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El presidente Trump se sometió a las ambiciones del Estado profundo estadunidense que pretende destruir los Estados en los países de la Cuenca del Caribe y apoya al vicepresidente Mike Pence y al senador Marco Rubio en la operación de desestabilización contra Venezuela. Y puede que acabe apoyándolos también en su proyecto a favor de Israel y contra Siria.

El anuncio del presidente Donald Trump reconociendo a Juan Guaidó como “presidente legítimo” de Venezuela se preparó en una cabina subterránea de televisión, en el Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca.

Eso es lo que describe detalladamente The New York Times [1]. Operador principal: el senador republicano de La Florida, Marco Rubio, “virtual secretario de Estado para América Latina, quien conduce y articula la estrategia de la administración en esa región”, en coordinación con el vicepresidente Mike Pence y el consejero para la seguridad nacional, John Bolton.

El 22 de enero, los tres presentaron su plan al presidente en la Casa Blanca, plan que el presidente aceptó. Inmediatamente después –reporta The New York Times– “Mr Pence llamó a Guaidó y le dijo que Estados Unidos lo apoyaría si reclamaba la presidencia”.

El vicepresidente Pence difundió luego hacia Venezuela un video donde llamaba los manifestantes a “levantar su voz mañana” y aseguraba “en nombre del presidente Trump y del pueblo americano, “estamos con ustedes” hasta que se restaure la democracia”, definiendo además a Maduro como “un dictador que nunca obtuvo la presidencia en elecciones libres”.

Al día siguiente, Trump coronó oficialmente a Guaidó como “presidente de Venezuela”, a pesar de que este personaje no participó en las elecciones presidenciales realizadas en mayo de 2018, elecciones que la oposición boicoteó –porque sabía que iba a perderlas– y donde la victoria correspondió a Maduro, al cabo de un escrutinio realizado bajo la supervisión de numerosos observadores internacionales.

Todos estos manejos entre bambalinas muestran que en Washington las decisiones políticas vienen, ante todo, del “Estado profundo”, centro subterráneo del poder real en manos de las oligarquías económicas, financieras y militares. Esos grupos son los que han decidido derrocar el Estado venezolano. Venezuela posee, además de grandes reservas de minerales preciosos, las reservas petrolíferas más grandes del mundo, evaluadas en más de 300 mil millones de barriles, seis veces más que las reservas estadunidenses.

Para escapar a la presión de las sanciones, que impiden a Venezuela percibir los dólares provenientes de sus ventas de petróleo a Estados Unidos, Caracas había decidido establecer los precios de venta no en dólares estadunidenses sino en yuanes chinos, poniendo así en peligro el exorbitante poder de los petrodólares. De ahí la decisión de las oligarquías estadunidenses de acelerar los plazos para el derrocar el Estado venezolano y apoderarse de su riqueza petrolera, ahora necesaria no como fuente de energía para Estados Unidos sino como instrumento estratégico de control sobre el mercado energético mundial, utilizable contra Rusia y China.

Con ese fin, recurriendo a sanciones y sabotajes, se provocó en Venezuela la escasez de bienes de primera necesidad para alimentar el descontento popular, mientras se intensificaba la penetración de “organizaciones no gubernamentales” estadunidenses. Por ejemplo, en un solo año, la National Endowment for Democracy (NED) financió en Venezuela más de 40 proyectos sobre la “defensa de los derechos humanos y la democracia”, invirtiendo en cada uno decenas o incluso cientos de miles de dólares.

Como el gobierno de Venezuela sigue teniendo el apoyo de la mayoría de los venezolanos, seguramente debe estar preparándose algún tipo de provocación de gran envergadura para desatar en el país una guerra civil y abrir el camino a una intervención externa.

Eso se hará con la complicidad de la Unión Europea, que después de haber bloqueado en Bélgica fondos públicos venezolanos por valor de 1 mil 200 millones de dólares, ahora lanza a Caracas –con la complacencia del gobierno italiano– un ultimátum para que convoque nuevas elecciones, por supuesto bajo el control de Federica Mogherini, quién se negó el año pasado a viajar a Venezuela para supervisar las elecciones presidenciales.

Manlio Dinucci/Red Voltaire

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