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Las sesiones ordinarias del Congreso de la Unión iniciarán el próximo primero de febrero, y pese a la enorme cantidad de temas en el debate público, resulta fundamental no perder de vista las discusiones en torno a la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (Tmec). Hasta ahora, existen distintas declaraciones por parte Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado, entre otros, en torno a su compromiso con la ratificación del Tratado. No obstante, parece que difícilmente podremos sumarnos como organizaciones sociales a las celebraciones de la nueva administración, sin que se lleven a cabo las discusiones y audiencias necesarias previamente.

En el contexto actual, es menester exigir que el análisis del texto se haga de manera abierta y transparente, y se incorpore la participación de la ciudadanía en el proceso de evaluación y ratificación del Tratado, y no únicamente al sector empresarial. Es deseable que el Senado de la República no replique prácticas similares a un proyecto partidista como el Pacto por México; por el contrario, debiera coadyuvar a una efectiva “cuarta transformación” con participación social. Preocupa la confianza dada al acuerdo comercial y resalta la poca crítica de integrantes del gobierno entrante, quienes desde agosto del año pasado precipitadamente externaron sus felicitaciones a la administración de Enrique Peña Nieto y su equipo negociador por la firma del Tratado.

El panorama respecto al acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá dio un giro vertiginoso desde la campaña electoral de Donald Trump hasta septiembre pasado. De un contexto de distanciamiento y hostilidad, cambió a un tono sumamente positivo. Los jefes de Estado emitieron un mensaje paralelo para informar con bombo y platillo la firma de un nuevo acuerdo comercial denominado Usmca, posteriormente Tmec en español. Pero, ¿qué es lo que cambió? Y más importante aún, ¿cambió algo para México?

Un primer punto de preocupación es el hecho de que aún no existe un texto oficial trilateral. Los documentos que hasta ahora se han publicado en la página oficial del gobierno mexicano corresponden al Tratado que ya se había acordado entre México y Estados Unidos, al cual Canadá se sumó con importantes reservas, mismas que desconocemos si aplicarán también para nuestro país.

De la misma forma, es alarmante que el debate alrededor del Tmec esté centrado únicamente en la complejidad del escenario político estadunidense, el cabildeo por parte de los cónsules en los Estados de la región y la búsqueda de aceptación del sector empresarial. Pese a ser un tema de política comercial, no debe desvincularse del hecho de que el comercio y la economía no son un fin en sí mismos, sino que debieran coadyuvar y ceñirse a la protección y promoción de los derechos humanos, así como a un desarrollo económico, político, social y cultural que permita a todas las personas tener una vida digna y sea responsable en el cuidado de la naturaleza.

Un factor determinante en las negociaciones de este Tratado es que, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, no hubo una representación de la sociedad civil y de sectores que pudieran verse. Se obvió la presencia de organizaciones obreras, campesinas, de derechos humanos o medioambientales y los únicos con voz fueron aquellos miembros del sector empresarial y representantes del nuevo gobierno.

En contraste, al existir dicha participación en Canadá y Estados Unidos, se lograron algunos cambios que podríamos incluso calificar de exitosos, pues se plasmaron temas y exigencias de las organizaciones sociales, principalmente las sindicales. En el caso canadiense, las industrias lechera y maderera se mantuvieron bajo protección. En Estados Unidos, el electorado de Trump parece congratularse de los resultados de las negociaciones, particularmente la industria automotriz, que tuvo como resultado un cierto giro proteccionista al aumentarse los porcentajes en las reglas de origen.

La ausencia de la sociedad civil en las negociaciones tuvo como resultado omisiones importantes. Por señalar algunas, organizaciones como R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) denunciaron que este acuerdo vulnera derechos como la libertad de expresión y derechos digitales. Una parte del sector campesino criticó que no se expresó diferenciación entre maíz blanco y amarillo, tampoco se abordó el tema de los precios de los granos básicos. Y por otro lado, las organizaciones medioambientales mexicanas, reclamaron el que no exista siquiera mención del cambio climático, que se den concesiones y facilidades al sector energético, además de que se promueve el uso de fracking. Esto último en contradicción con las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre prohibir dicho método extractivo en México.

Si bien hay algunas ganancias relativas, como es el capítulo laboral, la realidad es que aún no hay garantías de cómo se efectuarán dichos cambios y se cumplirán de manera vinculante tales compromisos. La firma del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo es un avance, pero se requerirá de una reforma laboral mucho más profunda que en términos reales mejore las condiciones de las y los trabajadores en México.

Finalmente, sabemos que los tiempos para la discusión del Tmec son complejos. Sin embargo, es fundamental que senadoras y senadores de México tengan cautela, pues al igual que hace 25 años, este Acuerdo comercial definirá el futuro económico y social de los siguientes años, y comprometerá la vigencia de derechos humanos, el cuidado de la naturaleza y un futuro digno para las generaciones siguientes. Antes de su ratificación, debe hacerse valer el compromiso de difundir amplia y asequiblemente a la población el contenido del Tratado, así como identificar debidamente los impactos que pudiera acarrear su implementación. De esta forma, con una participación amplia y real de la sociedad en los asuntos públicos, podríamos celebrar la real transición a un régimen verdaderamente democrático. Un asunto de tanta trascendencia histórica no debe tomarse con ligereza.

Balbina Pérez y Carlos A Ventura Callejas*

*Balbina Pérez y Carlos Ventura son colaboradora y colaborador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, AC

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