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El robo de combustible ha dejado de ser un negocio secundario para los cárteles del narcotráfico. Con unas 11 mil 200 tomas clandestinas en 17 mil kilómetros de ductos, han incorporado en este negocio ilícito a la delincuencia común y a comunidades enteras sumidas en la pobreza.

El robo de combustible adquiere una nueva faceta entre la población en situación de pobreza: reacción hostil de las comunidades rurales en contra de las fuerzas de seguridad, participación en labores operativas y logísticas de los cárteles y formación de escudos humanos para proteger a una industria delictiva que desborda cualquier acción de gobierno por la complicidad de autoridades de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El respaldo con que cuentan grupos de la delincuencia común por parte de las poblaciones rurales de varios estados del país en el robo de combustible, el riesgo de las inversiones millonarias de empresas extranjeras, extorsión a empleados de las refinerías y  robos en alta mar mantiene los focos rojos en el equipo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Así, la actividad de las organizaciones criminales, subidas de precios del combustible, malas prácticas en las gasolineras y la pobreza que heredó Peña Nieto, contribuyen a generar un caldo de cultivo donde el robo de combustible se convierte en la actividad perfecta, al grado de consolidar alianzas entre grupos criminales y habitantes de poblaciones rurales.

La consultora Etellekt, experta en cuestiones de robo de combustible en México, estima que el cártel de Los Zetas domina el 38.88 por ciento del mercado de esta actividad ilícita, mientras que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuenta con una cuota del 21.39 por ciento, y el de Sinaloa, que relegó el robo de combustible a un segundo plano, desde su feudo ha sido responsable del 13 por ciento. El resto se lo reparten otros cárteles y bandas de delincuentes independientes.

De acuerdo con un documento elaborado por José Ignacio Montero Vieira, experto en asuntos mexicanos en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, el radio de acción de Los Zetas es muy amplio. Con datos de Etellekt, asienta que sus actividades en relación con el robo de combustible se extienden por Tabasco, Campeche, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Nuevo León. “Es tal la importancia que esta organización le da al robo de combustible que ha establecido una extensa y compleja red criminal dedicada a esta actividad y a eludir la acción de la justicia”.

El potencial de desarrollo del CJNG ha venido  acaparando el control del robo de combustibles, no solo en Jalisco, sino también en Puebla, Tlaxcala y Veracruz, donde tiene presencia. El Cártel del Golfo, por su parte, opera con menor presencia en Tamaulipas y Nuevo León en el robo de combustible como una actividad de bajo riesgo y gran rentabilidad. El cártel de los Caballeros Templarios, se limita al estado de Guanajuato, con un número de extracciones muy elevadas; y los cárteles del Mileno y La Resistencia centran sus operaciones de esta actividad ilícita en Jalisco.

Se calcula que el 95 por ciento de las tomas clandestinas detectadas en el país en los últimos años son controladas por los grandes cárteles, mientras que el 5 por ciento restante pertenecerían a bandas criminales comunes. A pesar de que estos porcentajes no ayudan a distinguir en cuales están presentes los huachicoleros o no, dan una idea de hasta qué punto al crimen organizado le interesa esta actividad.

Las bandas organizadas dedicadas casi en exclusiva al robo de combustible tienen presencia en todos los estados del país, aunque sus acciones son bastante más limitadas, puesto que no cuentan con la capacidad para operar que tienen los principales cárteles, explica José Antonio Montero Vieira en su análisis Expansión del robo de combustible en México: de actividad delictiva a fenómeno criminal, publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

Advierte que entre la delincuencia común tienen un papel protagónico los huachicoleros, “un colectivo con un notable respaldo popular, han ido perfeccionando y ampliando su modus operandi, incluyendo en él la extorsión a empleados de las refinerías, robos en alta mar y a trenes de carga”.

El Triángulo Rojo

El robo de combustible tiene un fuerte arraigo territorial en estados como Guanajuato y Michoacán, pero sobre todo en el estado de Puebla, en el cual existe una zona llamada Triángulo Rojo compuesta por los municipios de Acajete, Acatzingo, Quecholac, Tepeaca y Palmar de Bravo, entre otros, explica el catedrático.

“La clave del Triángulo Rojo es que uno de los oleoductos más importantes del país, denominado Minatitlán-México, conecta los yacimientos del Golfo de México con el interior del país, atraviesa dicha región convulsionada por saqueos y violencia”, indica.

