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Menos de 2 meses han bastado para que el nuevo sistema de compras del gobierno federal empiece a hacer crisis, sin que se tenga un plan de contención o ruta crítica que pueda resolver los primeros obstáculos que enfrenta.

Como se recordará, una de las primeras medidas anticorrupción adoptadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador ha sido la de centralizar las licitaciones y contrataciones de todo el gobierno en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bajo procesos consolidados que dependen de la suficiencia presupuestaria.

El problema es que a la Oficialía Mayor de Hacienda le ha quedado demasiado grande este saco, y por falta de personal y exceso de trabajo ha empezado a descuidar compras urgentes, como las pipas en esta crisis de los combustibles.

En este caso,  y ante la urgencia de atender el desabasto de gasolinas en varias entidades del país, el presidente pasó por encima de esa medida para crear una “comisión urgente” que se encargue de la adquisición de los carrotanques.

Pero este sólo es el inicio de la crisis que enfrenta la Oficialía Mayor. Otro asunto que en breve podría estallarle al presidente por este colapso en las compras centralizadas es el de 220 millones de los libros de texto gratuitos, cuya producción ya presenta un atraso de 4 meses, lo que pone en riesgo que se tengan a tiempo para el próximo ciclo escolar.

Este problema ha llegado a tal nivel que ya prendió los focos rojos en la Secretaría de Educación Pública, que encabeza Esteban Moctezuma Barragán, y en la propia Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, que podría incumplir con los tiempos de envío y recepción de millares de ejemplares, necesarios para que estudiantes y docentes comiencen el ciclo escolar.

Cada año, la Conaliteg estaba encargada de licitar y contratar a impresores para producir millones de libros necesarios en todas las escuelas del país, y este proceso se realizaba en septiembre-octubre del año anterior, pero esta vez, por el cambio de gobierno no se ha hecho.

Resulta que fue el propio equipo de transición de Moctezuma Barragán el que frenó este proceso, asegurando que en diciembre –una vez que López Obrador tomara posesión del gobierno– la SHCP convocaría a concurso a las empresas del ramo para imprimir los libros de texto gratuitos.

Pero pasó diciembre y ya estamos a mitad de enero y eso no ha ocurrido: ni se han hecho las licitaciones ni se han asignado los contratos. El problema es que el margen de tiempo se agota y de no iniciar la producción en las próximas 2 semanas, los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato, sistema braille y educación indígena podrían iniciar el ciclo escolar 2019-2020 sin libros.

Esto quiere decir que –contrario al espíritu que impulsó la concentración de las compras consolidadas en Hacienda– ahora la única vía para tener a tiempo los materiales educativos y seguir privilegiando a la industria nacional por encima de los intereses extranjeros es realizar una contratación directa y omitir la licitación pública.

El tema no es menor: los recursos públicos comprometidos superarían los 3 mil 500 millones de pesos, cifra que la Conaliteg invirtió en 2017 para elaborar 220 millones de libros que se entregaron en el último ciclo escolar del gobierno de Enrique Peña.

Sólo mediante una contratación directa podría subsanarse el retraso, porque la producción se planea a 10 meses para poder distribuir los libros de texto gratuitos en dos periodos: uno en abril y otro en julio.

El primer embarque, para el cual faltan menos de tres meses, cubre las zonas más apartadas del país, áreas rurales y de difícil acceso, como sierras, cañadas, selvas y pantanos. Mientras que para el segundo embarque, quedan poco menos de 6 meses, y con este se cubre el resto del territorio nacional.

Al 16 de enero de 2019 no se ha producido un solo libro de texto gratuito, confirmaron preocupados algunos impresores consultados por Contralínea. No obstante, para ellos lo que en realidad está en riesgo es el aprendizaje de niños y adolescentes. Es más, refieren, ni los docentes tendrán libros para iniciar las clases, cuyos programas se basan precisamente en sus contenidos.

Según las fuentes consultadas, por la concentración de compras en Hacienda, los 4 meses de atraso ya han afectado a toda la cadena de producción: proveedores de cajas, tarimas de madera, tintas y papel, impresores, bodegueros y fleteros.

Sólo en el tema del papel, se estima que para la producción de esos 220 millones de libros se requieren entre 70 mil y 80 mil toneladas.

Históricamente, aseguran los empresarios consultados, se ha privilegiado a empresas nacionales –tanto de los insumos como de la propia impresión–, por lo que esperan que en esta crisis el gobierno no se incline por contratar a trasnacionales para cumplir con los tiempos.

La incertidumbre en el sector ha llegado a tal punto que los empresarios están dispuestos a ajustarse a un lapso de 5 meses para imprimir lo que normalmente se hace en el doble de tiempo.

Para ellos, ésta es la primera vez que en una transición sucede algo así, porque en 2006 y 2012 la Conaliteg operó con normalidad las licitaciones y contrataciones previo al cambio de gobierno.

Hasta la pasada producción de libros de texto gratuitos, siete impresores compitieron por los contratos de Conaliteg: Grupo Infagon, Compañía Editorial Ultra, Litografía Magno Graf, Editora Multicolor, Edamsa Impresiones, Impresora y Editora Xalco y la trasnacional Quad Graphics.

Ahora, la pregunta es qué está pasando con las compras más urgentes, como las medicinas en instituciones públicas, incluidas vacunas, o los alimentos de primera necesidad que distribuye el recién creado organismo Seguridad Alimentaria Mexicana, en el que se fusionaron Liconsa y Diconsa.

Tal vez sea momento de repensar la forma en cómo se deben hacer las contrataciones o de reestructurar la SHCP para que afronte en tiempo adecuado la gran responsabilidad que tiene encima, antes de que empecemos a padecer crisis por todos lados y no sólo de combustibles y ahora de libros de texto gratuitos.

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]