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Al cierre del sexenio de Enrique Peña Nieto, más de 242 mil personas fueron víctimas de delitos del fuero común, pero de los llamados de alto impacto: homicidio, secuestro, extorsión y robo. El gobierno de López Obrador recibió los indicadores con franca tendencia al alza.

Sin distingo de clases sociales, la violencia en México tiene impacto sobre más de 242 mil víctimas de delitos del fuero común, revelan las cifras oficiales publicadas en la recta final de la administración de Enrique Peña Nieto. Entre los datos más “preocupantes” se registran 242 mil 256 “víctimas de delitos contra la vida y la integridad corporal”, en 2018.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, registra 45 mil 960 homicidios –al 30 de noviembre de 2018–, el último día del sexenio de Peña y un día antes de que ascendiera a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. De la lista mensual, julio es el que mayores víctimas tiene, con 4 mil 455 asesinatos.

Santiago Roel García, director de Semáforo Delictivo –un proyecto social ciudadano para promover la paz en México–, analiza la violencia en el país desde hace más de 20 años y asegura que el homicidio es el delito más grave, del que no se debe “perder el foco de atención”.

“Debe capturar nuestra atención el delito de homicidio y, dentro de éste, las ejecuciones del crimen organizado; son las mafias que se dedican al mercado de drogas”,  enfatiza el especialista.

El responsable de Semáforo Delictivo indica que la violencia registrada en el país se centra en cuatro delitos de alto impacto –homicidio, secuestro, extorsión y robo de vehículo–, principalmente generados por el crimen organizado. Refiere que antes de la supuesta guerra contra las drogas que emprendió Felipe Calderón al inicio de su mandato, se tenía un registro de “2 mil ejecutados al año y, ahora, son por mes”.

Regular las drogas

Una de las formas de atenuar este panorama, indica, “es la regulación de las drogas; si no, nada va a funcionar y este es uno de los temas contemplados en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024”, de la administración entrante.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del presidente Andrés Manuel López Obrador señala que recibe una “seguridad en ruinas y un país convertido en panteón. Los índices de violencia y las cifras de asesinatos ubican a nuestro país en niveles históricos de criminalidad y entre los países más inseguros del mundo. Los altos niveles de violencia han generado costos enormes para la economía y la sociedad”.

El Plan, comenta Santiago Roel, contempla todas las drogas que están generando mercados negros y mafias; no obstante todavía hay obstáculos, y entre ellos es que al momento de regularse la legalización se cometan excesos. “Sólo habrá que esperar a que no se haga un Frankenstein legislativo y por meterle controles gubernamentales se nos vuelva algo que no opere”.

El expresidente Felipe Calderón “toma una mala decisión: nos mete en esta guerra y empieza a subir la violencia y la corrupción de manera importante”, añade Roel García.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 advierte que la “guerra contra las drogas” escaló de un “problema de salud pública que representan sin duda las sustancias prohibidas hasta convertirlo en un asunto de seguridad pública, en el fortalecimiento imparable de los grupos delictivos dedicados a la producción y el trasiego de estupefacientes, en una violencia ya intolerable y en un problema de seguridad nacional, en la medida en que la presencia financiera, el poder de fuego, la capacidad operativa y la internacionalización de los cárteles se ha incrementado de manera sostenida”.

El documento también reconoce que pese a los asesinatos, la inversión en su combate, recursos consumidos y los sistemas de inteligencia y vigilancia en la llamada guerra contra las drogas, “el gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay perspectivas de que logre vencerlos en un tiempo estimable”.

Y asegura que las muertes de capos, decomisos, “aseguramientos” de bienes, se han traducido en “recrudecimiento de la violencia, en violaciones a los derechos humanos y, a la postre, en procesos de fragmentación de las organizaciones criminales que multiplican la inseguridad y los padecimientos de las poblaciones”.

