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Al mantener al Ejército en las calles y amnistiar a los criminales dentro de la administración pública, el gobierno de López Obrador marcaría una ruta de fracaso en su política de pacificación. De no revertirse la violencia –que cobra la vida de más de 80 personas al día–, se generalizarían las autodefensas, consideran académicos.

En el arranque del plan de paz y seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la ola de violencia no dio tregua: entre el 5 de diciembre de 2018 y el 13 de enero pasado se registraron 3 mil 180 homicidios dolosos a lo largo del país, contabiliza la Comisión Nacional de Seguridad.

La respuesta de la administración federal fue mantener al Ejército en las calles: 35 mil 745 elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, así como de la Policía Federal, integran el primer frente contra la delincuencia organizada, y son el primer paso en la conformación de la Guardia Nacional, aprobada por la Cámara de Diputados el 16 de enero.

Con esa decisión, el ahora presidente de la República dio la espalda a su promesa de campaña de devolver a los militares a sus cuarteles, y abandonó uno de los ocho objetivos de su Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024: reformular el combate a las drogas.

El viraje en la estrategia para afrontar el problema de la violencia y el crimen organizado pone en riesgo sus resultados, considera el doctor en ciencias políticas y sociales Carlos Flores Pérez, investigador del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

Y es que observa una falencia fundamental en el plan de pacificación: apostar de nueva cuenta por un enfoque de disuasión/intervención basado en fuerzas de seguridad y militares, que en 12 años no sirvió, señala el autor de los libros Historias de polvo y sangre. Génesis y evolución del tráfico de drogas en el estado de Tamaulipas y El Estado en crisis: crimen organizado y política. Desafíos para la consolidación democrática.

El doctor Flores Pérez explica que “es claro que ese paradigma no ha funcionado y no altera de fondo la raíz del problema, que tiene que ver más con las graves desviaciones del aparato de justicia, tanto en su dimensión de procuración como de administración.”

Agrega que con la creación de la Guardia Nacional, incluso, se modificaron preceptos constitucionales que impiden el uso magnificado del aparato militar en tareas de seguridad pública.

La militarización de la seguridad pública no es un asunto menor: en el gobierno de Enrique Peña Nieto trajo consigo decenas de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo siete casos emblemáticos: Iguala-Ayotzinapa, Tanhuato, Tlatlaya, Apatzingán, Chalchihuapan, Nochixtlán y Palmarito.

Por ello, el 10 de enero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que “confiar en el uso de la fuerza como recurso principal genera un gran riesgo de que se presenten o propicien violaciones” de este tipo.

“Como se plantea, la Guardia Nacional no garantiza justicia, en todo caso una disuasión o contención que tienen efectos limitados y de corto plazo”. Para la CNDH, “entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que nuestro país enfrenta”.

Al arranque de la actual administración, la apuesta por mantener al Ejército en las calles no ha amainado la violencia: cada día, en promedio, más de 80 personas siguen siendo asesinadas en México, y estos crímenes son apenas la punta del problema.

Enfrentamientos armados –como el ocurrido el pasado 10 de enero en Miguel Alemán, Tamaulipas, con un saldo de 24 personas muertas–, feminicidios, secuestros, robos, extorsiones, cobro de piso y desplazamiento forzado interno forman parte de la retahíla de delitos que asolan a la sociedad.

“La violencia tiene distintas expresiones: la criminal, la social –generada por la marginalidad de millones de personas– y la violencia que generan los propios cuerpos policiacos o los cuerpos armados, dada la estrategia de combatir militarmente a las organizaciones criminales”, explica el maestro en finanzas y economista Jorge Retana Yarto.

Por ello, el clima de violencia que ha encontrado el nuevo gobierno es generalizado, indica el también autor del libro El imperio de las mafias transnacionales, entre otros títulos. “Tenemos una situación en donde no hay ninguna posibilidad de que Andrés Manuel pueda solucionar esto de una manera inmediata”.

Otras falencias del plan

Además del olvidado objetivo de “reformular el combate a las drogas”, el plan de paz que ha trazado de López Obrador incluye: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; promocionar y respetar plenamente los derechos humanos; promover la regeneración ética de la sociedad; emprender la construcción de la paz; recuperar y dignificar las cárceles; y repensar la seguridad pública, seguridad nacional y la paz.

