Petróleos Mexicanos extingue 26 de las 51 empresas privadas que constituyó en paraísos fiscales, y que fueron heredadas por el gobierno de Peña Nieto. Todas operan al margen de la ley. El Grupo PMI –“brazo comercial” de la petrolera–, en la mira por presuntos actos de corrupción.

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La nueva administración en Petróleos Mexicanos (Pemex), encabezada por el ingeniero Octavio Romero Oropeza, busca desmantelar la red de empresas offshore que constituyeron sus antecesores y que llegó a sumar más de 60 compañías de papel, sin oficinas ni empleados pero con múltiples gastos suntuosos y presuntos actos de corrupción.

Veintiséis ya fueron extintas entre diciembre de 2018 y los primeros días de enero, revelan a Contralínea funcionarios de la petrolera mexicana. No obstante, indican que el esquema es tan complejo que no será fácil desaparecer el resto: otras 25 compañías de portafolios. En total, el gobierno de Enrique Peña heredó 51.

La ruta crítica para atender este tema será cerrar otras 15 en los próximos meses, pero las otras 10 empresas no se podrán desmantelar en el corto plazo: están ligadas a proyectos productivos de Pemex y sus subsidiarias, así como a contrataciones de deuda en mercados internacionales que aún se están pagando, detallan los funcionarios.

En el caso de PMI Comercio Internacional, el plan es volverla nuevamente una empresa del Estado, pues desde diciembre de 2014 –bajo el amparo de la reforma energética– el Consejo de Administración de Pemex la transformó de paraestatal a filial.

Ese cambio permitió la extinción del Órgano Interno de Control, la imposibilidad legal de que la Auditoría Superior de la Federación fiscalizara al llamado “brazo comercial” de la petrolera y la volvió sujeto no obligado a la Ley General de Transparencia. En 3 años, ni esa filial ni sus empresas satélite (el Grupo PMI) han rendido cuentas a pesar de que manejan todas las exportaciones e importaciones de Pemex.

Más aún, según los funcionarios consultados, al Grupo PMI ya se le investiga por presuntos actos de corrupción y fraudes contra la hacienda petrolera.

Al respecto, el propio Andrés Manuel López Obrador indicó el pasado 24 de enero que “Pemex Internacional requiere una revisión a fondo, porque incluso llegó a ser independiente del Estado mexicano, funcionaba como una empresa privada sin control, sin que tuviese que rendir cuentas”.

Agregó que del Grupo PMI no sólo le preocupa la refinería que se tiene en sociedad con la trasnacional Shell en Estados Unidos (Deer Park): “es que la compra del combustible no se transparentaba, y eso lo vamos a hacer. Vamos poco a poco”.

Esquema mafioso

Al analizar la compleja estructura empresarial que Pemex creó desde 1988 –cuando el gobierno de Carlos Salinas desapareció las oficinas de representación de Pemex en el extranjero y las transformó en empresas privadas extraterritoriales–, la nueva administración encontró que se trata de un esquema similar al que emplean organizaciones mafiosas o empresas y personas evasoras de impuestos.

Y es que pareciera una telaraña de compañías offshore diseminadas en cinco territorios fiscalmente laxos (Delawere, Estados Unidos; Irlanda; Países Bajos; Suiza, y España), un conocido paraíso fiscal –Islas Caimán– y México.

La mayoría de empresas se derivan de sus tres holdings (tenedoras de acciones), de tal forma que Pemex y sus subsidiarias figuran como propietarias indirectas del resto.

Sus operaciones incluyen triangulaciones de capital, cuentas bancarias privadas abiertas en paraísos fiscales y una tesorería en Holanda, donde se retienen supuestas ganancias de carácter “privado”, a pesar de que todas las transacciones se derivan de los recursos públicos de Pemex: su petróleo y derivados o su capital.

Los funcionarios explican que entre los hallazgos destaca que, a través de estas empresas offshore, Pemex ha participado en negocios totalmente adversos a sus finanzas. Particularmente sobresalen inversiones del Grupo PMI en sociedades que registran pérdidas multimillonarias, como las sostenidas con las españolas Hijos de J Barreras y Repsol; con la estadunidense Deer Park (propiedad 50-50 con Shell); y en México, las fraudulentas adquisiciones de Agronitrogenados y Fertinal, por ejemplificar con los peores casos.

En todos éstos, las decisiones fueron tomadas de forma unilateral por ejecutivos del Grupo PMI, con la venia de los altos directivos de la petrolera mexicana: jamás se consultó al Congreso para estas inversiones con capital público, tanto en el extranjero como en México.

Aunado a ello, los operadores de las sociedades y compras accionarias no pueden ser imputados por los daños patrimoniales causados al erario, porque no son considerados servidores públicos, sino ejecutivos de empresas privadas. No obstante, el quipo que revisa estos temas continúa analizando la legalidad de cada caso.

