc/Integral Yaxche, y compromete un presupuesto total de 2 mil 96 millones 99 mil pesos.

En el quinto sitio por importancia financiera se ubica otra contratación de PEP, para brindar el “servicio integral para instalar y/o mantener sistemas artificiales de producción en pozos del activo integral de producción Bloque N02. En este caso se relaciona con el plan maestro para el desarrollo de lutitas (shale), por un costo de 1 mil 414 millones 713 mil pesos.

El problema en este caso es que la administración del ingeniero Romero Oropeza planea abandonar todos los desarrollos de energéticos no convencionales, porque el presidente ordenó cancelar la explotación con fracking, explican fuentes de la petrolera consultadas por Agenda de la Corrupción.

Con ello, este tipo de contratos quedarán a la deriva en los próximos meses, al igual que toda la explotación planificada en aguas profundas. De hecho, el director general de Pemex declaró el pasado 15 de febrero que todas las inversiones de la petrolera serán en yacimientos terrestres y en aguas someras.

En sexto lugar se ubica un contrato por 1 mil 262 millones de pesos que asignó la subsidiaria Pemex Logística, que tiene por objeto “el aseguramiento de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ducto de la Gerencia de Operaciones de Tratamiento y Logística Primaria Sur”.

Destaca que precisamente la falta de confiabilidad en los ductos llevó a la crisis de combustibles que se vivió en enero pasado y, por ello, este contrato sería digno de revisión, pues su vigencia inició a inicios de 2018 y vencerá el 31 de octubre de 2023.

Según la subsidiaria, se asignó con la finalidad de “aprovechar la infraestructura, conocimiento, experiencia y la posibilidad de alianzas en un mercado abierto con buenas perspectivas de crecimiento”.

Otro contrato oneroso es el que PEP asignó por los “servicios integrales de reactivación y mantenimiento de la producción de pozos cerrados, bajo el esquema de pago por flujo de efectivo disponible en los Activos Integrales de Producción Bloque S02 y Bloque S04 de la Subdirección de Producción Bloques Sur”. Los trabajos –que costarán 1 mil 112 millones 169 mil pesos– habrían iniciado el 28 de septiembre de 2017 y finalizarían el 31 de diciembre de 2024, cuando México estaría estrenando un nuevo gobierno.

Ésta es apenas una muestra de las siete más costosas contrataciones transexenales que heredó el gobierno peñista, pero la lista sigue.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]