“A ello se une la existencia de la Autopista Puebla-Córdoba o Ciudad de México-Veracruz, una de las principales autopistas del centro-sur del país, muy utilizada por las fuerzas militares para trasladar tropas y equipamiento.

“Y la guinda del pastel es que alrededor del 80 por ciento de la población que vive en los municipios del Triángulo Rojo vive en situación de pobreza”, subraya el analista.

“En la zona existe un caldo de cultivo muy inestable, donde se unen la pobreza,  corrupción, crimen organizado y la inacción gubernamental”, apunta el catedrático. Sin embargo, precisa que si bien el fenómeno no es reciente, sí lo son los elevados niveles de violencia que se registran en la zona, siendo el año 2014 el punto de inflexión.

La situación comenzó a salirse de control cuando los cárteles, concretamente Los Zetas y el CJNG, entraron en el negocio del robo de combustible, acota Montero Vieira.

Al igual que ocurre con el narcotráfico, dice, el crimen organizado también se disputa el territorio con el objetivo de dominar el robo de combustible en la zona. Los Zetas comenzaron hace 3 años a propagar la idea en las comunidades rurales de Puebla de que el petróleo pertenecía al pueblo.

“Progresivamente, añade, parte de la sociedad civil del Triángulo Rojo comenzó a formar parte del robo de combustible, o bien, participando directamente en las acciones operativas y logísticas o bien encubriendo los delitos y obstaculizando el trabajo de las autoridades.

“Dicha integración ha llegado hasta tal punto que ya se puede hablar de una huachicultura, en la cual el robo de combustible se ha normalizado, existen canciones corridos que narran las acciones llevadas a cabo, se reza al Santo Niño Huachicolero y los más pequeños crecen con el sueño de ser ellos los que en el futuro lideren esas bandas de huachicoleros”, arguye el especialista.

La situación actual en el estado de Puebla es la de una cruenta disputa entre el cártel de los Zetas, liderado por Roberto de los Santos de Jesús, el Bukanas, y el CJNG, que encabeza Antonio Martínez Fuentes, el Toñín, cada uno aliado con una serie de bandas de huachicoleros.

Además, explica que estos mantienen fuertes enfrentamientos con efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los cuales están desplegados en la zona con el objetivo de desarticular a los grupos que protagonizan el robo de combustible y detener a sus líderes.

Durante los últimos años se han producido algunos episodios que revelan el enorme grado de violencia que se ha alcanzado en la zona. A comienzos de marzo de 2017, tres agentes de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto del Estado de Puebla fueron secuestrados y asesinados días después, apareciendo sus cadáveres en el vecino estado de Veracruz.

Las investigaciones finalizaron con la detención de alrededor de 87 personas, entre los que se incluían alcaldes y policías. Apenas 2 meses después, soldados de la Sedena fueron víctimas de dos emboscadas en el poblado de Palmarito, municipio de Quecholac, al atender llamadas falsas, que se saldaron con la muerte de cuatro militares.

En estos y otros casos se destaca un denominador común “muy llamativo”: la reacción hostil de las comunidades rurales en contra de las fuerzas de seguridad. En algunas ocasiones, después de que produjeran enfrentamientos o detenciones, los pobladores han bloqueado carreteras como medida de presión.

Además han participado como escudos humanos en los operativos y enfrentamientos contra las fuerzas de seguridad, sabedores de que el Ejército no abriría fuego habiendo civiles de por medio. Esto da una idea de hasta qué punto el huachicoleo es la forma de vida de parte de la población del Triángulo Rojo, enfatiza Montero Vieira.

Pero no sólo el narcotráfico tiene un fuerte componente territorial, sino también el robo de combustible a lo largo de 17 mil kilómetros de oleoductos y gasoductos de Pemex, gran parte de infraestructura energética que atraviesa los estados más conflictivos del país, añade Montero Viaeira, graduado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad Complutense de Madrid, España.

Desde las 2 mil 613 tomas ilegales detectadas en 2006, año del punto de quiebre en el cual comienza la denominada “guerra contra el narcotráfico”, pasando por las 10 mil 363 tomas que se contabilizaron en 2017, hasta la cifra record de 11 mil 197 tomas clandestinas en lo que va de 2018, cifra 46 por ciento mayor respecto al mismo periodo del año pasado.

El crecimiento exponencial obedece a la tendencia de los grandes cárteles de diversificar sus fuentes de ingresos, y a la estrategia del gobierno de combate directo a los cárteles, que ha generado un proceso de atomización en dichas organizaciones, traduciéndose en fragmentación y aparición de nuevos grupos criminales de menor tamaño y capacidad operativa, dice el catedrático del IEEE.

