Construir el Tren Maya parece una decisión tomada. Lo que decidan los pueblos indígenas no importará. ¿Esto también es la Cuarta Transformación? No hubo un debate previo sobre el proyecto y sus implicaciones. La Consulta a Pueblos Originarios debería implicar todo un proceso de diálogo intercultural que permita lograr acuerdos y consensos para ejercer el derecho a la libre autodeterminación

En los últimos días, entre los resquicios que dejan las noticias relacionadas con los éxodos de migrantes centroamericanos y su tránsito hacia la frontera con Estados Unidos, se repiten dos palabras que habrán de resonar con mayor fuerza y por más tiempo en nuestra región sur-sureste: Tren Maya. El presidente electo y su equipo de transición, tras el respaldo popular logrado para su proyecto alternativo al Nuevo Aeropuerto Internacional de México que se desarrollaba en Texcoco, plantean la realización de una nueva Consulta Nacional. El proyecto estrella, de los tres de infraestructura a consultar (votar o someter a referendo), es el Tren Maya; en los términos utilizados en los escasos documentos oficiales al respecto, se le considera “el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible” del sexenio venidero (página oficial www.tren-maya.mx).

La Consulta Nacional prevista para el 24 y 25 de noviembre, pretende dar legitimidad en tiempo record y con evidentes lagunas metodológicas y legales, a un megaproyecto que tiene altas posibilidades de impactos significativos en los territorios, pueblos y culturas que habitan en la región del sur-sureste mexicano, cuya configuración étnica es de las más complejas, diversas y representativas de México. Sin embargo, la premura con que se plantea vuelve a evidenciar carencias (¿inocentes o planificadas?) que incitan a reflexionar no sólo sobre el contexto coyuntural, sino también sobre las estructuras en que se asienta, y sus impactos sobre los múltiples procesos de migración transnacional, nacional e inter-municipal que nos atraviesan y caracterizan. Entendemos que un proyecto tan ambicioso y con tan profundas implicaciones, debería venir precedido de un amplio debate, que en la práctica, cuenta con poco tiempo, y hasta el momento con muy escasa información.

El proyecto en sí, pese a la retórica con que se presenta, no parece desligarse con claridad de viejas lógicas y de procedimientos antagónicos a la idea de la “Cuarta Transformación” con la que el nuevo gabinete obtuvo el apoyo ciudadano mayoritario. La designación anticipada de rutas, paradas y presupuestos parece indicar que preexiste una especie de acuerdo tácito de que la obra se llevará a cabo, sin considerar la posibilidad de su modificación –en el peor de los casos, su rechazo– derivado de un proceso de diálogos interculturales previos, informados, libres y de buena fe. Presentamos algunas cuestiones y reflexiones preliminares, tanto en lo inmediato como en una visión más a largo plazo, que deberían abonar a un debate previo sobre el proyecto y sus implicaciones.

¿Viejas lógicas con nuevos ropajes?

La presentación y construcción sistemática e histórica de la región sur-sureste como “subdesarrollada”, invisibiliza la existencia y pervivencia de distintas nociones de desarrollo que poco tienen que ver con la capitalista y neoextractivista. Esta lógica da continuidad a la constante construcción de los pueblos originarios como objetos de políticas, más que como sujetos de derechos, negando su voz o en el mejor de los casos invisibilizando sus alternativas. En un mensaje suscrito el 16 de septiembre de 2018, diversas organizaciones indígenas de la región han solicitado apoyo para confeccionar un “Plan Regional del Buen Vivir Maya”; no obstante, se ha dado mayor relevancia a las opiniones de los sectores turísticos de la región, para quienes “no es necesaria tanta consulta cuando hay seguridad en lo que se hace” (Rafael García González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, La Jornada, 14 de noviembre de 2018). Los diálogos para la construcción del Tren Maya se han reducido, de nuevo, a las cúpulas gubernamentales (gobernadores estatales) y académicas (rectores, excluyendo a profesores-investigadores especialistas) de la región.

