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Apoco más de un mes de haber iniciado la administración de Andrés Manuel López Obrador, se han liberado 16 personas consideradas presos políticos, entre los que hay defensores de derechos humanos, ambientalistas opositores al fracking y maestros, anunció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En la conferencia matutina del presidente, Sánchez Cordero explicó que se ha creado una unidad especial, compuesta por dos divisiones para atender los 368 casos que se tienen, de los cuales, “muchos de ellos no han tenido sentencia. Los jueces no han podido condenarlos porque no tienen elementos probatorios”.

La unidad, explicó, tiene dos direcciones generales; la primera, “es para el fortalecimiento de los sistemas de justicia en las entidades federativas, a través de convenios de colaboración con las procuradurías estatales y de los tribunales superiores de justicia. La otra dirección general consiste en tener una mesa especial para la revisión de los casos en los que muchas de estas personas han sido privadas de su libertad”.

La mesa está compuesta por personal de los reclusorios, representantes de la Procuraduría General de la República, abogados defensores, organizaciones sociales y personal calificado.

Expuso que los casos del orden federal se están revisando uno a uno y que se han observado rezagos importantes en la impartición de justicia. Asimismo, que la mesa conformada en la secretaría de Gobernación será permanente en este gobierno.

Por órdenes del presidente, dijo, “no podemos permitir que la protesta sea criminalizada”. Y enfatizó que en los procesos hay “mucha gente humilde” que no había tenido acceso a la justicia, entre ellos, personas de origen indígena y mujeres.

Érika Ramírez

 

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