La segunda falencia en la estrategia, indica el investigador Carlos Flores, tiene que ver con “el combate a la corrupción que corroe el engranaje institucional, y que está establecido con criterios enunciativos, pero no a través de medidas específicas para lograrlos. Por el contrario, es muy preocupante que, en el afán de mantener una situación de relativa estabilidad, el propio Andrés Manuel ofrezca que no se indagarán las irregularidades de sus predecesores ni de sus allegados en esta materia”.

Para el doctor Flores Pérez, ello es más preocupante cuando en el llamado juicio del siglo en una corte en Nueva York, Estados Unidos, contra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera se ha venido exponiendo información que pone de manifiesto el nivel de compenetración de las estructuras criminales y de poder en México.

“Lejos de ofrecer integrar equipos de fiscales, agentes de investigación e inteligencia para desmantelar esas redes que operan las actividades criminales más sustantivas e integran sus ganancias ilegales en la economía formal, les brindan protección e impunidad: pareciera que se les exime.”

El investigador del CIESAS considera que una decisión y un escenario de esa naturaleza será desastroso para la sociedad mexicana, además de enterrar todo el capital político y la legitimidad que dieron las urnas al gobierno actual.

Y es que el escenario de la impunidad “terminará por enfilar al país a un conflicto de dimensiones insospechadas, que puede visualizarse ya en acciones de descontento civil y justicia por propia mano, que se atestiguan cada vez más a lo largo de la geografía nacional”.

México, sin una base para la paz

La emergencia humanitaria que enfrenta México requiere acciones coordinadas. Para Jorge Retana, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la búsqueda de paz en este contexto es “un territorio totalmente nuevo para las instituciones del Estado: no va a ser fácil encontrar un camino de pacificación, sobre todo porque no tenemos un planteamiento que pueda ser la base de una situación de búsqueda de la paz”.

Al respecto, el especialista en inteligencia para la seguridad nacional explica que la cultura que existe para detener a las organizaciones criminales está totalmente relacionada con el combate militar. No obstante, considera que “se ha vulgarizado” el término de militarización: “parece que ésta consiste simplemente en la intervención de algún elemento militar y no es así. Esto desde luego representa una vulgarización del fenómeno”.

Para el maestro Retana Yarto, la política del gobierno federal debe abordar tres frentes simultáneamente: “1. Mantener una presión armada sobre las organizaciones criminales; 2. Avanzar en la concepción de un cambio de paradigma cuyo elemento fundamental sea la política social; y 3. Convencer al país de que hay que entrar por una ruta de pacificación”.

El experto considera que en el país no existe una cultura de paz, sino por el contrario hay una alta tolerancia para que los cuerpos armados del Estado violen los derechos humanos.

“Cuando ocurren esas violaciones nos escandalizamos en la academia, en los medios [de información], pero no hay un movimiento masivo en la sociedad con el cual se exija el respeto a los derechos humanos. Hay algunos grupos que se movilizan pero, en general, en el país hay una alta tolerancia tanto de la sociedad como de las instituciones para que en un momento dado los cuerpos armados del Estado, so pretexto de perseguir criminales, violen los derechos humanos de los propios criminales y generen daños colaterales.”

Para evitar esto, el académico de la UNAM recomienda, como apoyo estratégico, acudir a los organismos internacionales. “Con la Corte Penal Internacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para elaborar alguna ley especial relacionada con la amnistía o los indultos o con ambas cosas. El apoyo internacional va a ser muy importante porque no sólo le va a dar una gran legitimidad a las medidas que se tomen, sino que le va a dar una orientación y un contenido preciso conforme a los acuerdo internacionales que ha firmado México y conforme a los estándares internacionales en la materia”.

Al analizar la estrategia del gobierno, el especialista en inteligencia para la seguridad nacional observa que la reestructuración de toda la inteligencia civil de Estado es un asunto muy delicado. “Hay un cambio institucional muy importante, y aun cuando en la Constitución se establece la seguridad de forma diferenciada tenemos que considerar que, en las tres dimensiones –pública, interior y nacional–, la seguridad humana y los derechos humanos tienen que ser el eje de esas políticas. Si esto no sucede podríamos repetir la experiencia que ya tuvimos en el gobierno de Peña Nieto”.