Por esta razón –puntualiza Montero Vieira–, el robo de combustible se ha convertido en actividad ilícita favorita de la delincuencia organizada y común, dado que no requiere de una gran capacidad económica ni logística y arroja unos resultados más que notables en la obtención de ganancias.

Pérdidas millonarias

Sin embargo, lo cierto es que el robo de combustible está haciendo mella en Petróleos Mexicanos, llegando a generar pérdidas que rondan más de 35 mil millones de pesos anuales, según declaró a los medios de comunicación el director de la empresa productiva del Estado, Carlos Alberto Treviño.

“Pemex cerrará el año con pérdidas de más 35 mil millones de pesos por el aumento en las tomas clandestinas y el robo de hidrocarburos, 16.6 por ciento más con respecto de los 30 mil millones de pesos de 2017. Tan sólo entre enero y septiembre de este año fueron detectadas 11 mil 197 tomas clandestinas, cifra 46 por ciento mayor respecto al mismo periodo del año pasado”, señaló el funcionario.

Destacó que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se acumularon más de 40 mil perforaciones ilegales, el mayor número de ataques a la red de ductos en la historia, principalmente en los estados Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz y el Estado de México.

“Puebla obtuvo el mayor índice delictivo en este año, con mil 636 tomas, lo que representó un aumento de casi 79.4 por ciento en un año, seguida por Hidalgo, que se mantuvo como la segunda entidad con más tomas clandestinas, al sumar mil 486, cifra que representó un aumento de 103 por ciento en comparación con las 731 del mismo periodo de 2017”, puntualiza Treviño.

Afirma que en este sexenio, las tomas clandestinas tuvieron un incremento de 262 por ciento, por el robo del combustible y asegura que el tema ha sido tratado con el equipo de transición, por lo que se espera que se mantengan los trabajos para erradicar este delito.

Estrategia fallida

Como consecuencia de la estrategia fallida de los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto de combate a los grupos criminales, éstos perdieron capacidad financiera y operativa, además de sufrir escisiones, por lo que unos por necesidad y otros por ampliar sus fuentes de ingresos, pusieron sus ojos en el robo de combustible.

El crecimiento que experimenta esta actividad ilícita no se puede comprender atendiendo únicamente al deseo o necesidad de los grupos criminales, sino también a un factor que estos están tratando de aprovechar como las continuas subidas que está experimentando el precio de las gasolinas.

Cabe recordar las protestas en todo el país en enero de 2017, durante el “Gasolinazo”, derivaron en conflictos, saqueos, represión policiaca y dos muertos. “El descontento social no sólo se debe a las subidas continuas de precios del combustible, sino también a la corrupción que existe en un número notable de gasolineras de todo el país”, asegura el analista del IEEE, dependiente del Ministerio de Defensa de España.

Anota que uno de los problemas más extendidos es lo que se conoce como “litros incompletos”, es decir un fraude que se realiza con cada venta y que consiste en cobrarle a los consumidores finales de gasolina más cantidad del combustible que la que en efecto se le entregó. Este robo se traduce en aproximadamente 58 litros al año por consumidor. Otra práctica es el cobro de los distintos combustibles por encima del precio oficial.

El número de gasolineras implicadas en estas prácticas, sólo en la Ciudad de México, se estima que representan 1 de cada 3 establecimientos. A ello se debe añadir que México cuenta, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2016, con 56 millones de personas en situación de pobreza y otros 9 millones en pobreza extrema.

La tendencia seguida es muy grave, en especial si se atiende a las estimaciones de Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), la cual afirma que el crimen organizado podría estar controlando más del 50 por ciento del mercado nacional de combustibles.

Robo de combustible 2.0: franquicias y modus operandi

La consultora Etellekt, experta en cuestiones de robo de combustible en México, estima que otros cárteles participan del robo de combustible en alianza con las bandas de huachicoleros. Estados como Puebla o Guanajuato, estratégicos en cuanto a infraestructura petrolera, son objeto de deseo por parte de los varios cárteles, lo cual, indica, les lleva a establecer alianzas con las comunidades locales.

“Precisamente de esta forma es como se generan las ‘franquicias’ del robo de combustible cuyo primer comienza cuando un poblador inicia el desarrollo de actividades menores, como vigilar a las fuerzas de seguridad para evitar detenciones o que la sustracción de combustible termine en fracaso.”

