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Las imágenes de miles de hondureños, hombres y mujeres, cruzando ríos y puentes con sus hijos en brazos como parte de la interminable caravana del hambre de los países centroamericanos agobiados por la marginación, en busca del sueño americano, ya dieron la vuelta al mundo revelando la existencia de Estados fallidos que han aplicado ciegamente las políticas neoliberales ordenadas desde Washington, generadoras de millones de pobres que no tienen más opción que huir de la incontenible violencia y la falta de oportunidades.

El gobierno de Honduras, encabezado por el reeleccionista Juan Orlando Hernández, ha terminado por detonar una crisis social acumulada en las últimas décadas por un modelo económico que ha puesto los recursos naturales y humanos de aquel país en manos de los intereses de las trasnacionales y de una oligarquía local. Ésta apenas representa el 5 por ciento de una población de 8 millones de habitantes, de los cuales, el 70 por ciento vive en situación de pobreza –y un 45 por ciento, en el umbral de la miseria– sobre todo en las zonas rurales y en las comunidades indígenas. Éstas últimas que han mantenido desde hace más de 1 década una lucha permanente en contra de megaproyectos mineros y de energía de empresas extranjeras, que a través de concesiones oficiales pretenden despojarlos de sus ríos y ancestrales territorios.

Y son estas inversiones derivadas de la imposición de una economía extractiva y de la reconcentración de la tierra en manos del gran capital nacional y trasnacional –que monopolizan la producción del campo a favor de las empresas cañeras, bananeras y palmeras–, las que tienen a 4 millones de campesinos subsistiendo con apenas 2 dólares diarios y por lo menos a 2 millones de hondureños en la indigencia total.

De acuerdo con los últimos reportes del Banco Mundial, su población “enfrenta los niveles más altos de desigualdad económica de Latinoamérica”; además, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estima que la nación centroamericana padece un incontrolable nivel de crimen y violencia, pues “sigue teniendo una de las tasas más altas en el mundo: 43.6 asesinatos por cada 100 mil habitantes”.

El Banco Mundial ha destacado la importancia de mejorar la calidad de la educación y diversificar las fuentes de ingresos rurales, pero en contrasentido, el Proyecto de Presupuesto General de la República para 2019 establece aumentos a rubros como “seguridad y defensa” y disminuciones a otros como “salud y educación”. De hecho, médicos de hospitales públicos han alertado que se disminuirán las cirugías por la falta de insumos básicos para realizarlas.

De los 7 mil migrantes que viajan con rumbo a Estados Unidos, 3 mil son mujeres y niñas, víctimas de delitos tales como la prostitución y la trata de personas, operados por bandas delictivas como la Mara Salvatrucha. Tan sólo en lo que va del año han muerto unas 270 hondureñas a manos de sus parejas o por agresiones y violaciones de pandillas.

Como en el saqueo y despojo a las comunidades indígenas, ante esto el gobierno de Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional buscan deslindarse, como lo han hecho sin resultados, respecto al fraude electoral y jurídico que permitió reelegirse en la ilegalidad a Hernández, librándolo, al menos por el momento, de responder por su presunta complicidad en la muerte de Berta Cáceres, la dirigente del pueblo lenca –la etnia más numerosa de Honduras, compuesta por más de 300 mil personas– asesinada en marzo de 2016, en el interior de su domicilio en La Esperanza, Intibucá.

Buena parte del generalizado conflicto social hondureño estalló luego de que, en la elecciones presidenciales del 26 de noviembre de 2017, Juan Orlando Hernández consumara la violación constitucional de reelegirse cuando la Carta Magna de Honduras lo prohíbe. Expresamente en su artículo 239 dice: “el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o vicepresidente de la República”.

Tal irregularidad jurídica fue avalada por un fallo de la Corte Suprema, que en 2015 acató dócilmente la orden del mandatario para permitir su registro como candidato y su reelección. Además, el Tribunal Supremo Electoral retrasó por días la entrega de los cómputos finales, negándose a un recuento. Por 10 días, millones de hondureños vivieron bajo un toque de queda, por lo que no dudaron de calificar la reelección de Hernández, hasta 2022, como un abierto golpe de Estado. De forma por demás sospechosa, el gobierno de Donald Trump nada dijo sobre este atentado a la democracia, a sabiendas de que Hernández ha sido uno de los más fervientes promotores de los proyectos de las trasnacionales, sobre todo las estadunidenses.

Es indudable que a Washington le conviene tener presidentes hondureños a modo, no únicamente para la protección de los intereses de las empresas estadunidenses sino como un punto militar estratégico a mitad del continente. Estados Unidos siguen utilizando los espacios marítimo, terrestre y aéreo del empobrecido país para la operación de sus bases castrenses de Palmerola y Trujillo.

Analistas estiman que la reelección de Hernández tuvo el visto bueno del gobierno estadunidense que, de paso, ha ignorado las acusaciones que pesan sobre el reelecto presidente en sus nexos con el narcotráfico, como también de asesinatos en contra de activistas sociales y defensores de la ecología, como Berta Cáceres, ganadora en 2015 del Premio Medioambiental Goldman –el máximo reconocimiento a nivel mundial para los guardianes de la ecología– por haber detenido un proyecto hidroeléctrico en el Río Gualcarque, sagrado para comunidades indígenas como los lencas, y en el que participaban la empresa hondureña Desarrollos Energéticos, SA (DESA), y la china Synohidro, con apoyo de la Corporación Financiera Internacional, una de las instituciones globales del Banco Mundial.

La osadía de haber detenido un proyecto de tales magnitudes le costó la vida a la activista indígena lo mismo que a unos 80 más que han caído en los últimos 3 años en la región del Bajo Aguán. Hace unos meses, y acosado por la presión internacional, el gobierno del reelecto Hernández dio a conocer la detención de algunos funcionarios de DESA, pero para la prensa hondureña se trata de simples chivos expiatorios, útiles para fabricar una cortina de humo que impida llegar no sólo a los autores materiales sino a quienes desde el poder cuidaron que, en su momento, los autores materiales no fueron detenidos y menos investigados.

Pero México no ha estado exento de los abusos de poder y violaciones a los derechos humanos que tienen a millones de hondureños en la encrucijada de huir de su país o resignarse a morir a manos de una desatada violencia o por hambre.

El recuento de abusos y represiones es extenso, desde el movimiento estudiantil de 1968, hasta las represiones ocurridas en los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el gobierno que está por concluir. Ahí están las masacres de Acteal, Aguas Blancas y Pasta de Conchos, y ahora la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por citar algunos casos.

Deben citarse, además, abusos de poder como el cierre de Luz y Fuerza del Centro y el despido de 44 mil electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas, el 11 de octubre de 2009, por un decreto de extinción expedido de manera ilegítima por Calderón. Éste sumó a sus fechorías el cierre de Mexicana de Aviación, así como más de 100 mil muertos por su guerra contra el narcotráfico, 30 mil desparecidos y un número no cuantificado de desplazados.

Como ocurre en Honduras, también en México la Suprema Corte acató las órdenes del Ejecutivo para fallar en contra del SME; de igual forma, diputados y senadores de pasadas legislaturas fueron comparsas del presidente en turno y de ahí la importancia de que los pueblos latinoamericanos nos solidaricemos y tomemos conciencia de que todos somos víctimas de las políticas neoliberales que se diseñan para empobrecer a millones de hermanos centroamericanos, desde Washington.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

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