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La organización indígena de Las Abejas señala que los paramilitares responsables de la masacre de Acteal han vuelto a Chenalhó, Chiapas, bajo el auspicio del gobierno estatal.

En un comunicado emitido en el marco del 21 aniversario de la matanza de 45 indígenas (incluidos niños y mujeres embarazadas), advierte que los autores materiales “viven en nuestras comunidades con muchos privilegios: remuneración semanal (cada jueves reciben aproximadamente 1 mil 600 pesos), vivienda y terreno donados por el gobierno de Chiapas en el municipio de Villaflores”.

La organización, en voz de cuatro sobrevivientes del ataque, acusa que ninguno de los autores –ni intelectuales ni materiales– purga sentencia por los hechos: “la impunidad se ha consumado”.

Para Las Abejas, la lista de los responsables de la masacre empieza con Ernesto Zedillo Ponce de León, expresidente de la República; a quien le siguen Julio César Ruiz Ferro, exgobernador de Chiapas; Mario Renán Castillo, mando militar de la VII Región Militar y “artífice de la guerra encubierta contra los zapatistas”; Miguel Ángel Godínez Bravo, exsecretario de la Defensa Nacional; y Emilio Chuayffet Chemor, exsecretario de gobernación.

De éstos, refiere, ninguno ha sido juzgado y tampoco llamado a comparecer ante tribunales para demostrar inocencia por el ataque paramilitar del 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal.

La organización agrega que además de ellos, los asesinos materiales “también están libres y gozan de total impunidad”. Los “paramilitares que fueron procesados por su participación en la masacre de Acteal han sido liberados todos, desde el 12 de agosto de 2009, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el recurso de amparo presentado por los abogados del Centro de Investigación y Docencia Económicas en defensa de los paramilitares y señaló irregularidades en el debido proceso”.

El comunicado de las víctimas sobrevivientes recuerda que, por ello, “la SCNJ ordenó la inmediata liberación de un bloque de 29 paramilitares. Con este fallo, la SCJN abrió una puerta para que los demás paramilitares sentenciados se ampararan bajo el mismo argumento”.

Para el 12 de noviembre de 2014, la Suprema Corte concedió el recurso de reconocimiento de inocencia que interpusieron en defensa de tres paramilitares: Lorenzo Ruiz Vázquez, José Guzmán Ruiz y José Alfredo Agustín Hernández Ruiz, sentenciados por delitos de homicidio, lesiones calificadas y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Tras estas liberaciones, indica, sólo quedaron dos en prisión que no presentaron recurso ante la Corte, pero fueron favorecidos por un tribunal que redujo su sentencia de 36 a 18 años de cárcel. Esto significa que pudieron haber sido liberados en 2015, al cumplirse 18 años de la masacre.

Las Abejas critican que el exgobernador Ruiz Ferro, “con clara responsabilidad en la masacre de Acteal, caminó tan libre e impunemente en la toma de protesta del doctor Rutilio Escandón Cadenas y en presencia del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador”.

Los sobrevivientes indican que, junto con familiares de víctimas, han padecido 21 años de “angustia, dolor, desesperación, tristeza, baja autoestima en mujeres, desgaste, enfermedades y muertes por falta de atención médica integral”.

Agregan que el rostro de Acteal en estos 21 años de impunidad se resume “en la vida de Zenaida Pérez Luna, una niña huérfana que sobrevivió la masacre cuando apenas tenía 4 años; ella misma recibió un impacto de bala en la cabeza, que le causo pérdida de campo visual. Hoy, ella tiene 25 años de edad, y junto con sus dos hermanas Ernestina y Roselia Pérez Luna vive con su abuela en una curva en la altura de Acteal Alto, donde procedieron varios de los paramilitares que participaron en la masacre”.

Además del dolor emocional, la joven padece las secuelas físicas del ataque armado. Por su condición, indica la organización civil, “Zenaida manifiesta que no puede formar su propia familia, es decir que no puede casarse o juntarse con un hombre porque no ve. La masacre de Acteal la condenó a vivir sola. No puede realizar las labores cotidianas como cualquier persona común: con mucho trabajo puede caminar sola, no puede trabajar en el campo para sembrar maíz y frijol o cargar leña para el fogón, no puede bordar su blusa para uso personal o para venta porque no ve”.

Las Abejeas refieren, además, que en septiembre de 2018 Zenaida se enfermó gravemente, por lo que la organización se comunicó con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que le brindara atención.

“Ellos dijeron que lo lleváramos a la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas en el Hospital de Las Culturas y que los gastos que se generarían los reembolsarían. Así lo hicimos. A Zenaida le diagnosticaron quiste sebáceo en la cabeza muy cerca de donde recibió el impacto de bala. Estuvo yendo varias veces en el Hospital de Las Culturas para atención médica. Pero han pasado ya 3 meses y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha realizado dicho reembolso y Zenaida sigue enferma con dolores y varios síntomas”.

Aunado a ello, Las Abejas indican que los muertos ya suman 54, “porque varios hermanos nuestros sobrevivientes de la masacre han muerto esperando verdad y justicia. Los que hoy seguimos con vida, muchos nos encontramos en grave situación de salud física y sicológica. El tiempo nos ha hecho más vulnerables, propensos a enfermedades y baja autoestima en mujeres. Por eso hoy no tenemos más palabra que preguntar al presidente López Obrador: ¿cuántos sobrevivientes más tienen que morir para encontrar justicia en el caso 12.790, Manuel Santis Culebra y otros (Masacre de Acteal) México [Comisión Interamericana de Derechos Humanos]?”

Y acusan que, de fallecer todos los sobrevivientes por abandono e injusticia, el gobierno mexicano será responsable de un doble crimen en contra de la población indígena en Acteal.

Por ello, le exigen al presidente una reunión en Chiapas con los sobrevivientes con acreditación ante la CIDH. Y a esta última le urgen a que emita el informe de fondo correspondiente al caso Acteal, y declare la responsabilidad internacional del gobierno mexicano por la violación a los artículos 4, 5, 8,19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 del mismo convenio.

Nancy Flores