Con el paso del tiempo esas personas adquieren una mayor relevancia en el cártel de turno y se implican directamente en labores operativas y logísticas. En este punto es cuando deciden formar su propia banda para robar combustible, pero a pesar de dicha independencia deben respetar y guardar lealtad al jefe del cártel en la zona. Una de las normas de fidelidad es la de comprar parte del combustible al jefe al precio que marca en cada momento.

Por ejemplo puede ser a 2 o 3 pesos el litro, y el “franquiciado” puede venderlo a 7 pesos. Otra de esas reglas que deben cumplir los que se inician en este tema es mantenerse fieles al cártel en el que comenzaron, ya que de lo contrario corren el riesgo de ser asesinados ellos o sus seres queridos.

Respecto al modus operandi, destaca que con el paso del tiempo se han ido realizando algunas modificaciones, no tanto en el apartado técnico sino en el metodológico, explica Montero Vieira.

En otras palabras, dice, “las perforaciones en los ductos, la extracción del combustible y la comercialización se siguen haciendo de la misma manera, pero se han incorporado algunas novedades en cuanto a la obtención de información y nuevas modalidades de robo”.

Se trata de la presión que las organizaciones criminales ejercen sobre los trabajadores de las refinerías, a los cuales extorsionan en busca de información para ganar precisión y margen de éxito en las sustracciones, se traducen en homicidios contra el personal de las refinerías y pérdidas millonarias para Pemex.

El robo de combustible se practicaba exclusivamente en tierra, pero desde 2017, Pemex registra robos de materiales y equipos en sus plataformas petrolíferas en alta mar, en el Golfo de México, donde suelen llegar en embarcaciones pequeñas, entre tres y diez personas, a robar cables, bombas y equipos.

Del huachicoleo al robo de trenes

Recientemente que bandas de huachicoleros tienden hacia otras actividades ilícitas, como es el robo de trenes de carga, como consecuencia del envío de unos 3 mil militares al Triángulo Rojo, con la misión de custodiar el oleoducto Minatitlán-México. La región limítrofe entre los estados de Puebla y de Veracruz es la que concentra un mayor número de casos de saqueos y descarrilamiento de ferrocarriles, aunque también han ocurrido en Jalisco, Guanajuato y Sonora.

Uno de los municipios más afectados es el de Orizaba, Veracruz, el cual ha visto cómo se incrementaban en un 476 por ciento los casos de robo a trenes de carga. Aunque el municipio vecino de Acultzingo se lleva el podio, ya que en el año 2017 registró 521 delitos contra trenes de carga.

Si bien no se tiene una estadística sobre el valor de lo sustraído, Grupo México asegura haber perdido en siete descarrilamientos entre abril y mayo de 2018, alrededor de 312 millones de pesos. El modus operandi es sencillo. Suelen bloquear las vías colocando vehículos, piedras o ramas, obligando a los trenes a detenerse.

En ese momento los asaltantes proceden a saquear los trenes que son de su interés, siendo marcados desde el momento en que el tren inicia el trayecto. En ocasiones, los huachicoleros recurren al descarrilamiento, aunque por lo general este método es usado no tanto para saquear, como para advertir a las compañías que deben pagar el precio de la extorsión.

Riesgo para inversiones extranjeras

El gobierno federal aprobó en 2013 una reforma energética por la cual empresas extranjeras pueden hacer negocios en el país en el sector de los hidrocarburos. Significa la posibilidad de explotar pozos petrolíferos e instalar gasolineras, entre otras opciones.

En el Sexto Informe de Gobierno de Peña Nieto, se estiman inversiones que rondarían los 191 mil millones de dólares, lo cual se traduciría en la creación de unos 900 mil empleos.

Para que se cumplan o no estas previsiones en el gobierno de López Obrador, es imprescindible que los inversores tengan seguridad jurídica y estabilidad política, ya que las continuas acciones del crimen organizado y bandas de huachicoleros en relación al robo de combustible transmiten a las potenciales empresas inversoras la sensación de inseguridad, que puede derivar en una reducción de las inversiones.

El aspecto más preocupante es el gran apoyo y seguimiento popular que tiene esta actividad en regiones como el Triángulo Rojo, donde las condiciones socioeconómicas empujan a la población a adoptar como modo de vida el robo de combustible, por lo que el problema que supone está lejos de acabarse.


José Réyez

[INVESTIGACIÓN][SEGURIDAD][SEMANA][D]

 

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