En el ámbito de la voz ciudadana existe sólo un pequeño espacio para los pueblos originarios; se arguye que los indígenas no serán los únicos interpelados, sino “todos” y por eso la consulta debe ser ciudadana. Una lógica razonable, aunque la deuda histórica permanece. En un artículo reciente, escrito por el brillante politólogo Gibrán Ramírez Reyes intitulado “El país político y el país nacional” (El Sur de Acapulco, 14 de noviembre de 2018) realiza una distinción real. No obstante, con el discurso de la ciudadanía amparada bajo la idea de nación, se relega y minimiza la subalternidad histórica de los pueblos originarios, negándoles un espacio significativo en ambos países, el político y el nacional.

La colonialidad, entendida como la prevalencia de la razón de determinadas visiones (y por ende, la falta de legitimidad de sus alternativas), aún permea en el fondo de los discursos de los intelectuales de izquierda y mayormente en el de los comentócratas de derecha. En el debate público se prefiere hablar de derechos humanos de las minorías “modernas” y “posmodernas”, pero no de los derechos humanos de los indígenas, menos aún de los derechos colectivos de los pueblos originarios. Tal vez, a los medios periodísticos e intelectuales les parezca una discusión trasnochada; lo cierto es que en la realidad vivida de millones de personas continúa la discriminación racial por origen o aspecto. En definitiva, no existen únicamente dos países, sino (al menos) tres.

El problema de la subalternidad de los pueblos originarios podría materializarse al enfrentar las decisiones de unos y otros, en caso de discrepancia. ¿Se continuará hablando en el debate público de los derechos ciudadanos desvinculándolo de los pueblos originarios?

¿Una Bestia no tan Bestia?

Los trenes en nuestro país son paradigmáticos en cuanto a los procesos migratorios históricos y contemporáneos que se originan y/o transitan por nuestro país. Basta recordar cómo en los últimos años han sido el medio de transporte por antonomasia de los movimientos migratorios tanto nacionales como regionales hacia el norte: la infame Bestia, que ha transportado a nuestros braceros y a las poblaciones indocumentadas de los países vecinos del sur. Recordemos el rol de los trenes como espacios de atracción de migrantes que se dedicaron a su construcción, y de expulsión de las comunidades donde residían, viéndose alterados sus territorios y sus dinámicas de movilidad y sustento tradicional.

Sin necesidad de remontarnos a los históricos procesos de movilidad forzada originados tras la herida del descubrimiento de América (o el encubrimiento, en el término acuñado por Enrique Dussel, de quienes ya la habitaban), desde la década de 1950 hasta la actualidad es fácilmente documentable el continuo desangramiento poblacional de la región sur-sureste que ha provocado que miles de personas pertenecientes a los pueblos nahua, huasteco, otomí, popoluca, mixteco y mazahua hayan sido expulsados por la falta de oportunidades en sus territorios de origen y atraídos por las que ofrecían las explotaciones agrícolas o por las maquiladoras exportadoras del Bajío o el Norte del país.

Estas migraciones, lejos de redundar en una mejora de sus condiciones de vida, orillan hacia condiciones de (aún más) extrema vulnerabilidad, en espacios periurbanos más precarios, socavando tanto sus derechos humanos como los económicos, sociales y culturales. El caso del desarrollo turístico de Quintana Roo ha demostrado la constitución de “ciudades gemelas” en los espacios urbanos, una más cuidada y otra abandonada, como consecuencia de las migraciones interestatales y municipales.

El proyecto del Tren Maya destaca, entre sus previsibles resultados, el hecho de que las comunidades del sur-sureste encontrarán beneficios y alternativas para no migrar de sus territorios, pero nuevamente esta previsión no ha sido debidamente debatida con las comunidades residentes, menos aún en el previsto de que, al mismo tiempo, funcionará como medio de contención de los crecientes flujos de migración centroamericana en tránsito.