Con este nivel de opacidad, Pemex también empleó estas compañías para triangular compras y contratar servicios, sin garantizar los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que exige la ley. De esta manera, en muchos casos no había licitaciones sino sólo contratos directos.

Gastos suntuosos

Como si se tratara de jeques petroleros, al frente de todas esas negociaciones, los “ejecutivos” del Grupo PMI viajaban a “visitar” a sus “socios”. Cada semana se programaba al menos un viaje al extranjero, muy frecuentemente a Europa (particularmente a Oslo, Noruega), “pero ahí no hay socios, hay contratistas”, afirman los funcionarios consultados.

Y así es: en Oslo reside la trasnacional Bergesen, a la que Pemex le arrenda el barco Señor de los Mares, tipo FPSO. En su momento, se documentó un sobrecosto en dicho contrato, que involucró como coyotes a las empresas Subtec, Blue Marine, Arrendadora Ocean y Oceanografía.

El dispendio ha sorprendido al nuevo equipo en Pemex, pues, sin ninguna justificación, los viáticos y el hospedaje de lujo corrían a cuenta de las finanzas “privadas” de Pemex. Por ello, estos gastos ya se revisan con lupa, al igual que los sueldos, porque se fijaban discrecionalmente.

Fraude de 700 pipas pasó por Grupo PMI

Una operación que también ha llamado la atención no sólo al interior de Pemex sino en el gabinete es el presunto fraude que denunció el presidente López Obrador, relacionado con una frustrada compra de 700 carrotanques para transportar hidrocarburos.

Y es que fue una de esas 51 empresas privadas la que asignó el contrato y después perdió el litigio: Pemex Procurement International, Inc –radicada en Houston, Estados Unidos–, eligió a Ethan Gas Oil, por medio de una licitación pública. No obstante, la compañía se quedó con un anticipo de 400 millones de pesos y nunca entregó los carrotanques.

Pemex Procurement es una de las 25 empresas que difícilmente podrá extinguir el gobierno de López Obrador: ha desarrollado más de 200 acuerdos comerciales de largo plazo desde su creación, y actualmente tiene en pie el concurso de licitación PETIL-CAT-B-GCPCYC-E00-49591-0010179374-18-3, para Pemex Etileno.

Antes denominada Integrated Trade Systems, Inc, ésta fue constituida el 18 de febrero de 1994 en Delaware, y su única propietaria es Petróleos Mexicanos. Según los datos oficiales, desde 1998 cuenta con un sistema de adquisiciones para Pemex, que va desde la licitación o contratación directa hasta el pago de la factura, pasando por la logística de entrega.

La compañía ha sostenido relaciones contractuales con más de 1 mil 700 proveedores de equipos de manufactura y servicios de la industria del petróleo y otras relacionadas, todos para la petrolera del Estado mexicano.

La herencia de Peña Nieto

Al cierre del sexenio de Peña Nieto, el 4 de noviembre de 2018, Pemex consolidó 53 empresas privadas ante la estadunidense Securities and Exchange Commission (SEC); la lista incluye a PMI Comercio Internacional y a Hijos de J Barreras (de la que posee el 51 por ciento).

Ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informó menos compañías de este tipo: en su más reciente reporte, del tercer trimestre del año pasado, aseguró que eran 31. Entre éstas hacía referencia a Pemex Finance, el vehículo financiero que la petrolera estatal opera en el famoso paraíso fiscal Islas Caimán.

Del cruce de datos se desprende que Pemex cerró su ciclo peñanietista con 51 empresas offshore.

Según PMI Comercio Internacional, las sociedades del Grupo PMI ligadas a proyectos e infraestructura son: PMI Campos Maduros SANMA, vehículo de propósitos específicos para las alianzas estratégicas del proyecto de inversión denominado Campos Maduros; PMI Azufre Industrial, encargada del desarrollo de diversos proyectos relacionados con el azufre; Hijos de J Barreras, dedicada a la construcción y mantenimiento de embarcaciones (astillero); PMI Servicios Portuarios Transoceánico, que construye, desarrolla, administra y opera puertos marítimos, muelles, escolleras, almacenes, tanques de gas natural y de gas licuado de petróleo o cualquier otro petrolífero o hidrocarburo.

Con similares propósitos pero en el tema de hidrocarburos, en especial los denominados “limpios”, está PMI Midstream del Centro; También, PMI Cinturón Transoceánico Gas Natural, especializa en transportación de etano; PMI Transoceánico Gas LP, para el transporte de propano; PMI Ducto Juárez, para petrolíferos por medio de ductos a terceros; y Administración Portuaria Integral, que administra las zonas petroleras del puerto de Salina Cruz, Oaxaca.

Al referirse a PMI Comercio Internacional, López Obrador se comprometió el pasado 24 de enero a “limpiar a Pemex de corrupción. […] Vamos poco a poco. Algunos dicen que con mucha prisa; pues no, es que tenemos mucho trabajo qué hacer en esa materia”.

Nancy Flores/Primera de tres partes

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