Por ello, indica, la estrategia debe ser multidimensional. “No puede estar solamente basada en la política social, o sólo en la presión militar hacia las organizaciones criminales, sino que tiene que ser una estrategia con distintas ramificaciones para poder atacar los diferentes frentes que tiene la problemática”.

Además, ninguna medida debe estar aislada. “Se tienen que atacar simultáneamente los diferentes aspectos que configuran el problema. De otra manera no se podrán obtener avances importantes. Si se genera una política social amplia y sólida se puede debilitar la base social del crimen organizado, y así empezar a reconstruir el tejido social, las unidades familiares. Pero eso no basta para derrotar a las organizaciones criminales, que tienen ejércitos privados bien pertrechados y con entrenamiento militar”.

El maestro Retana Yarto considera fundamental que se entienda al crimen organizado como una sola unidad: no es la administración pública corrupta por un lado y el crimen organizado, por otro; es la misma estructura criminal. “El crimen organizado está dentro de la administración pública”.

Y es que, dice, “no podemos explicarnos la fuerza de las organizaciones criminales si no entendemos que ésta deriva de la fortaleza de sus vínculos con las altas esferas del poder público y también con importantes grupos empresariales. Por ello, el proceso de pacificación debe pasar por el debilitamiento de las organizaciones más poderosas”.

Debilitar al crimen

Como lo documentó Contralínea, al menos son 45 cárteles, células y pandillas del narcotráfico altamente violentos a los que se enfrentará este proceso de paz. De los cuales, nueve son “grandes organizaciones del narcotráfico”: Cártel del Pacífico, Jalisco Nueva Generación, Arellano Félix, Familia Michoacana, Carrillo Fuentes, Beltrán Leyva, Los Zetas, El Golfo y Caballeros Templarios.

Para Retana Yarto, es fundamental debilitar a todas los grupos de la delincuencia organizada y sus bases de apoyo. “Las organizaciones criminales no sólo tienen una estructura dentro de la administración pública, sino también en las comunidades. Y a través de la política social se puede debilitar la base de apoyo. Pues sirve para ir debilitando la influencia de los grupos criminales en los pueblos que colaboran en el narcomenudeo, la venta de hidrocarburos robados, o como halcones”.

Al respecto, observa que además de la política social se debe mantener una presión armada sobre esos grupos criminales. “Si se logra legalizar la mariguana y quitarle usos delictivos a la amapola, entonces se ataca el problema de forma multidimensional, porque se considera multifactorial. Considerar que los grupos delictivos son un problema aislado no sirve de nada”.

El investigador indica que no hay ningún Estado en el mundo que renuncie a ejercer la violencia, y México no debe ser la excepción. “Pero tiene que ser una violencia acotada por un marco constitucional”.

El fracaso de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en este tema, indica, fue resultado de que se enfocaron a capturar líderes, pero las estructuras de la organización con las comunidades y con el poder público siguieron intactas. “Hay que atacar todo, incluidos la inteligencia financiera y el lavado de dinero. Son muchos factores que hay que poner en juego, y el problema es articular todos esos esfuerzos dentro de una sola estrategia”.

—¿No hay un tema más urgente?

—No. Todo tiene que ser simultáneo precisamente para estar en posibilidad de debilitar a las organizaciones. Hay que partir de que el problema de la criminalidad trasnacional organizada que actúa en México y que se ha empoderado hasta niveles insospechados, condensa distintas problemáticas que viven el país: todas las debilidades de nuestro proceso de desarrollo nacional. Ése es precisamente el error de la concepción de la militarización, donde sólo se apuesta por esta vía para derrotar a los grupos criminales y entonces tenemos el desastre que hay ahora. No. Aquí lo que se está pensando es que también la presión militar juega un papel, pero no se debe apostar principalmente a la fuerza militar ni a comprar armamento más sofisticado, sino que eso juega su rol en la estrategia de ataque multidimensional.

De no conseguirse la pacificación, el académico Retana Yarto observa un panorama catastrófico para México. “Ya tenemos una situación muy difícil y lo que sigue es la generalización de las autodefensas armadas. Si esta política del Estado no da resultados, las comunidades van a tener que tomar el asunto en sus manos y no hay otra forma, desde esa perspectiva, que entrar a un proceso de autodefensas generalizadas en todo el país. Y Eso ya nos mete en un terreno distinto”.

Nancy Flores

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