El proyecto tiene, por tanto, alcances profundos que no han sido considerados en cuanto a su repercusión en los movimientos migratorios actuales y futuros, y en ese sentido se vuelve también un ámbito de interés crítico para la consideración y análisis tanto de los éxodos migratorios actuales, como de sus repercusiones futuras. ¿Qué desplazamientos migratorios se esperan para un proyecto que contempla únicamente 15 estaciones en medio de miles de comunidades y poblaciones? ¿Los nuevos espacios urbanos tendrán sus propias “ciudades gemelas”?

¿Por qué dos consultas?

Las figuras de la Consulta Ciudadana y la Consulta a Pueblos Originarios son absolutamente distintas; hasta ahora, el debate público se ha centrado en la primera, simplificando los medios de fortalecimiento de la democracia participativa. La Consulta Ciudadana se restringe al modelo tradicional, el electoral, el cual trae consigo las limitantes conocidas. La segunda implica todo un proceso de diálogo intercultural, intercambio de información experta desde los académicos y de conocimiento experto local desde la misma población; reflexión y deliberación en la parte consultante y consultada; así como la característica central de esta figura de Consulta: el establecimiento de acuerdos y consensos para ejercer el derecho a la libre autodeterminación.

La ausencia de la Consulta a Pueblos Originarios (conocida como la Consulta Indígena) en el marco del proyecto del Tren Maya representaría la vulneración de los derechos consagrados, entre otros, en el Artículo Segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con respecto a la obligatoriedad del respeto a la autodeterminación de los pueblos originarios sobre los proyectos de desarrollo que impacten a sus territorios ancestrales. Gran parte de los señalamientos realizados arriba son cuestiones que una Consulta a Pueblos Originarios debería desenredar.

 

Ciertamente, el proyecto del Tren Maya contempla solucionar el desafío social mediante “un proceso de consulta libre e informado” (www.tren-maya.mx), omitiendo el carácter previo de la Consulta Indígena. En otro texto publicado en esta misma plataforma (“Tren Maya ¿qué país queremos?”, Contralínea, 31 de agosto de 2018) se destacó la importancia de esta característica. La nueva fecha anunciada de licitaciones, 16 de diciembre, aun deja dudas sobre el acatamiento del carácter previo.

¿Qué queda?

En este momento, más que certezas sobre el Tren Maya nos asaltan infinidad de dudas al respecto. No somos nosotros quienes debamos estar a favor o en contra del proyecto. Como académicos, y ante todo como personas comprometidas con el respeto a los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos, pedimos que la consulta se apegue estrictamente a los marcos normativos nacionales e internacionales actualmente vigentes.

Por otro lado, las tintas caldeadas de derecha e izquierda en la prensa, nos insta a aclarar por prudencia y honestidad que la sospecha al proyecto del Tren Maya no significa estar a favor de las voces pasionales detractoras del gobierno electo o de la idea de que el futuro hubiera sido mejor si algunos de los otros excandidatos hubiera alcanzado la silla presidencial. Indudablemente, les sobraba mundo y les faltaba México; ahora, los discursos que proclaman la preeminencia de una Consulta Ciudadana y lo tangencial de la Consulta a Pueblos Originarios nos dice que nos sobra mucho México y nos falta el “México Profundo” –por usar el término del eminente antropólogo, Guillermo Bonfil Batalla.

Buscamos ser una voz en el desierto que rompa el muro de silencio del país nacional para reconocer la deuda histórica del país colonizado, de esa civilización negada; si bien, el muro del país político parece derrumbarse, no alcemos más alto el muro nacional para negar al otro país invisibilizado.

Particularmente, solicitamos que ante este proyecto, como caso emblemático de los megaproyectos que impactan e impactarán en las personas, pueblos y culturas de México, sea el paradigma del giro que todas y todos esperamos de este nuevo gobierno. Este es, quizás, el momento histórico que se nos ha negado sistemáticamente para construir un país y una sociedad distinta. Ojalá podamos evitar caer de nuevo en los viejos errores del pasado.

Ezer R May May* y Sergio Prieto Díaz**

*Antropólogo social e historiador

**Politólogo y migratólogo

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