La industria del secuestro

El plan de seguridad del Poder Ejecutivo reconoce que la “diversificación de actividades desde el narcotráfico hacia la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas es ya un fenómeno conocido en regiones como la costa del Golfo de México, la franja fronteriza y Michoacán y Guerrero”.

Las cifras heredadas del gobierno peñista, dan cuenta de 80 mil 319 secuestros a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 (Envipe), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi documenta que en 2017 (año hasta el que se tiene contabilizado) el 58.4 de los secuestros por ciento de los delitos estimados, tuvieron una duración de 24 horas.

Alberto Enrique Nava Garcés, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) comenta que este delito también es uno de los que más preocupan, porque su incidencia anual no disminuye y afecta a todo tipo de personas: “Se cree” que el estrato de mayores recursos económicos es el único vulnerable, pero “el problema del secuestro ya pega en todos niveles sociales porque, simplemente, determinados grupúsculos de la delincuencia observan la posibilidad o el nicho de oportunidad para hacerlo”.

Este especialista advierte que, pese a las cifras de la Envipe, no hay una cultura de denuncia. La misma Encuesta Nacional destaca que entre las razones para no denunciar delitos ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo y desconfianza en la autoridad.

En efecto, el Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2017, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestra que sólo se han abierto 1 mil 54 carpetas de investigación por secuestro.

La Envipe también expone que, a nivel nacional, 65 por ciento de la población de 18 años y más considera a la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa; seguido del aumento de los precios y el desempleo.

Entre las conductas delictivas o antisociales más frecuentes, se encuentran: consumo de alcohol en la calle, consumo de droga, robos o asaltos frecuentes, homicidios, venta de droga, pandillerismo y detonaciones de arma de fuego.

Derechos humanos, en números rojos

Desde la declaración de la guerra contra las drogas, han sido años muy difíciles para México; sin embargo, el sexenio de Peña Nieto ha sido el más violento. Si tenemos que hacer una evaluación, en materia de derechos humanos está en números rojos”, asegura Lucía Chávez, directora de Investigación en Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC, (CMDPDH).

La defensora de derechos humanos comenta que en la administración saliente hubieron “decisiones políticas, relacionadas con el tema de la militarización, que plantean serias dudas de compatibilidad con un Estado que se dice democrático, el sexenio quedó en números rojos, quedó mucho a deber en materia de seguridad”.

La organización defensora rechaza la creación de una guardia nacional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que “la creación de la Guardia Nacional es una comprobable amenaza a los derechos humanos”, indica a través de un comunicado público.

“La participación de militares en tareas de seguridad ha incrementado el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza, así como delitos como las privaciones arbitrarias de libertad, el asesinato, la tortura y la desaparición forzada. El uso indebido de sus atribuciones se ha dirigido principalmente en contra de civiles, a quienes les atribuyen su pertenencia a organizaciones criminales o su participación en actividades delictivas.

“Por ejemplo, de las 204 recomendaciones emitidas por la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos] por violaciones graves a derechos humanos, específicamente tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales entre el 2006 y el 2017, en el 68.66 por ciento se reconoce a las Fuerzas Armadas como autoridad responsable”, expone la CMDPDH.

Impacto económico

Este clima de violencia e inseguridad ha significado un impacto negativo en el contexto nacional. Cifras del Índice de Paz México 2018 evidencian que el impacto económico que la violencia dejó en el país ascendió a 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares) sólo en 2017 (año en que se hizo el cálculo).

El documento, elaborado por el Institute for Economics and Peace, representa el 21 por ciento  del producto interno bruto del país; es decir, fue ocho veces mayor que la inversión pública en salud y siete veces mayor que la inversión en educación en ese mismo año.

“El indicador que más contribuyó al impacto económico de la violencia en 2017 fue el de homicidios, que representó 46 por ciento del impacto total. Esta cifra equivale a 2.18 billones de pesos o 10 por ciento del PIB [producto interno bruto] de México”, dice.

Érika Ramírez

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