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Uno de los primeros hallazgos del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador en torno al huachicoleo fue que los funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) violaban los protocolos de seguridad en forma sistemática, es decir, todos los días.

Así, de nada servía que la petrolera mexicana tuviera tecnología de punta y gastara miles de millones de pesos en en su sistema de monitoreo de los ductos, si quienes supervisaban que el flujo de combustibles no presentara anomalías no reaccionaban ante las emergencias.

El sistema de automatización Scada detecta inmediatamente las caídas de presión en el flujo de la Red Nacional de Ductos. En sus pantallas se observa cómo la línea de presión desciende en forma vertiginosa cada vez que alguien ordeña el combustible.

Por ello, los protocolos de seguridad de Pemex señalan que, una vez que se observa el desplome, los servidores públicos deben informar pero sobre todo ordenar el cierre inmediato del ducto afectado y, con ello, impedir que se derramen o se roben grandes cantidades de gasolina, gas no asociado, turbosina o diésel.

No obstante los lineamientos, pasaban hasta 14 horas sin que los responsables de la seguridad cerraran la llave del combustible; tampoco daban parte a los trabajadores para que fueran a remediar la situación directamente a la zona que presentaba el daño.

En Pemex se sabe que cuando cae la presión sólo puede ser por dos motivos: accidente (el rompimiento del ducto por falta de mantenimiento) o premeditación (por una toma clandestina o incluso algún sabotaje, como los que han estado ocurriendo a últimas fechas).

En ambos casos, la situación se considera una emergencia porque el derrame del producto no sólo contamina sino que puede generar una explosión con iguales o mayores dimensiones que la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde más de un centenar de personas perdieron la vida y otras decenas fueron gravemente heridas.

Pero resulta que, con el Scada y los protocolos de seguridad, Pemex ha tenido la tecnología más avanzada para frenar el huachicoleo y “salvaguardar la seguridad de la población, ya que el robo de combustibles pone en riesgo a las comunidades de las zonas aledañas y al medio ambiente” (boletín 87 de Pemex, 2014).

Por ello es muy relevante que los primeros descubrimientos del equipo de transición en materia energética hayan sido precisamente las violaciones al protocolo.

Los responsables directos son los extrabajadores de la Gerencia de Seguridad Física de la petrolera, pero éste es apenas el primer eslabón de una cadena que podría haber llegado a secretarías de Estado o incluso a la Presidencia de México.

La investigación ya está en manos de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien deberá tomar cartas en este asunto que tanto preocupa al presidente, y que tan sólo entre 2017 y 2018 costó 125 mil millones de pesos a las arcas nacionales. El desfalco para el país es tan grande que no basta con que caigan esos funcionarios.

Pero, ¿por qué los funcionarios de Pemex no aplicaban los protocolos de seguridad? Porque –según ha ido revelando López Obrador– durante años, desde el interior de la petrolera se operó un mecanismo perverso para ocultar a los verdaderos responsables del robo de combustibles.

En Pemex, la nueva administración tiene muy claro que el verdadero saqueo de combustibles no se hace con tambos y en camionetas, sino con un sistema de transportación similar al que tiene la propia petrolera. Y es que se necesitarían más de 500 pipas diarias para mover las cantidades de hidrocarburos que le robaban, y un mercado negro igual de grande para vender los productos.

Según el presidente López Obrador, el pueblo empobrecido que ha participado en este ilícito ha servido como “una base de protección para los verdaderos delincuentes”.

Una base que se habría fomentado de manera perversa, sembrando por aquí y por allá tomas clandestinas: ¿qué persona sin conocimiento de ingeniería petrolera se atrevería a romper un ducto para extraer gasolinas o cualquier otro energético?

Los expertos en Pemex han detectado que las tomas clandestinas están perfectamente armadas, hechas con material de cobre. Para ellos, desmantelarlas resulta muy riesgoso, pero necesario para acabar con esta ordeña.

Al frente del sistema supervisorio de control y adquisición de datos (Scada) debe haber gente honesta, pero también en el resto de los puestos, sobre todo en los directivos.

Ese sistema permite el control y monitoreo de los ductos en tiempo real los 365 días de año, las 24 horas del día. Así es que se tiene todo para frenar el robo de combustibles, aun cuando las consecuencias sean el desabasto y las largas filas en las gasolineras.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]