Autor:

En los próximos 4 sexenios, el erario mexicano pagará al menos 1 billón 665 mil 18 millones de pesos por el rescate bancario –que data de 1995–, a razón de 1 billón 243 mil 265.7 millones por cuotas y 421 mil 754.7 millones de pesos por recursos fiscales que el gobierno transferirá al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Ese monto se suma a los miles de millones de pesos que de por sí ya fueron sustraídos del erario en estos 23 años para favorecer a ese sector y supuestamente evitar su quiebra, pero que en realidad han servido para enriquecer a una élite económica y, a últimas fechas, a trasnacionales bancarias.

Tan sólo en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador –quien se ha propuesto ser austero–, al rescate bancario se le destinarán 31 mil 968.8 millones de pesos, porque es un gasto comprometido.

Para 2020, el monto ascenderá a 33 mil 151.3 millones, y en 2021 –cuando López Obrador someterá su gobierno a un plebiscito de revocación de mandato– el rescate de la banca absorberá otros 41 mil 943.7 millones de pesos públicos, revela el Informe especial: infraestructura financiada con ingresos futuros, de la Auditoría Superior de la Federación.

No obstante, las cosas podrían ser mucho peor, refiere el análisis, pues existe el riesgo de que la deuda aumente a 2 billones 564 mil 472.3 millones de pesos al cierre de 2042.

¿Indignante? Sí, y mucho, porque en vez de beneficiar a las usureras instituciones bancarias, ese dinero público debería emplearse en los temas urgentes de la agenda nacional, como la salud universal y la educación. Pues según el dicho del próximo mandatario: primero son los pobres.

A todas luces, el rescate bancario choca con el esquema de austeridad republicana propuesto por López Obrador, y por ello lo mínimo que puede hacer el político tabasqueño es demostrarnos que el mercado no manda más en este país; llamar a cuentas a los responsables de ese desfalco a la nación, incluidos banqueros y servidores públicos que no han pagado por sus crímenes económicos. Y, sobre todo, frenar los abusos de las instituciones bancarias.

Para nadie es un secreto que los bancos practican la usura con aval gubernamental: cobran intereses sobre intereses en todos sus esquemas de créditos, gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalizó, en 1994, este asalto conocido como anatocismo.

Y aunque la palabra usura no les guste a los señores del dinero, según la Real Academia de la Lengua Española significa “interés excesivo en un préstamo”, y “ganancia, fruto, utilidad o aumento que se saca de algo, especialmente cuando es excesivo”. Ambas acepciones describen a la perfección el comportamiento de esas instituciones y sus dueños y directivos, pues además de las altas tasas de interés, cobran comisiones hasta por pagos de nómina.

Queda claro que, por años, las instituciones públicas han estado sometidas a los intereses privados y al gran capital. Sólo así se explica el poder que han amasado los bancos, en su mayoría extranjeros.

Dicho poder ha llegado a tal punto que el pasado 8 de noviembre, tiraron la Bolsa Mexicana de Valores sólo para presionar al futuro gobierno de López Obrador, y así evitar que se eliminen algunas de esas comisiones, como lo propuso Movimiento Regeneración Nacional en el Senado.

El propio Mario Di Costanzo, actual titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, señaló que la banca sobrerreaccionó a la iniciativa de ley que presentó el senador Ricardo Monreal para eliminar algunos de esos pagos a los que obligan a cuentahabientes y clientes.

El multimillonario rescate

El gasto por más de 1.6 billones de pesos en el rescate –a todas luces injusto para un país tan empobrecido como el nuestro–­ es uno de los tres más relevantes importes comprometidos a futuro. Los otros dos son la deuda del gobierno federal y las pensiones.

De acuerdo con la Auditoría Superior, las cuotas y recursos fiscales que recibirá el IPAB en los próximos 25 años, servirán para mantener la estrategia del rescate, consistente en: “refinanciar los vencimientos del principal de la

deuda; pagar una porción de los intereses con recursos fiscales y los ingresos provenientes de las tres cuartas partes de las cuotas cubiertas por los bancos, y liquidar el diferencial de los intereses, con deuda adicional producto de nuevas emisiones de Bonos de Protección al Ahorro.

El Informe especial agrega que “el saldo inicial de la deuda del IPAB a 2018 fue de 889 mil 790.1 millones de pesos, que de acuerdo con la estrategia de pago actual, al considerar sólo el pago de intereses, el saldo de la deuda podría aumentar a 2 billones 564 mil 472.3 millones de pesos al cierre del año 2042”.

Además, indica, “los ingresos comprometidos estimados al final del periodo podrían ser del orden de los 24 billones 540 mil 239 millones de pesos, y el mayor impacto lo tendrían la deuda del gobierno federal con 51 por ciento respecto del total, las pensiones con 37.6 por ciento, el IPAB con un 6.8 por ciento y, por último, los esquemas financieros con 4.6 por ciento”.

La Auditoría Superior alerta que las mayores presiones de gasto se podrían presentar en 2030 y en el periodo de 2046 a 2048, por lo que es factible que se reduzca el margen de acción del gobierno federal y de las entidades federativas para atender otras necesidades, lo que se agravaría por los compromisos de pago del rubro de pensiones y de la deuda del IPAB, con la probabilidad de un mayor gasto en salud a cargo del gobierno federal.

 “Las obligaciones de pago futuras de los esquemas financieros, por 1 billón 126 mil 812.6 millones de pesos, podrían reducir los márgenes de acción del gobierno federal, así como de las entidades federativas, para atender otras necesidades de gasto; este riesgo puede incrementarse si se adicionan también los compromisos de pago del IPAB (1 billón 665 mil 18.4 millones de pesos), en materia de pensiones (9 billones 215 mil 330.1 millones), así como la propia deuda pública (12 billones 533 mil 77.9 millones), lo que necesariamente incidirá en mayores presiones sobre las finanzas públicas.”

El Informe indica que, “de acuerdo con las estimaciones proporcionadas por las distintas dependencias y entidades, así como las realizadas por la ASF, el Estado mexicano tendría que hacer frente a una carga financiera promedio anual de 240 mil millones de pesos, a valores corrientes, durante los próximos 100 años”. ¿Alguien quiere defender a la banca?

Nancy Flores

[AGENDA DE LA CORRUPCIÓN]