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El aumento del 16 por ciento al salario mínimo representa uno de los primeros visos de que la política social del nuevo gobierno se encamina a resarcir la brutal pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora luego 36 años de neoliberalismo, iniciado en el gobierno de Miguel de la Madrid cuando se argumentó la contención salarial en aras de no disparar la inflación; objetivo que nunca se cumplió.

En este nuevo entorno parece que los organismos empresariales comienzan a tomar conciencia de la importancia que implica para el desarrollo de la economía nacional el fortalecimiento del mercado interno. En la tesis aplicada hasta la saciedad de un capitalismo salvaje que enriqueció de forma desproporcionada a un reducido sector, se pretendió aventurar el desarrollo del país a mercado externos que nunca reportaron ganancias o beneficio alguno al país, tal y como se estableció de manera doctrinal en la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

De forma paradójica, los defensores del neoliberalismo omitieron decir que la fórmula de los países desarrollados para fortalecer sus economías ha radicado en que tienen mercados internos fuertes, donde los salarios son suficientes para que sus trabajadores alcancen un bienestar y nivel de vida dignos.

También resulta paradójico que en México nunca se ha aplicado a cabalidad el párrafo sexto del Artículo 123 constitucional, que establece que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia tanto en lo material como social y cultural, y proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Como uno de sus efectos colaterales, esta errada política económica que llevó a los salarios del país al nivel más bajo en América Latina también propició la informalidad, de la cual subsiste más del 50 por ciento de la población económicamente activa. Este fenómeno, además de haberlos alejado de la seguridad social como un acceso a la salud, a la vivienda y a un trabajo digno a millones de mexicanos, también los privó del derecho a una jubilación justa.

A mediados del pasado mes de diciembre, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, alertó del tsunami social que se avecina porque miles de trabajadores que “iban y venían” de la informalidad no tendrán la oportunidad de obtener una pensión por no haber alcanzado a cotizar las 1 mil 250 semanas que establece la ley para alcanzar este derecho.

Buena parte de este fenómeno social a estallar en el mediano plazo radica en que millones de mexicanos optaron por salir a vender en las calles antes que morir de hambre con sus familias por los salarios mínimos que pagan las empresas.

La interrogante es saber qué harán los futuros gobiernos ante un ejército de millones de ancianos sin derecho a una pensión, como ya alertó el nuevo secretario de Hacienda. Por eso es de vital importancia para la economía nacional el inicio de una recuperación del salario de 176.72 pesos, incluida la franja fronteriza a partir del 1 de enero, y que como mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador servirá como la cortina de desarrollo del país para desalentar la migración a Estados Unidos.

En el nuevo contexto político, social y económico que ya se teje desde la nueva administración, los legisladores deben establecer en la nueva ley reglamentaria de la reforma laboral los mecanismos de participación directa de los trabajadores en la definición de los salarios, de tal suerte que ya no sean los sindicatos corporativos los que incidan en las definiciones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.

Ahora que se están abriendo sistemas de participación a la sociedad no puede soslayarse que la clase trabajadora emita su opinión de manera directa y no a través de decisiones cupulares donde el charrismo sindical fue cómplice de los gobiernos neoliberales y una clase empresarial voraz, para institucionalizar la contención de los salarios.

Esta enfermiza teoría neoliberal produjo millones de pobres y un estancamiento del desarrollo nacional, por lo que resulta acertado lo dicho por el jefe del Ejecutivo en el sentido de que “nos vamos a beneficiar todos”, pues salarios más remuneradores “ayudarán a fortalecer el desarrollo de la economía y a fortalecer el mercado interno”.

Todavía hay mucho camino por recorrer, pues en los 36 años de neoliberalismo el poder adquisitivo de los trabajadores se deterioró en un 70 por ciento; y de hecho, en el gobierno del primer tecnócrata que llegó a la Presidencia, Miguel de la Madrid, el salario se deterioró en un 50 por ciento de su valor.

Acertado también el comparativo hecho por el presidente López Obrador en el sentido de que en la década de 1980 con un salario mínimo se podían comprar de 50 a 55 kilos de tortillas y hoy sólo seis. De esa magnitud ha sido la pérdida del poder adquisitivo y las consecuencias sociales de una clase trabajadora condenada a la miseria.

Por parte de la clase empresarial debe existir la voluntad y conciencia de que mayores salarios no implica la pérdida de ganancias. El asunto, y es momento de decirlo, es que los empresarios mexicanos se acostumbraron a obtener desmesurados dividendos, más que sus pares en los países desarrollados donde existe un margen razonable de ganancias y un respeto al ingreso decoroso de la clase trabajadora.

Luego de 2 décadas del TLCAN sobra decir que no existieron beneficios ni sociales ni económicos, porque se proyectó que seríamos un país exportador y terminamos exportando millones de mexicanos e importando hasta los alimentos que consumimos.

Es momento de revertir esta teoría neoliberal y apostarle al fortalecimiento de nuestro mercado interno a través de mejores salarios donde, sin duda, saldremos ganando todos.

Martín Esparza Flores