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La alternativa: juez o parte, viene como anillo al dedo, ya que ha sido una costumbre, no de ahora pero actualmente con más presencia, que los funcionarios, por sí mismos o casi siempre por encargo con sus plumíferos, obtengan de los editores espacios como opinadores en sus artículos y columnas, para defender sus cargos, sus tareas y hacer propaganda para sus partidos y gobiernos, asidos al derecho de las libertades de prensa. Los funcionarios deben estar en la mira de los reporteros y demás periodistas para alimentar la información y la crítica; sobre todo, a los actos y disposiciones de quienes ejercen un cargo público. Las páginas editoriales de los periódicos cuentan con más de un funcionario de cualquiera de los tres poderes, y hasta de organismos desconcentrados y descentralizados de las administraciones –sobre todo federal–, que justifican sus acciones o las de sus jefes inmediatos y mediatos, que no va conforme a la división del trabajo de zapatero a tus zapatos.

Se debe acabar con esa costumbre que data, pues, de hace mucho tiempo, como nos cuenta Humberto Musacchio López, en su libro Historia crítica del periodismo mexicano, en cuya materia es un acreditado investigador, como lo prueban sus libros ya publicados. Y es que le ha dado a los panistas, priístas y perredistas –sobre todo– por pedir espacios periodísticos, o les son ofrecidos por los editores (tal vez con la finalidad de obtener favores, publicidad o dinero por debajo de la mesa; y no para sólo, ¡oh, Armando Manzanero!, acariciarles las rodillas). Y entonces esos funcionarios, como muchos que actualmente incursionan en el periodismo como jueces y parte, se dedican a defender sus desempeños o el de sus jefes o partidos.

Pero le hacen un flaco favor a la democracia representativa, ya de por sí bastante desacreditada; y, de paso, dedican parte de su tiempo de trabajo para dictar sus opiniones e incluso tienen entre sus empleados a un plumífero (decía Francisco Zarco), para redactarles sus colaboraciones en los diarios. Incursionan, pues, en son de “guerra” contra los profesionales de la prensa, ante todo; pero, a su vez, para atacar a otros comunicadores. No hacen uso del derecho de réplica ni de las Cartas del Lector ni de las entrevistas para aclarar, refutar con pruebas y/o fijar sus posturas ante la información sobre sus actuaciones como funcionarios.

Actualmente son varios los lopezobradoristas que tienen su espacio periodístico: los que son legisladores y designados para un cargo. Hay del PRD y del PRI. Ejercen, sí, su derecho a las libertades de expresión; pero, en su calidad de funcionarios, deberían abstenerse de esa doble función, ya que de por sí tienen muchos espacios a su disposición, como las constantes entrevistas, declaraciones e información que se difunde por todos los medios de comunicación.

No son estos los tiempos de cuando funcionarios y políticos –como nos hace saber Humberto Mussachio en el libro citado–, tenían que participar como soldados y periodistas, funcionarios y  políticos (José Antonio Aguilar Rivera, compilador: La Espada y la Pluma: libertad y liberalismo en México: 1821-2005, Fondo de Cultura Económica, 2011). Entonces era una necesidad, un deber democrático, para defender los intereses de los bandos republicanos y antirrepublicanos. Ahora los diferentes puntos de vista tienen espacios en la radio, televisión, internet y la prensa escrita, para exponer su pensamiento. Lo único que ya no es ni siquiera indispensable es que los funcionarios tomen la pluma, ocupando espacios de los que, profesionalmente, ejercen el periodismo; o quienes ya sin cargo quieren exponer sus puntos de vista para la discusión de las ideas.

Algunos políticos en el desempeño de sus actividades como funcionarios tienen a trasmano sus medios de difusión. Son editores, radiodifusores, accionistas de televisión, e incursionan en las redes para atacar, criticar o elogiar. Y no pocos funcionarios son “periodistas”, estando en un cargo que debería ser impedimento para ejercer esas dos caras, como el dios romano Jano. Así que esos Janos-funcionarios con dos caras y sus ojos mirando al presente, están prestos a dar sus opiniones partidistas en el desempeño de sus funciones administrativas, legislativas y judiciales, para competir periodísticamente.

Ahora que se anuncia reducir la publicidad oficial y repartirla selectivamente, no deben otorgar más dinero a los medios de comunicación que tienen a un funcionario en su nómina; o aun sin recibir salario esté escribiendo para defender a cubierto de dizque análisis, lo que haga el presidencialismo que está por arribar con fuerza hegemónica y todos los funcionarios –como los astros– alineándose para, indebidamente fortalecer lo que ganaron en las urnas, pero que necesita contrapesos en el periodismo sin funcionarios escribiendo como apoyos a ellos mismos y su grupo.

Así que es necesario que los funcionarios no penetren en los medios de comunicación, para que haya más contrapesos para la crítica, información veraz enraizada en los hechos, entrevistas y lo que genere el periodismo de investigación para sacar a luz pública lo que oculte el ejercicio como funcionario, de quienes tengan un cargo en los gobiernos municipales, estatales y federal, con el resto de las instituciones del sector público. Las libertades como derechos del liberalismo político, exigen simplemente: zapatero a tus zapatos. Así de claro y sencillo. Como acaba de afirmar John Ridding, en el Financial Times: “los lectores quieren fuentes confiables, hechos y que los periódicos estén escritos únicamente por periodistas”. (El País, 4 de octubre de 2018).

Álvaro Cepeda Neri

[OPINIÓN][DEFENSOR DEL PERIODISTA]